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MADRID. El descarado anuncio del presidente de la Diputación valenciana -comunidad que está casi en quiebra- de que se empezará a emitir La Dipu TV, un nuevo canal al que se dedicarán 3,2 millones de euros de dinero público y tendrá gestión privada, a los pocos meses del cierre de Canal 9 por haberse convertido en un agujero negro de gasto público, pone de manifiesto un peligro latente que el ex ministro Solbes dejó escrito, a modo de cínico testamento, en su auto hagiografía, Recuerdos: "Tuvimos mala suerte en coincidir con elecciones que es siempre mal momento para tomar decisiones".

Con dos comicios a la vista en 2015 y unos pronósticos electorales muy negativos para el partido en el gobierno, pese a los logros que se van consiguiendo en materia económica, España se apresta a vivir una larga campaña electoral que, como la sociología política demuestra, es una mala cosa para continuar con las medidas de ajuste que cierren el ciclo reformista liderado por el gobierno a instancias de la CE, el BCE, el FMI y el concierto de naciones que se angustiaron cuando descubrieron que España se dirigía directamente al abismo de la bancarrota.

No son buenos tiempos tampoco para ejercer un control del gasto con disciplina castrense como el que Montoro ha tratado de desarrollar hasta ahora y en este contexto, el gobierno español se enfrenta al peligro latente de que en 2015 no se cumpla el objetivo de déficit impuesto por Bruselas.

A mes y medio del cierre del año presupuestario, expertos y analistas apuntan a que las comunidades autónomas pueden poner en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit fijado para 2014. Primero fue la recién nacida Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la que lanzó la alarma sobre unos números rojos regionales superiores a lo comprometido y más tarde era la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) la que estimaba una desviación prevista de ocho décimas por encima del límite que Hacienda exige a las autonomías, lo que colocaría el déficit para el conjunto de éstas en el 1,8% del PIB.

Queda pendiente por evaluar el papel del Estado en materia de gasto y para ello solo hay que acercarse al abismo de la deuda pública para no ser especialmente optimista.

La tímida y ensalzada recuperación económica experimentada por España gracias al sacrificio de millones de ciudadanos que ha llevado a amplias capas de la población a situaciones límite, amenaza con verse afectada, al menos parcialmente, por una larga campaña electoral en la que los políticos son capaces de cualquier cosa con tal de no perder en las urnas sus posiciones de dominio.

Aunque el Ministerio de Hacienda sigue con celo marcial el desarrollo de las cuentas de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones con el objeto de que unos y otros cumplan con el principio de transparencia que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fijando nuevos plazos y requiriendo nuevos datos sobre gastos y deudas, el peligro de que en 2015 las desviaciones presupuestarias se disparen, es una realidad.

Así, para el departamento que dirige Montoro "la rendición de cuentas" y el "control de la gestión pública" son dos factores "determinantes" del principio de transparencia y por ello Hacienda ha endurecido el control sobre la situación financiera de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, introduciendo cambios como la incorporación de la obligación de suministrar información sobre el periodo medio de pago así como, en el caso de las administraciones locales, determinar el coste efectivo al que prestan sus servicios.

La situación no es una cuestión menor en tanto en cuanto el endeudamiento global de España se sitúa por encima del 400% del PIB y mientras que, tras años de crisis, el sector privado ha ido desapalancándose con fuerza, el sector público ha pasado a sobreendeudarse situándose en casi 600.000 millones de euros más que al comienzo de la crisis.

Todo ello no pasa desapercibido a la hora de fijar la prima de riesgo y que, mientras en España se sitúa en 130 puntos básicos, en Italia en 150 o en Grecia en 750, en Irlanda, Francia u Holanda la prima de riesgo está en 75, 35 y 14 pb, respectivamente.

La prima de riesgo, que se basa en el esfuerzo fiscal de España frente a Alemania, está lógicamente muy relacionada con el objetivo de déficit público comprometido por el gobierno ante Bruselas y que se estima en un -5,5% del PIB nominal este año, un -4,2% en 2015 y un -2,3% en 2016. En el caso de que el cumplimiento fuera absoluto, la prima de riesgo española finalizaría 2015 en torno a los 100 pb, situándose por debajo de este nivel de forma consolidada en 2016.