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VALENCIA. Ni inyectándole 175 millones de euros en menos de un año Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana logra salir del supuesto de disolución en el que está inmersa tras cerrar el ejercicio de 2010. Esta es la cruda realidad que desvela el auditor de las cuentas del holding que agrupa las participaciones de la Generalitat Valenciana en Terra Mítica, Ciudad de la Luz y Aeropuerto de Castellón, emblemas de la política de grandes proyectos iniciada por Eduardo Zaplana y continuada de forma entusiasta por Francisco Camps.
La publicación de la liquidación del presupuesto de 2010 y la publicación del Compte General, con los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas y organismos dependientes de la Generalitat ha dejado al descubierto la delicada situación del sector público, con un fuerte endeudamiento, concentrado en la ya mencionada SPTCV, Ciegsa, Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA) y Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).
Las cifras de la deuda causan vértigo. SPTCV tiene un pasivo de 502,84 millones de euros, tras aumentar en un año un 6,2%. Ciegsa debe ya 2.248 millones, un 8,3% más que el ejercicio anterior, CACSA 748 millones, un 2,3% menos en este caso, mientras que RTVV roza los 1.300 millones de euros, tras aumentar en diez millones respecto al ejercicio precedente.
La piedra filosofal que en su día descubrió la Generalitat para financiar proyectos que requerían una fuerte inversión apalancada sin que eso afectara de forma dramática en su endeudamiento de cara al Banco de España consistía en apuntar los créditos a las sociedades que los desarrollaban. Es lo que se conoce como centrifugar la deuda.
Sin embargo, ese centrifugado entró desde hace años en un círculo vicioso: se incrementaba la deuda contraída por las empresas públicas para atender ya no solo las inversiones si no también el funcionamiento ordinario y, lo que ha sido la puntilla para el estallido de la burbuja, la refinanciación de los propios créditos cuando llegaba su vencimiento.
Este último aspecto es clave para comprender la situación en la que se encuentran las empresas públicas. Al no generar ingresos ni para cubrir sus necesidades mínimas (las pérdidas de todas ellas son multimillonarias), no pueden atender ni los intereses y mucho menos los vencimientos.
Mientras el mercado de deuda funcionaba, las empresas públicas de la Generalitat no dejaron de aumentar su apalancamiento de forma despreocupada. El aval que les suponía estar participadas por el Gobierno autonómico les permitía acudir a por más dinero sin demasiados problemas, ya que esta deuda se consideraba por las entidades financieras como soberana, y por tanto con altas garantías de devolución.
Este juego, ahora truncado, tenía consecuencias. La primera es el precio, Refinanciar préstamos o alargar el plazo de su devolución implica un incremento del coste de los intereses. Un ejemplo gráfico. Ciegsa, la empresa pública encargada de construir colegios ha ido acumulando deuda sin cesar desde el día de su puesta en marcha y nunca ha atendido ninguna amortización relevante, alcanzando los 2.248 millones ya mencionados, el mayor pasivo de todo el sector público valenciano. Con este ritmo, en solo un año, sus gastos financieros, es decir, los intereses que paga por sus préstamos, pasaron de 49,39 millones a 53,59 millones de euros.
La lectura de las cuentas de las principales empresas públicas provoca escalofríos. Ya no se trata solo de cuánto deben si no de cuándo tienen que pagarlo. Los cuadros de amortizaciones previstos dibujan un escenario muy complicado. Otro ejempo: la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana mantiene hasta 24 créditos vivos con más de una decena de bancos españoles y extranjeros (Bancaja, Banco de Valencia, CAM, Ruralcaja, Santander, BBVA, DGZ Dekabank, Helaba...) por cifras que van de los dos millones los menos hasta los 84,31 millones que habrá que devolver al Dexia Sabadell en 2038.
En total, de los 502,84 millones que debe SPTCV, 203,83 millones son a corto plazo, es decir, se tienen que devolver este 2011. El resto, 298, 93 millones, son a largo y se reparten entre esta década y después ya saltan al mencionado 2038. Atender la deuda a corto, dado que SPTCV no genera caja suficiente, la solución pasa por dos vías: o se refinancian o se consiguen refinanciar (algo ahora muy complicado y caro) o la Generalitat, como socio único, debe acudir al rescate.
Así se entiende que, entre los acreedores a corto plazo esté el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que lo que hace es prestar dinero a SPTCV para que pueda atender sus obligaciones. Paralelamente, la Generalitat debe cubrir con ampliaciones de capital los desequilibrios del balance que implican las pérdidas en las que incurre. Estas inyecciones, norma a final de cada ejercicio en todas las empresas públicas que pierden dinero, solían ser suficientes para reequilibrar el patrimonio. Pero ya no.
La capacidad de conseguir más deuda por parte de la Generalitat también se ha visto mermada. Sus transferencias de capital a empresas públicas están sometidas a los impagos que también padecen las empresas privadas que le prestan servicios. Con esa escasez de fondos, y aún desembolsando el total del capital aprobado en esas ampliaciones, el agujero que se ha formado en estas sociedades es de tal magnitud que ni aportando cientos de millones se pare la sangría.
El informe de Mazars, la auditora privada de SPTCV, es demoledor. Se niegan a dar una opinión sobre las cuentas. "La sociedad, a 31 de diciembre de 2010, está incursa en el supuesto de disolución por consecuencia de pérdidas que dejan reducido su patrimonio por debajo de la mitad del capital (...) Los administradores indican que la materialización de las dos ampliaciones de capital [en 2010, 84,2 millones y en 2011 otros 91 millones] permitirán reestrablecer el equilibrio financiero", explica la auditora.
Pero a continuación apuntilla: "Sin embargo, dada la situación patrimonial tras las mencionadas ampliaciones de capital la sociedad continará incursa en causa de disolución. En consecuencia, el desarrollo futuro de las operaciones de la sociedad (...) están sujetos al apoyo financiero de la Generalitat Valenciana". ¿Un pozo sin fondo?
Lo cierto es que las fuertes pérdidas recurrentes de estas sociedades, su endeudamiento sin límite, su incapacidad de generar ingresos, sus compromisos de pago futuros, las amortizaciones que irán venciendo son demasiados frentes para que la Generalitat, que malamente puede atender el día a día como se demuestra con los impagos a proveedores y los problemas para colocar más deuda, pueda mantener ese ritmo. La burbuja de esconder la deuda en las empresas públicas ha estallado. Y lo ha hecho en las manos del nuevo presidente de la Generalitat Alberto Fabra.
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