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VALENCIA. Tras el escándalo de las tarjetas B, un nuevo caso de corrupción política golpeaba con rudeza a la sociedad española la pasada semana, obligando a dirigentes políticos a avergonzarse públicamente y a pedir perdón a los ciudadanos por el deleznable suceso. En esta ocasión, la corrupción une a las ya de por si graves actuaciones ilegales el hecho de que se produjera durante una etapa de crisis severa que está afectando con inusitada fuerza a grandes capas de la sociedad española, calculándose en 250 millones de euros la cantidad esquilmada durante los dos últimos años. Con crisis o sin ella, la corrupción parece no tener freno.

La reacción popular, como suele ocurrir en estas cuestiones, se ha movido entre el sincero rechazo sin paliativos a la golfería imperante en ciertas esferas, y posiciones un tanto impostadas y farisaicas. No en vano, España ostenta un record en economía sumergida del que no cabe sentirse orgulloso y que alcanza el 20% del PIB. Esta economía sumergida penaliza la capacidad recaudatoria, dificulta la consolidación fiscal y hace más compleja la toma de decisiones de política económica.

Otro tanto podría decirse respecto al fraude fiscal en nuestro país que, con IVA o sin IVA, alcanza según algunas estimaciones el 8% del PIB.

Sin buscar equivalencias de ningún tipo entre la corrupción política con otras "irregularidades" que van contra la línea de flotación del bien común, habrá que convenir que la sociedad española, como el resto de las sociedades mediterráneas, está lejos de posicionarse a la cabeza de las sociedades más avanzadas en materia de responsabilidades frente al Estado moderno, posiblemente debido a que nuestro Estado es de todo menos moderno.

La Dinamarca como objetivo de Luis Garicano deberá todavía esperar, en tanto en cuanto ciertas prácticas denunciables sigan instaladas en amplias capas de la sociedad española. No parece inverosímil que muchos de los que se desgañitan gritando contra este tipo de prácticas conviven con pequeñas o grandes corruptelas, aunque siempre encontrarán argumentos para explicar esas desviaciones y salir con altanería de ese tipo de actuaciones.

Aunque Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados, una definición más amplia y genérica es aquella que contempla el ejecutar prácticas antisociales que tienen que ver con decisiones del individuo que buscan beneficios propios en detrimento del bien común.

De acuerdo con este último enunciado, prácticas corruptas se dan en casi todos los rincones de España, en mayor o menor medida, y son demasiados los ciudadanos involucrados en ellas. Así, podríamos incorporar en el apartado de corrupción prácticas como la economía sumergida, el dinero negro, el soborno, el cohecho, el nepotismo, el enchufismo, el favoritismo, el privilegio, el amiguismo, la prevaricación, el fraude en sus diferentes ámbitos o esferas, como el fiscal, la extorsión, el peculado, las astillas, la colusión, el tráfico de influencias, el abuso de poder, la falta de ética, los regalos y atenciones, las puertas giratorias, los pagos de facilitación, el cobro ilegal del desempleo y subsidios, el impago a la Seguridad Social, los viajes a periodistas o el hacer la vista gorda con los comportamientos ilícitos ajenos.

Aunque en ningún momento pueda sacarse la conclusión de que este país es un país corrupto, como tampoco puede afirmarse que todos los italianos forman parte de la camorra, lo cierto es que practicas de dudosa ética campan sus respetos por doquier con el beneplácito de muchos, siempre y cuando no les afecte a ellos.

Lo cierto es que ninguna empresa constructora, inmobiliaria o promotora española, puede presentarse como adalid de las buenas prácticas, ya que es posible que en algún momento de su existencia hayan tenido de "pasar por ventanilla" si han querido trabajar con la administración pública. Y ello es tan cierto como el hecho de que muy pocas empresas grandes, medianas o pequeñas no han necesitado de cierto pedigrí ideológico afín con la administración correspondiente para poder trabajar en su demarcación.

Hoy por hoy, las prácticas corruptas en muchas de sus derivadas están instaladas en España y están protagonizadas por casi todo aquel que puede ejercitarlas, sea cual sea el ámbito. En este sentido apunta el hecho de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) haya cifrado en 2.600 millones de euros el quebranto económico de las cajas nacionalizadas, como consecuencia de prácticas irregulares o corruptas realizadas en el sistema de concesiones de créditos o cancelación de préstamos con perjuicio para la entidad y, en algunos casos, beneficios para los gestores.

Sociólogos que han estudiado a fondo este tipo de prácticas en España consideran que éstas tienen que ver con la falta de transparencia y tienen muchas dudas respecto a las lagunas que se detectan en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 2013, cuya completa entrada en vigor no se producirá hasta diciembre de 2015.

Tampoco resulta cuestión menor la falta de educación cívica, la cada vez más clamorosa falta de valores éticos y la creciente presencia de los poderes públicos en la vida de los ciudadanos, elementos todos ellos a tener en cuenta en este tipo de comportamientos corruptos de la sociedad española.

En este escenario en el que se concentran todos -administraciones y ciudadanos- una ausencia llama poderosamente la atención: el País Vasco. En efecto, en un mar de denuncias de corrupción en España, el País Vasco se ha "convertido" en el oasis actual que sustituye a la Cataluña de los Pujol. Al menos así lo intentan vender políticos vascos como la euro parlamentaria Izaskun Bilbao al señalar que "por el momento, no hay ni un solo caso de corrupción del PNV demostrado ni denunciado" o el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, quién en un claro caso de omertà señalaba recientemente que tendría un "problema muy serio" si diera nombres de presuntos defraudadores, aunque hubiera admitido previamente que había recibido a personas "con fajos de billetes" que luego iban a parar "a paraísos fiscales".

En estas circunstancias, parece necesario que la sociedad española se enfrente a una profunda catarsis, mediante la cual libere emociones y acepte comportamientos ocultos como elementos básicos para iniciar un cambio que tendría sus repercusiones positivas en los comportamientos económicos o en las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos.