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MADRID. El decreto Wert que supone la flexibilización de grados universitarios que permitirá a las universidades crear grados de tres años y másters de dos, ya está publicado en el BOE y pese a que viene a poner fin a un marco especialmente rígido hasta ahora vigente en la universidad española y haber sido negociado durante dos años con los rectores de las universidades españolas -según la número dos del Ministerio, Montserrat Gomendio-, la reacción de éstos ha sido de oposición cuasi frontal a la norma, demostrando por enésima vez, que el colectivo rector de la universidad española sufre del bien conocido miedo al cambio, a fracasar, a perder privilegios y a no seguir viviendo en zonas conocidas y por tanto más seguras; en definitiva, optan a que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.

Pese a que la reforma universitaria comprometida por el actual Gobierno se está desarrollando con una parquedad inaudita a pesar de que al comienzo de la legislatura se configuró una Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario formada por celebrities del mundo académico y empresarial cuyo documento final reposa en el cajón del ministro Wert, cada movimiento que se hace en el sentido de modernizar tímidamente la Universidad española, se enfrenta a una resistencia digna de mejor causa, lo que conduce a un compromiso más incumplido por Rajoy.

Aunque el decreto publicado en el BOE especifica que la reforma de grados no irá acompañado de una mayor financiación pública ni de un aumento de las becas, por lo que puede convertirse en un elemento segregador, el hecho cierto es que la universidad española no puede seguir manteniendo las estructuras de hace dos siglos y unos niveles de calidad ínfimos, pese a la dedicación y esfuerzo de una parte del colectivo docente que sobresale por su preparación y por la permanente actualización de sus conocimientos.

Nada de eso parece importar a los rectores universitarios y a reconocidos miembros de la comunidad universitaria, resistente a un cambio tan tardío como necesario y que debería suponer la mejora de la calidad, el fin de una dañina endogamia, la liberación de una insufrible burocracia o el fomento de una actividad investigadora que nos ponga en la órbita de los países más avanzados, aunque para ello el paso previo sea poner fin al alto nivel de corrupción que se ha adueñado de la Universidad española desde tiempo inmemorial y que ha hecho escribir al catedrático y escritor Félix de Azúa que la Universidad "es una de las instituciones más corruptas del conjunto institucional español. Por esta razón la enseñanza española es la que recoge la más baja calificación en todo el conjunto europeo, un suspenso que se sucede año tras año con gran regocijo de los partidos políticos".

Ese es el marco que requiere una reforma en profundidad y por eso suena bien la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuando instaba recientemente a Rajoy a alcanzar un pacto por la «estabilidad, equidad y excelencia del sistema educativo».

Tan sensata propuesta, sin embargo, se plantea como compleja y harto difícil de implementar en la medida en que la resistencia al cambio se mueve entre la autocomplacencia y la falta de autocritica y así es difícil evolucionar y conseguir que las universidades españolas se codeen con las mejores del mundo, algo que el índice Shanghái se encarga de recordarnos de forma periódica.

De poco vale que la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario recuerde en su informe final que la formación universitaria no facilita a los estudiantes españoles alcanzar un puesto de trabajo acorde con su título; que la actual burocracia de la universidad española no constituye un problema menor que pueda ignorarse: implica un enorme despilfarro de tiempo, medios y financiación, o que la primera condición para mejorar la calidad de la Universidad española es reconocer que es muy insuficiente.

Nada de eso es válido cuando impera el miedo a perder privilegios, el miedo a lo desconocido, el miedo a no dar una respuesta eficaz a las demandas de los nuevos tiempos o como diría Félix de Azúa en su celebrado artículo de El País, a poner fin a una clamorosa falta de competencia en la adjudicación de las plazas, en los tribunales de oposición, en los de tesis doctorales, "y lo que es más grave aún, la nuestra es una Universidad mineralizada, fosilizada, sin traslados, sin musculatura". En definitiva, una Universidad sin calidad.