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MADRID. El acuerdo político alcanzado por los ministros de Economía de la eurozona sobre las condiciones para ayudar a la banca española de hasta 100.000 millones de euros, y cuyo primer tramo de 30.000 millones se hará efectivo dentro de este mes de julio, ha sido motivo para que partidos políticos y medios de comunicación pusieran el énfasis y entraran a debatir sobre la pérdida de independencia del gobierno, hasta el punto de que un importante medio titulaba a toda plana o a toda pantalla que "España cede su soberanía financiera a Bruselas".

Es este, junto al que gira en torno a si España está o no intervenida o ha sido rescatada, uno de los grandes debates que se ha colado en la sociedad española a raíz de la fuerte crisis financiera y económica y de la ayuda procedente de la zona euro.

Analistas del BCE y de la Comisión Europea no terminan de interpretar esta polémica, ya que les resulta de todo punto lógico que los prestamistas de cien mil millones de euros pongan una serie de condiciones o contrapartidas a los prestatarios para asegurarse de la devolución del mismo y de su buena gestión. "Nadie en su sano juicio -dicen- puede pensar que se concede un crédito sin condiciones". Muy propio de los españoles y cuyo retrato lo hacia Draghi hace unos días: "Los españoles son muy orgullosos, son hidalgos, te miran a la cara con ojos desafiantes y dan taconazos de rabia si se les devuelve la misma mirada".

Como publicaba Emilio Ontiveros, analista y asesor de casi todas las fusiones de cajas habidas en España desde que comenzara la crisis, "desde el 9 de mayo de 2010 lo esencial de la política económica española no se formula en nuestro país. (...) Se trata, esencialmente, de imposiciones externas: contrapartidas a los apoyos financieros, ya comprometidos o potenciales, de la Unión Europea. Son exigencias no muy distintas de las contenidas en los programas de rescate hasta ahora conocidos".

Real o ficticio, interesado o no, el debate sobre la pérdida de soberanía del Reino de España levanta pasiones, olvidándose que desde que España ingresara en la entonces Comunidad Europea en 1986, este país ha ido cediendo soberanía en muchas áreas de gobierno, llegándose al extremo de que algún Ministerio como el de de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene trasferidas a Bruselas la casi totalidad de sus competencias en materia agraria, lo cual se ha hecho de forma ordenada y voluntaria. Y de todo ello, España se ha aprovechado.

Así las cosas, la política agrícola de la UE -oficialmente denominada Política Agrícola Común o PAC- es la biblia del sector agrario, de la producción alimentaria o de la existencia de comunidades rurales económicamente viables, a la vez que fija las políticas que permiten afrontar los retos medioambientales como el cambio climático, la gestión hidrológica, la bioenergía y la biodiversidad. De todo ello, los agricultores y ganaderos españoles están de vuelta y nunca o casi nunca, nadie se ha quejado de pérdida de soberanía.

Muchos observadores europeos entienden que es un debate ficticio con una cierta carga de cinismo, máxime cuando el fin último de la integración es precisamente eso, la unión con lo que ello supone de pérdida de soberanía de los Estados miembros en beneficio de la soberanía europea. Sin ir más lejos, el elemento básico que rige la Eurozona -la moneda- responde a la mayor cesión de soberanía que se pueda imaginar y que va acompañada por el Banco Central Europeo, al que todos los bancos centrales nacionales han cedido buena parte de su soberanía en materia de fijación de tipos y de política cambiaria.

En el mundo de la fiscalidad, uno de los más complejos y competencia de los gobiernos nacionales, la Unión Europea "se limita simplemente a vigilar las decisiones" adoptadas para garantizar que sean justas para el conjunto de los ciudadanos de la Unión, lo cual parece poco, pero otorga a los órganos de gobierno de la Comisión Europea una gran capacidad de influencia en los gobiernos de los estados miembros.

Desde que se aprobara la unión aduanera y se estableciera un sistema uniforme de tasación de las importaciones -uno de los primeros éxitos de la UE-, los países miembros no han hecho sino ceder soberanía, hasta el extremo de que en la actualidad es difícil encontrar un sector económico en el que la Unión no tenga una presencia activa, tras haber adquirido competencias de los Estados miembros.

Una ojeada a los documentos oficiales de la unión Europea permite constatar que los estados miembros han perdido soberanía en numerosas áreas de gobierno, ya que sus ejecutivos están obligados a desarrollar políticas emanadas de los estamentos comunitarios que deben ser transpuestas a las legislaciones nacionales.

Estos son algunos de los sectores en los que España ha perdido soberanía desde que es miembro de la Unión Europea: Aduanas, Clima, Medio ambiente, Seguridad alimentaria, Salud pública, Sector audiovisual y medios de comunicación, Tecnologías de la información, Transportes, Agricultura, Asuntos Marítimos y Pesca, Comercio exterior, Competencia, Consumidores, Energía, Justicia y Asuntos de Interior, Lucha contra el fraude, Ciudadanía de la UE, Derechos humanos, Mercado interior y Política exterior y de seguridad.

Post-it. Según tesis del catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada, Javier Roldán Barbero, "si bien formal y nominalmente la soberanía permanece inalterada, y la UE la respeta expresamente, es indudable que nuestro país se ve condicionado y determinado por el Derecho de la Unión, por lo que su autonomía decisoria se ve recortada, especialmente en el ámbito económico. Es, en efecto, en el plano económico donde la integración europea ha alcanzado avances más significativos. Sin embargo, esta soberanía limitada o compartida resulta querida y alentada por España, pues resulta saludable y hasta necesaria para hacer frente a los retos y funciones, tanto internos como externos, que tiene por delante el Estado.
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(*) Carlos Díaz Güell es editor de Tendencias del Dinero, publicación on line económico-financiera de circulación restringida.