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MADRID. La dura y larga crisis, económica, primero, y financiera, después, de la que está saliendo España no sin grandes dificultades, ha dejado maltrechos muchos de los pilares sobre los que se asientan el modelo económico y desde el tejido productivo hasta el sistema financiero, pasando por el estado del bienestar, han sufrido un considerable resquebrajamiento que va a requerir años de reparación para que vuelvan a la cota alcanzada en 2008, si es que es posible recuperar ese nivel en el futuro.

De entre todos los sectores e instituciones que se han visto seriamente dañados, hay una -la sindical- que ha experimentado un deterioro especialmente reseñable, aunque su participación se hace más necesaria que nunca en la etapa de normalización que se supone ha iniciado la economía española.

Durante los años de crisis, los sindicatos han jugado un papel relevante y que requiere un reconocimiento público, ya que el silencio pactado y la inactividad sindical, han sido dos apreciables aliados en el largo proceso sufrido por la economía española, aunque ello ha tenido unas consecuencias especialmente negativas para este tipo de organizaciones.

Hoy, pasado lo peor del trance, la economía española necesita más que nunca recuperar las relaciones laborales como un elemento básico de de la recuperación, aunque analistas y observadores convienen en señalar que los dos sindicatos mayoritarios están en uno de los peores momentos de su historia como consecuencia del desprestigio generado por numerosos escándalos, casos de corrupción en los que se han visto envueltos y la aparición de fuerzas sindicales emergentes cercanas a nuevos partidos políticos como Podemos .

Así las cosas, el secretario general de UGT, Méndez, abandonará la dirección del sindicato socialista en 2016 tras más de 20 años al frente del mismo, mientras su homólogo de CC OO, Toxo, advierte que "si el sindicato no se reinventa, el viento de la historia se lo llevará por delante".

Y mientras unos y otros vuelven a encontrar su sitio, la acción sindical ha desaparecido de las grandes empresas españolas y de muchos sectores económicos y los trabajadores se tienen que enfrentar con una recuperación económica en la que la reforma laboral tiene mucho que ver.

A falta de cifras actuales, el hecho cierto es que la afiliación sindical en España alcanza en la actualidad una tasa inferior a la registrada hace una década (16%) y, aunque todos los países de la OCDE han experimentado un retroceso en la sindicalización, España es uno de los países en donde la caída es más pronunciada, si bien países como Polonia, Estonia o Francia presentan tasas de sindicalización inferiores a la española.

Hace un año, un grupo de personas vinculadas al PSOE y a UGT, encabezado por el exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, impulsó un manifiesto en defensa de la labor sindical en España en el momento de más baja popularidad de los sindicatos. En él, se ponía de manifiesto que "el progreso social no es posible ni comprensible sin los sindicatos", a la vez que se hacía un llamamiento en el reconocimiento del "papel crucial de los sindicatos en la conquista de los derechos sociales y laborales y su contribución en el desarrollo y consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho en España".

El manifiesto, cuyo uno de los objetivos residía en reclamar de los poderes públicos el sostenimiento legal, económico y social de las funciones que la Constitución y las leyes han encomendado a los sindicatos como instituciones imprescindibles para la defensa de los intereses sociales que les son propios, hacía un llamamiento para que la gestión de programas financiados con fondos públicos, que realizan, no solo las organizaciones sindicales y empresariales como tantas otras entidades, estuviera sujeta, sin excepción, al cumplimiento riguroso de la ley, a la máxima transparencia y a todos los controles públicos.

Los firmantes del documento exigían a "determinados grupos de interés conservadores desistir de su empeño de deslegitimación de las organizaciones sindicales, aprovechando casos concretos y reprobables que pretenden elevar a una categoría general que no responde, en absoluto, a la realidad".

El PP andaluz eleva hasta los 1.400 millones la cantidad "defraudada" en la presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la Junta de Andalucía. El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, cifró dicha partida en "933 millones de euros y 887 fraudes".

Por su parte, la Intervención General de la Junta de Andalucía ha elevado a 3.015 millones de euros las cantidades pendientes de justificar y que han sido objeto de requerimiento por parte de las intervenciones competentes, en relación a los programas vinculados a las subvenciones para los cursos de formación entre los años 2005 y 2013.

Según consta en la información remitida el 17 de marzo por la Intervención de la Junta de Andalucía a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hasta 2.260 millones de euros estarían vinculados a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el resto a las ocho delegaciones provinciales.