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Rajoy sacará a concurso cuatro canales en HD y uno estándar, posiblemente antes del 25 de mayo, fecha de celebración de las elecciones municipales y autonómicas

MADRID. La adjudicación de los cinco nuevos canales de televisión se realizará mediante un concurso público y complementará el cierre en mayo de 2014 de nueve canales por sentencia del Tribunal Supremo tras haber sido adjudicados de manera ilegal (sin concurso) en 2011: Atresmedia (Nitro, Xplora, La sexta 3); Mediaset (La siete y Nueve); dos canales de Veo-Tv y 2 canales de Net Tv.

La nueva redistribución de los canales, en opinión de algunos analistas, tendría un principal beneficiado: Atresmedia, ya que fue el principal afectado tras la retirada de canales del pasado mayo, donde estos canales aglutinaban una audiencia total del 4,6% frente a un 1,7% de Mediaset.

Sin embargo, para los observadores políticos, el reparto de los nuevos canales debería ser algo más complicado, ya que tanto Atresmedia como Mediaset han mantenido posiciones hostiles al gobierno, no en vano tanto la Sexta como Cuatro son considerados artífices del auge de Podemos y prodigan sus críticas al gobierno de Rajoy y al partido que lo sustenta.

Un análisis político razonable llevaría a pensar que el Gobierno tiene una ocasión excepcional para "castigar" a los dos grupos mediáticos que tanto daño están haciendo tanto al PP como al PSOE, y no son pocas las voces en uno y otro partido que "claman venganza", algo que no parece estar en la agenda del Gobierno, dada la especial idiosincrasia del presidente del gobierno.

Aunque los beneficios que podría obtener el Gobierno con el nuevo concurso, en el caso que decidiera dar entrada a nuevos operadores, son más que evidentes, todo parece indicar que el ejecutivo prefiere mantener el actual status quo de oligopolio, pese a tener a su disposición todo un arsenal de medidas con las que "castigar" a quienes le están sistemáticamente moviendo la silla: José Manuel Lara y Silvio Berlusconi.

Pero definitivamente el mundo está al revés, los pájaros disparan a los cazadores y en lugar de adoptar medidas contra los poderosos grupos de comunicación, en justa correspondencia al papel que éstos juegan en la cotidiana arena política, el Gobierno ha decidido hacer un ejercicio de diplomacia vaticana y rendir visita al presidente de Planeta y de Atresmedia en su despacho de Barcelona a donde se desplazaron la vicepresidenta y el ministro de Industria, según afirma El Confidencial, con unos objetivos que, por el momento, resultan bastante vagos, aunque se confirma que trataron la distribución de los nuevos canales. Caso insólito e irrepetible y que demuestra la disposición del gobierno de la nación.

En cualquier caso, la visita gubernamental al empresario mediático demuestra que el mantenimiento del actual oligopolio está plagado de intereses creados y aunque le podría resultar beneficioso, el Gobierno de Rajoy no parece dispuesto a modificar el terreno de juego, algo que ya podría haber hecho, en el caso de que hubiera querido enseñar los dientes, simplemente devolviendo a TVE la posibilidad de captar publicidad, algo que se prohibió en beneficio de las dos cadenas privadas que hoy acaparan cerca del 90 por ciento de la tarta publicitaria de la televisión en España, pese a lo cual todos los españoles seguimos subvencionando a las televisiones públicas con cargo a los presupuestos.

La indefinición del Gobierno en esta materia, tan clamorosa como la que acompaña a la no designación oficial de candidatos a importantes circunscripciones para los comicios de mayo, llama poderosamente la atención de conspicuos observadores que aciertan a ver sólidos intereses tras la aparente inhibición gubernamental.

La abstención del Gobierno en este campo, sin embargo, no parece estar ligada exclusivamente a los intereses de Lara o Berlusconi, a quienes el gobierno no considera un fin en sí mismo. El asunto es más profundo y podría tener que ver con el mantenimiento del actual modelo de TDT, muy alejado de lo que se lleva en Europa, y cuyo funcionamiento es posible tras impedir que en España funcionen, por ejemplo, modelos alternativos como el satelital. El cortoplacismo sigue siendo un problema en la España política.

Este modelo, vigente en buena parte de la Unión Europea, tiene un coste con respecto al modelo terrestre impuesto en España, que viene a ser de diez a uno, es decir, diez veces más barato que el sistema español, aunque el estrafalario modelo hispano va a permitir a la empresa Abertis, especializada en concesiones públicas, ingresar en los próximos diez años más de mil millones de euros en concepto de cuotas por el servicio ofrecido.

La UE ha denunciado el estado de monopolio de esa concesión, aunque por el momento Gobierno y comunidades autónomas han hecho caso omiso a la sentencia comunitaria y, en su momento, un gobierno catalán presidido por Montilla ejerció fuertes presiones sobre algún otro gobierno autonómico interesado en implantar otra tecnología menos terrestre y más satelital, algo que consiguió.

En paralelo, la desidia con la que el Gobierno ha encarado la puesta en marcha del proceso conocido como dividendo digital (liberación de frecuencias de TV para que sean utilizadas por los operadores móviles) ha sido percibida por parte del sector como una intencionada maniobra para mantener las cosas como están. Pese a ser de sobra conocidos los avatares que suponen las nuevas adaptaciones en las antenas de las viviendas que comporta un elevado coste que el ejecutivo se ha apresurado a asumir, pese a las restricciones presupuestarias y a que había alternativas tecnológicas que evitarían éste y otros procesos que acarrearán nuevos trastornos técnicos y económicos venideros (ya se habla de un segundo dividendo digital en torno a 2018), el Gobierno ha optado por apostarlo todo a una TDT que está cada vez más constreñida en su propio espectro.

Desde un punto de vista evolutivo, la TDT también está herida de muerte. La pérdida de espacio y protagonismo dentro del espectro radioeléctrico implica también la imposibilidad de emitir en unos estándares que en Europa, EEUU o Japón se están ganando a pulso el calificativo de universales. La alta definición real (HD) -no el sucedáneo que nos han intentado vender desde algunos canales generalistas- requiere de unas capacidades tecnológicas que la TDT no está en disposición de ofrecer.

Cuando el mundo desarrollado entiende la HD como la forma normal de ver la televisión y ya se empieza a hablar de ultra alta definición como paso possterior a la alta definición, en España seguimos preguntándonos qué ocurrió con la prometida oferta de canales, interactividad, subtítulos, etc. de una TDT que antes de desaparecer se alzará como uno de los grandes fiascos evitables -y con amplias dosis de conspiración- de nuestra historia reciente.