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VALENCIA. En el estudio las causas de la desigual prosperidad de las naciones se barajan cuatro parámetros: la geografía, la cultura, la ignorancia y las instituciones. Desde la geografía, se argumenta que son los países con climas templados somos estructuralmente menos productivos que nuestros vecinos del norte. Al igual que los primeros estudios atribuían los ciclos económicos al ciclo de las manchas solares, se olvidan de ya no tan singulares excepciones como Singapur, Taiwan, o Korea del Sur. ¿Será entonces la cultura? Algunos alemanes parecen resucitar la antigua tesis de Max Weber sobre la laboriosidad intrínseca de la cultura protestante, olvidándose de Francia o de Chile en contraposición a Perú o Bolivia.

Tampoco la ignorancia manifiesta de los cargos electos no distingue entre fronteras y brillantes economistas como Mas-Colell consiguen resultados igualmente mediocres a los del bachiller Montilla. ¿Cómo explicar que países con climas, culturas similares y con políticos más o menos ignorantes, tengan un desarrollo económico dispar? Los profesores Daron Acemoglu (MIT) y James Robinson (Harvard), que analizan el origen del poder, la propesperidad y la pobreza en su último libro "Why nations fail", nos dirían que la clave son las instituciones.

Dentro de un mismo país, con un contexto geográfico cultural y educacional similar, es difícil entender que distintas regiones tenga un desarrollo económico dispar sin el papel que juega el marco institucional dentro de cada autonomía. Las instituciones modulan las reglas de la economía regional y proporcionan incentivos que motivan o desmotivan a la gente para crear empresas. Más allá del clima, la posición estratégica del puerto de Valencia y la aptitud o inteligencia de los políticos de turno, es el funcionamiento de las instituciones valencianas lo que nos separa económicamente del resto.

Cuando alguien decide emprender un negocio, aparte de una dosis de valentía y suerte, suele venir bien un marco institucional estable, justo y claro. Entre las universidades aislándose, las cámaras mudándose, las asociaciones protestando, los sindicatos manifestándose, las empresas públicas extinguiéndose, la Administración trifásica y la justicia ralentizándose, no se proporcionan los incentivos suficientes para que fructifiquen proyectos empresariales en la misma medida que en Madrid o en el País Vasco.

Por ello, las consecuencias económicas del Sr. Fabra son distintas, pero no menos preocupantes que de las del Sr. Rajoy (a ver quién encentra las 7 diferencias entre el New York Times y ValenciaPlaza). Sin margen para la política económica, más allá del pataleo fiscal, el Sr. Fabra tan solo puede recurrir a la política institucional. Con la dificultad de que las medidas, para resultar efectivas, necesitan abarcar todo el entramado institucional.

Las empresas se enfrentan con toda realidad, no solo una parte de ella. Las decisiones circunscritas a los organismos con una dependencia funcional, como en la anunciada reordenación del sector público empresarial, tienen un efecto limitado en la competitividad de las empresas. En todo caso, la administración se ahorra gastos, que no es lo mismo que ganar competitividad.

Para transformar las actuales instituciones extractivas, que drenan recursos sin que se obtenga una clara ventaja comparativa, se necesita una política institucional inclusiva, que construya ventajas en todos los ámbitos institucionales. Las consecuencias de cambiar solo un poco para que nada cambie se plasmarán en la persistencia de un déficit más preocupante que el fiscal: la falta de incentivos para crear empresas locales y atraer a las foráneas.