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VALENCIA. Decíamos ayer que José Manuel Vela, entonces flamante nuevo conseller de Hacienda a su pesar, se enfrentaba a la titánica tarea de poner orden a las cuentas de la Generalitat Valenciana. 'Vela contra el mundo' titulé la última Taula de canvis antes de abrir el paréntesis veraniego. Era el 11 de julio. Lo que desde entonces a hoy ha ocurrido es tan grave, tan desalentador, que repasando lo que escribí entonces (o incluso un par de semanas antes, 'Estamos genial, pero ¡salgamos de la crisis'), se me antoja sobrepasado por la realidad.

Me resulta complicado condensar en esta columna los acontecimientos que se desencadenaron a partir del día 20 de julio y que no han hecho si no dibujar el peor de los escenarios posibles para la Comunitat Valenciana. Con la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la crisis institucional en la que está instalado el Gobierno valenciano desde el estallido del caso Gürtel alcanzó su punto álgido. Y cuando aún estábamos sobreponiéndonos, llegó la intervención de la Caja del Mediterráneo (CAM) por el Banco de España, de la que les contaré un par de cosas al final.

El dramático final del mes de julio dio paso a un arranque de agosto en el que el nuevo presidente, Alberto Fabra, ofreció su mejor talante frente a la a menudo soberbia de Camps. Asumió la realidad y la gravedad de la crisis económica -la parte que aquí analizamos- y anunció medidas firmes para tratar de superarla. Como explicaba ayer Anselm Bodoque en su análisis para ValenciaPlaza.com ahora de lo que se trata es de que esos propósitos comiencen a cumplirse.

'Esperando a Alberto Fabra' desgrana las incertidumbres que en estos momentos genera el discurso del presidente. Y no se trata de poner en duda la voluntad del nuevo inquilino del Palau de la Generalitat, a quien el valor se le supone. La pregunta que ahora se plantea va más allá: ¿es posible reconducir la situación de las cuentas públicas?

La última semana, y llegamos aquí al quid de la cuestión, se hizo pública la liquidación del presupuesto del año pasado. A los ya conocidos 2.000 millones de déficit y facturas impagadas en el último ejercicio (3.000 si se añaden las guardadas en los cajones de años anteriores) se sumaron decenas de datos de lo más preocupantes y que se resumen en uno: la imposibilidad real de la Generalitat de afrontar sus gastos, con consellerías con una tasa de impagados de más del 60%, por mucho que la media lo deje en un 13%.

Y sin tiempo a reponernos de unas cuentas que demuestran que el año pasado solo cobraron en tiempo y forma los bancos y los trabajadores públicos (este ejercicio la situación ha empeorado, baste recordar los retrasos en el pago de nóminas o los problemas para refinanciar deuda), llegó el Compte General, una auténtica autopsia de todo el entramado de empresas y fundaciones dependientes de la Generalitat.

Y ahí la situación se vuelve insostenible. Las empresas públicas, en las que se centrifugó la deuda en una maniobra de ingeniería contable de la que algunos pesumieron, acumulan deudas por 5.000 millones de euros. Y lo que es peor, la capacidad para afrontarlas se ha ido al traste al quebrarse el círculo -vicioso- por el que la Generalitat inyectaba millones de euros para cubrir sus desfases contables y los vencimientos de los créditos. Pérdidas multimillonarias en Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), RTVV, Ciegsa, Sociedad Proyectos Temáticos...

Si la Generalitat Valenciana y sus sociedades dependientes fueran empresas privadas no cabe duda de que estarían, en el mejor de los casos, al borde de la suspensión de pagos. Algunas empresas, como SPT incurren en el supuesto legal de disolución pese a las repetidas ampliaciones de capital.

Es cierto que el Consell no ha dejado de atender a los bancos, principales acreedores, pero no los únicos. Que en el ejercicio pasado no se pagaran más de 700 millones de euros en facturas de proveedores deja un rosario de afectados que podrían instar el concurso de acreedores. Si no ocurre es porque contra la administración pública las empresas tienen más reparos en pedir el amparo judicial para cobrar sus deudas que cuando les falta el pago una empresa privada.

