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MADRID. Los enfermos de hepatitis C se encierran en los hospitales públicos reclamando que se les administre el nuevo fármaco Sovadi de laboratorios Gilead, reconocido por la comunidad científica internacional como el gran avance terapéutico para curar esta enfermedad, con tasas de eficiencia cercanas al 90%, aunque el Ministerio de Sanidad reduce ese porcentaje al 60%.

El problema, como se sabe, es el elevado coste del medicamento. No se han publicado cifras oficiales, pero hay un criterio casi unánime entre farmacólogos hospitalarios y hepatólogos, de que el precio pactado entre Sanidad y el laboratorio Gilead, que es quien lo produce, es de alrededor de 20.000 euros por tratamiento de 24 semanas. Con ese precio sobre la mesa, Sanidad ha dictado hace menos de un mes el preceptivo Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) sobre Sovaldi, el protocolo que regula las condiciones que deben tener los enfermos para recibir el tratamiento.

Y este IPT es considerado por la comunidad médica como extraordinariamente restrictivo. Sólo se autoriza la administración de Sovaldi a enfermos en lista de espera para trasplante hepático, pacientes recién trasplantados, enfermos cirróticos muy avanzados y aquellos para los que están contraindicados los tratamientos actuales.

La respuesta no ha tardado en aflorar y médicos y enfermos, salvando las excepciones de rigor, muestran su frustración. Los primeros porque tienen en sus manos un medicamento eficaz para una mayoría de enfermos de hepatitis C y que sólo pueden administrar a unos pocos. Los enfermos, sometidos en la mayoría de los casos a tratamientos penosos con graves secuelas secundarias o de eficacia muy relativa, porque tienen ante sí el final de todos sus males al que no todos pueden acceder. Y todo por una cuestión presupuestaria, de simple dinero, que puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para el recién llegado ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que tiene la papeleta de decir a los enfermos de hepatitis C que su posible curación queda para cuando la política presupuestaria lo permita.

Y hay expectación en todo el mundo sanitario ante la respuesta que vaya a dar ante el reto en toda regla que le han planteado los especialistas que atienden a los enfermos de hepatitis. La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que engloba a buena parte de los hepatólogos que ejercen en los hospitales públicos, rechaza el IPT para Sovaldi y reclama unos criterios menos restrictivos para su aplicación de acuerdo con las evidencias clínicas que existen sobre la eficiencia de este medicamento. Y aun más, la AEEH ha recomendado a los especialistas que desobedezcan a Sanidad y dejen en suspenso el actual protocolo de aplicación del medicamento.

Los Presupuestos Generales del Estado demuestran, una vez más, su inflexibilidad a la hora de adaptarse a la aparición de nuevas circunstancias, aunque en esta ocasión el mercado del voto también está en juego.