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MADRID. Cuando el exgobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, en declaraciones públicas afirmaba que la gestión llevada a cabo por ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) había sido "escandalosa" y que "la CAM es lo peor de lo peor", no solo cometía una imprudencia impropia del jefe de los supervisores, sino que se equivocaba de medio a medio al no incluir en su personal valoración, al menos, a Caja Madrid y a sus más altos dirigentes.

El escándalo de las tarjetas opacas o B de Caja Madrid, de las que dispusieron un total de 65 directivos y 21 consejeros, ha dejado al descubierto el escasísimo nivel de moralidad y ética de una numerosa lista de empresarios, ejecutivos, políticos y sindicalistas que la Justicia debe encargarse de ir ampliando con el tiempo, impidiendo así que este asunto se convierta, sin más, en un episodio de filtración controlada provocada por razones desconocidas por el momento y que tiene su inicio y final, hoy por hoy, en la desaparecida Caja Madrid.

Observadores cualificados coinciden en señalar que en momentos tan convulsos como los que vive España en la actualidad, todo lo que ocurre debe ser como parte de un proceso en donde casi nada es ajeno a cuestiones no preparadas, algo que se refleja en casos como el de Caja Madrid cuyo escándalo de las tarjetas B emerge después de más de dos años desde que UPyD presentara ante la Audiencia Nacional una denuncia contra 33 responsables de Bankia por falsificación y estafa.

Esta clave conspiratoria, según la cual se buscaría ir tapando un escándalo tras otro, se ha producido en los últimos tiempos con el caso Pujol y la convocatoria de elecciones catalanas; la retirada de la Ley del Aborto y la detención del pederasta de Ciudad Lineal en Santander, o la aparición del escándalo de las tarjetas B, cuando es un hecho que no se suscitó ningún tipo de alarma social cuando se supo que los integrantes de los consejos de administración de Caja Madrid percibieron un total 71,5 millones de euros en concepto de sueldo e indemnizaciones entre 2007 y 2011.

Personas cercanas a la investigación coinciden en señalar que una acción profesional y decidida de jueces, fiscales y policía permitiría que emergieran numerosas delitos y corruptelas, no solo en Caja Madrid y Bankia, sino en todas y cada una de las cajas de ahorro que fueron sujetos activos de la crisis financiera que exigió una aportación multimillonaria del Estado y de organismos comunitarios, algunas de las cuales ya han sido apuntadas por el dedo acusador del ministro De Guindos.