Pese a ello, la Generalitat Valenciana trabaja ahora en unas condiciones muy similares a las de un concurso de acreedores. Prepara un plan de pagos a sus deudores, una reestructuración de sus empresas, una reducción de sus gastos abandonando líneas de negocio fallidas, la venta de activos para hacer caja... Todo un convenio de acreedores del que Fabra es el administrador concursal.

Valga recordar, siguiendo con el símil, que cuando una empresa entra en concurso los administradores concursales -nombrados por un juez- repasan ya no solo la viabilidad futura, si no también la actividad de la compañía en los últimos dos años, periodo en el que se pueden revocar decisiones del consejo de administración si se considera que se tomaron en contra de los intereses de la masa acreedora.

A Fabra habrá que verlo ante esa disyuntiva. De no tomar las medidas que corresponda -¿cómo es posible que los mismos días en que el Consell aprobó la liquidación que demuestra a los ojos de todos la gravedad de la situación Camps negociase con Bernie Ecclestone la ampliación del contrato del Gran Premio de Fórmula 1?, ¿cómo se entiende que se haya abandonado voluntariamente el ingreso de centenares de millones de euros en impuestos?- la Generalitat estaría incurriendo en una responsabilidad mayor. Cuando un acreedor denuncia a su deudor y demuestra que la demandada conocía su incapacidad para atender sus facturas y, pese a ello, seguía endeudándose, el juez puede declarar un concurso de acreedores obligatorio, frente al voluntario. Los dueños de la empresa y sus gestores son apartados de la dirección y se abren causas contra ellos. Entre abogados, economistas y jueces se habla de estas situaciones como de un 'concurso culpable'.

CAIXA DE GROS

Sirvan los últimos párrafos de este quizá demasiado largo estreno tras el verano para enlazar directamente con el otro gran drama de la economía valenciana: la intervención de Caja del Mediterráneo (CAM) por parte del Banco de España. Como de nada sirve decir que se veía venir, pese a que en la entidad con sede en Alicante se empeñaran en negar la realidad, centrémonos en lo que está por llegar, algo muy parecido a ese concurso obligatorio del que les hablaba.

En unos 15 días -con 20 de retraso sobre lo que marca la legislación- se harán públicos los resultados de la caja en el primer semestre de este año. Unas cuentas en las que se incluirán ya los avances de los administradores del FROB en su trabajo de aflorar la realidad de la entidad. Los augurios son muy negativos. Y el futuro de los que dirigieron la caja van en paralelo. El tamaño del agujero -que superará con creces los 2.800 millones que pidió CAM al Tesoro público- deberá correr correlativo a la responsabilidad que habrá que pedirles al consejo de administración que presidía Modesto Crespo (pese a que algunos consejeros traten de escurrir el bulto) y al equipo directivo tanto de Roberto López Abad como de María Dolores Amorós. Que esta última haya sido suspendida de empleo y que Crespo tenga prohibida la entrada a la sede de la caja apunta ya los caminos que piensa recorrer el Banco de España.

Un organismo, por cierto, al que también habrá que pedir explicaciones por su ¿laxa? ¿insuficiente? ¿mala? labor de supervisión.

CAIXA DE MENUT

Un par de apuntes para acabar. El Valencia CF ha salido airoso de la denuncia que le interpuso la plataforma autodenominada Nou Valencia contra la ampliación de capital.

Pese a lo que los denunciantes fallidos dijeron, la sentencia del juzgado mercantil sí avala la ampliación, contra las pretensiones de los denunciantes. Unos demandantes que, leída bien la sentencia, no solo no representan a nadie o al menos son incapaces de acreditarlo ante el juez, si no que plantearon una demandad de nulidad sin base alguna.

El Valencia CF no es un ejemplo de buena gestión en los últimos años. Más bien al contrario. Motivos para poner en duda sus decisiones los hay para todos los gustos. Pero desde luego que una asociación desconocida formal y legalmente pretenda ser la voz de los accionistas minoritarios -y por tanto de los aficionados de base- no hace si no restar crédito a los que no están de acuerdo con la gestión de Manuel Llorente. Y deberían rechazarlo de plano.