Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• El 'problema valenciano' en medio de la contienda catalana
  
• Asante Sana!
• El silencio educativo

MADRID. A decir de la sabiduría popular, muchos empresarios sueñan con desarrollar su actividad en un mercado oligopolistico en donde la competencia no le obligue a forzar sus estructuras productivas en busca del mejor producto al mejor precio para el consumidor y el día a día se encarga de no desmentir el aforismo.

Recientemente, el regulador encargado de velar porque se respeten las reglas básicas de la competencia -la CNMC- destapaba el frasco de las esencias y hacia pública una resolución que dejaba con las vergüenzas al aire al conocido ya como "cártel de la basura", colectivo de empresas, muchas de ellos pertenecientes al selectivo Ibex 35 que, si no lo remedian los tribunales de Justicia, deberán hacer frente a una sanción de 98,2 millones de euros.

Las razones de tan abultados castigos, que afectan a un total de 39 empresas, son el haber estado operando secretamente en contra de los más elementales principios de la Ley, generando pactos colusorios y repartiéndose los contratos de sus clientes, principalmente los grandes ayuntamientos. En resumen, que no eran partidarias de la conocida como economía de mercado y por ello decidieron repartirse el mismo, hasta el extremo de que sus prácticas incluían la adopción de medidas correctoras para aquellas compañías novatas que se incorporaban a este tipo de contratación pública. Todo muy ejemplarizante.

La sanción supuestamente va a modificar los malos hábitos de las constructoras que han encontrado en la gestión de residuos y el saneamiento urbano un pilar fundamental de su negocio, una vez que el sector de la construcción y la obra pública entraron en parálisis total como consecuencia de la crisis de 2008.

De la noticia, propagada masivamente por los medios de comunicación, llama la atención dos cosas: que la CNMC tiene acreditados un total de 28 cárteles en España y que una de las empresas pilladas in fraganti es ACS, presidida por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a quien se le suele exigir, como presidente del club blanco, más fair play en tanto en cuanto el slogan se ha convertido en emblema de la FIFA.

Sin embargo, lejos de actuar con el juego limpio requerido, resulta que en la misma semana la primera compañía española del sector recibía la notificación del Juzgado de 1ª Instancia de Vinaroz por el cual se imputaba a 18 personas por el caso Castor, entre las que figuran los representantes del consejo de la compañía promotora, propiedad de ACS y Escal.

Los motivos de tan drástica medida judicial no es otra que la gigantesca chapuza llevada a cabo en el almacén de gas submarino frente a las costas de Castellón y que tuvo que ser paralizado tras desencadenar una serie de terremotos costeros como consecuencia de no haber realizado las pruebas necesarias para haber prevenido los resultados.

Pese a todo, a ACS le sobró tiempo para cobrar las indemnizaciones que según parece le correspondían por el trabajo mal hecho que una de sus empresas llevó a cabo y por el que, al menos, cuatro directivos de ACS se van a sentar en el banquillo.