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VALENCIA. Unas horas después de que el Banco de España publicara, el pasado viernes, que la Comunitat Valenciana superó en junio la barrera de los 40.000 millones de euros de deuda pública (el 39,6% del PIB regional) el Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba un objetivo de deuda para 2016 que es otra broma de las que le gusta gastar al Ministro de Hacienda.

Y eso que la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), a la que Cristóbal Montoro hace caso cuando le conviene, le había advertido de que fijar objetivos inalcanzables a las comunidades autónomas no solo produce frustración y conduce a la melancolía, sino que deja en mal lugar al propio ministro y a las autonomías que, hagan lo que hagan, incumplen. En realidad se lo dijo en términos más técnicos: "Establecer recurrentemente objetivos que ya se perciba ex-ante que no es factible cumplir afecta negativamente a la credibilidad de las reglas de disciplina fiscal". Pero el ministro, como quien oye llover.

Después del sprint final de deuda de Fabra y Moragues -2.500 millones más justo antes de las elecciones-, quedó una cifra casi redonda a 30 de junio -40.085 millones-, fácil de recordar como punto de partida de la legislatura de PSPV y Compromís. Como dice Vicente Boluda, "eso no se va a pagar en la vida", al menos no en la nuestra.

El agravio de la infrafinanciación ha unido a los valencianos por una causa común que no tiene nada que ver con sentimientos, banderas ni himnos, sino con el vil metal. Convencidos todos del maltrato económico del Gobierno, a pesar del alivio de los últimos parches, Ximo Puig y Mónica Oltra tratan de canalizar este sentimiento en forma de manifestación para que se enteren en 'Madrid' -manifestación figurada, es una forma de hablar, como aclaró la vicepresidenta-, con el nuevo Consell al frente. Es algo que ya consiguió Fabra y que desaprovechó claudicando cuando Rajoy le negó la reforma del sistema de financiación autonómica que el jefe del Consell había prometido a los valencianos.

La votación del miércoles en el Congreso para la toma en consideración de la reforma del Estatut, que blinda un mínimo de inversión estatal en la Comunitat -dicho sea de paso, no garantiza ninguna inversión, como ya dijo el Tribunal Constitucional-, es un buen inicio si finalmente el Grupo Popular vota a favor. Un buen inicio para que el llamado 'problema valenciano' tenga visibilidad en Madrid.

Aún así, no es fácil que a Rajoy le preocupe lo que ocurre en Valencia. Si no le ha ocupado nunca, menos le va a ocupar ahora, con la que le ha montado Artur Mas en Cataluña. Del resultado del 27-S dependen también las aspiraciones de los valencianos, que palidecen al lado de las de nuestros vecinos del norte.

¿Qué consecuencias tendrá el resultado de estas elecciones para la más importante revindicación que tenemos ahora mismo en la Comunitat? Malas en cualquier caso. Si ganan los independentistas, habrá lío y nos podemos olvidar de la reforma de la financiación autonómica unos cuantos años más. Una reforma que, no lo olvidemos, la mayoría de las comunidades no tienen prisa por abordar. Y si, como es previsible, el secesionismo sale derrotado, Rajoy se sentirá fuerte para rechazar no solo los soberanismos, sino cualquier reivindicación autonómica de esas que le molestan como las moscas. Sin ir más lejos, el 'problema valenciano'. ¿Problema qué?