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VALENCIA. Técnicos de la Comisión Europea coinciden con fiscalistas españoles y los inspectores de Hacienda de nuestro país, que el requisito indispensable para combatir de verdad el fraude fiscal es un cambio radical en la actitud del Gobierno y una voluntad decidida de luchar contra el fraude fiscal, algo que hoy por hoy no existe en plenitud en España.
El asunto del fraude fiscal preocupa y mucho a la Comisión hasta el extremo de que la pasada semana los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se comprometían a acelerar el trabajo en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, aunque no podían adoptar ninguna medida concreta debido, especialmente, a la resistencia de Luxemburgo y Austria a abandonar el secreto bancario y aceptar el intercambio automático de información fiscal, si bien nada de eso impidió que tanto Merkel como Hollande salieran a la opinión pública cantando las bondades del acuerdo con un respectivo "importantes progresos" y un "la impunidad se ha acabado".
La alarma ha terminado por saltar en la Unión y no es para menos, ya que cerca de un billón de euros anuales se escapan al control del fisco comunitario y con ello se espera terminar poniendo fin al secreto bancario para personas, para fondos y para todo tipo de sociedades, que se aplicará en toda la UE y con países como Suiza antes de fin de año y con la puesta en marcha de la directiva para combatir la ingeniería contable de las empresas, que llegará también antes de 2014, aunque tras la cumbre de la semana pasada, solo se han cosechado buenas palabras y proclamas políticas.
En España, el fraude alcanza niveles de escándalo y de ello dan cuenta todos los informes y estudios razonablemente serios. Así, España se sitúa en un meritorio dÉcimo puesto en materia de defraudación fiscal al superar la economía sumergida en España el 22% del PIB, lo que supone una pérdida de ingresos a las arcas públicas que se estiman entre 75.000 y 82.000 millones de euros (6% del PIB en 2012).
Pero aunque en España el fraude es mayúsculo, como lo es también la corrupción -aquí todo lo hacemos a lo grande- en la Unión Europea, el fenómeno preocupa y mucho y más en época de recortes, evaluándose que con los impuestos que se defraudan en Europa se podría hacer frente al equivalente del 85% del gasto sanitario de todo el continente.
La Unión ha decidido hacer frente al problema del fraude en los conocidos paraísos fiscales del continente como Luxemburgo, Suiza o Austria, porque tiene razonablemente encauzada, en muchos casos, la lucha contra el fraude fiscal de carácter doméstico, algo que en España no ocurre y es ahí donde entra la actitud y la voluntad gubernamental para combatir esa lacra.
Para demostrarlo ahí están los datos y estos indican que Alemania dedica un 80% más de fondos a la lucha contra el fraude fiscal que España, frente al 68% de Francia y el 54% de Italia. Algo similar ocurre con la persecución de la economía sumergida a la que España dedica el 0,13% del PIB, frente al 0,39% de Francia, el 0,29% de Alemania o el 0,24% en Italia.
La tarea que tiene España por delante en esta materia es de dimensiones considerables y para que se vea coronada por el éxito no solo se requiere que el desconocido patrono de los inspectores de Hacienda ponga algo de su parte, sino que se refuerce la Agencia Tributaria hasta niveles similares a los de otros países de la zona euro y para ello los Inspectores de Hacienda del Estado han calculado que en España se deben incrementar los efectivos actuales en 600 inspectores, 3.000 técnicos, 1.000 agentes tributarios y 1.000 administrativos, con lo que se duplicaría la plantilla actual en la lucha contra el fraude. A la postre, la eficacia y la productividad, también en materia tributaria, es una cuestión de recursos.
No termina en la nómina de funcionarios las debilidades del sistema tributario español y así lo demuestran las reiteradas exigencias que al respecto se suceden en el transcurso de los diferentes gobiernos y que configuran una interminable lista de asuntos que con el paso de los años no acaba de cerrase y que reclama soluciones relacionadas con la gestión de la deuda tributaria pendiente; la recuperación de la deuda pendiente en los Tribunales Económico Administrativo; la prescripción de expedientes; la dificultad en obtener las pruebas después de haber sido avisados los contribuyentes; la escasa solidez en la persecución de fraude en materia de facturas falsas del régimen de módulos, de testaferros y personas interpuestas, de sociedades pantalla e instrumentales o de signos externos; adecuación del régimen sancionador y así hasta 16 medidas de las que solo una tiene que ver con la lucha contra la utilización de los paraísos fiscales.
Los expertos consideran que solo un plan ambicioso, amplio y caro puede garantizar que el fraude fiscal se convierta en algo residual en España a pesar de que las encuestas del CIS pongan de relieve que un 82% de los encuestados considere que en España hay mucho o bastante fraude fiscal, el mismo porcentaje que piensa que si la gente no engaña más es por miedo a una revisión.
Terminar con el fraude fiscal es, como se señalaba al comienzo, una cuestión de voluntad política y España lleva 35 años combatiendo el fraude fiscal desde que se aprobara en 1977 la primera reforma fiscal moderna.
Hoy no se ha avanzado sustancialmente en su solución y mientras los expertos siguen debatiendo sobre los diferentes tipos de fraude fiscal -el que cometen los contribuyentes que no quieren pagar a Hacienda, el de las empresas y otros ciudadanos que pagan menos y el fraude de supervivencia que realizan quienes no tienen para pagar- la realidad es que el fraude fiscal cada vez llega a más sectores y se producen casos tan escandalosos como el detectado en 2007, mejor año para las empresas españolas, en el que Hacienda recaudó un 40% menos en el impuesto de sociedades.
Leído el articulo de Carlos Díaz, cosa comentada en una tertulia de amigos, todos aprobamos lo que dice. Incluso mis amigos aportan datos que corroboran la verdad de lo que en el articulo se dice. Pero como mis amigos son zorros viejos, ademas de los datos que comentan, a continuación se hacen confidencias -en confianza, y se señalan los trucos empleados por quien quiere defraudar, resultando chocante el que uno de los los comentaristas de los fraudes sea experto en esas cuestiones, si bien al estar jubilado su practica ya no pasa por sus narices. Y queda claro, pues mis amigos zorros viejos lo afirman, que el primer defraudador en España es el propia gobernante, así sea alcalde, conseller, honorable, ministro, presidente del gobierno, o el propio rey, incluso muchos fiscales y jueces; pues cada cual en su parcela de responsabilidad cuando ve que alguien hace fraude -si ese es su amigo, o de su propia familia, mira para otro lado. Y no digamos la ciega que queda la mano derecha o izquierda, cuando la otra mano defrauda. Pero lo malo no es que se defraude; el fraude en España es la única cosa que prospera y se multiplica en porcentaje infinito; eso es lo malo. Y que se sepa nadie en España corta el fraude por su raíz. Todos los intentos, resultan ser señuelos de engaño a la masa. Pues hoy los españoles ya no somos ciudadanos, somos masa amorfa según la opinión del pensador Ortega. So. Andrés Castellano Martí
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