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MADRID. La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de dejar en libertad al imputado Jordi Pujol Ferrusola, tras cinco horas de interrogatorio sobre el cobro de comisiones a cambio de interceder en la adjudicación de obras de la Generalitat, sin imponerle medida cautelar alguna, ha sorprendido y extrañado a la opinión pública y deja al descubierto, cuando menos, un cierto desajuste entre los casos de corrupción que publican los medios de comunicación y la realidad judicial, lo que propicia o una falta de credibilidad de la prensa o fuertes dudas sobre el comportamiento equilibrado de la Justicia.

Posiblemente la sorpresa, que puede llevar a la alarma social llegado el caso, se aloja en individuos poco versados en las teorías sobre comunicación humana y constructivismo radical desarrolladas por Paul Watzlawick teórico y psicólogo austriaco y autor de un ensayo que bajo el titulo ¿Es real la realidad? viene a decir que en las relaciones humanas y en la interpretación de las mismas no existen verdades sencillas, y que lo "normal" en una cultura, y más aún en culturas diferentes, es que no se dé la uniformidad, sino la diversidad de formas de acción e interpretación de los individuos concretos. Con ello, lo que es real para unos, puede que no lo sea para otros.

Dejando al margen sarcasmos, la presencia del primogénito del expresidente catalán en la Audiencia Nacional ante el juez Ruz, el mismo que entiende del caso Barcenas y Gürtel, había levantado todo tipo de expectativas una vez que el patriarca de la saga hiciera público que desde 1980 había mantenido oculto al fisco cuentas en el exterior proveniente de una herencia paterna.

Hoy los Pujol forma parte de un clan -padre, madre y siete hijos- con un historial bajo sospecha sobre quienes se han publicado todo tipo de acusaciones sobre irregularidades, algunas de ellas fundamentadas en investigaciones policiales según las cuales la familia controlaría en estos momentos al menos "500 millones de euros", aunque ya puestos, otras informaciones hinchan la cifra hasta los 2.000 millones. La prensa tiene publicado que, en los últimos meses, y a raíz de la publicación del borrador de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y de la denuncia de la ex novia de Jordi hijo en noviembre de 2012, habrían acelerado el trasvase de dinero del Principado andorrano a Luxemburgo al considerar "quemado" el primer paraíso fiscal.

La decisión de Ruz, cimentada en que ni Fiscalía ni Abogacía del Estado habían solicitado medida cautelar alguna, deja en posición desairada la labor policial y, sobre todo, reduce las expectativas creadas, a lo largo de semanas de exaltación anticatalanista que han levantado todo tipo de condenas sobre la corrupción política en Cataluña.

Con independencia de este puntual capítulo, el hecho cierto es que desde que el caso Banca Catalana salpicara, hace treinta años, al entonces presidente de la Generalitat y cofundador de Convergència, Jordi Pujol, Cataluña es protagonista frecuente de supuestos casos de corrupción, cuyo máximo exponente fue la acusación, en sede parlamentaria, de Pasqual Maragall al entonces líder de CiU, Artur Mas -"el problema de CiU se llama 3%"- lo se interpretó como una alusión a supuestos cobros de comisiones en la adjudicación de obras públicas.

Pese a todas las expectativas creadas, el único caso de relevancia política juzgado, hace referencia al ex presidente del Palau de la Música, Millet, quien actuó como comisionista entre empresas adjudicatarias de obra pública en Cataluña y Convergència Democràtica (CDC) en donde aparece una empresa constructora, Ferrovial, acusada de pagar una cantidad cercana a los 6 millones de euros para conseguir obras de administraciones gobernadas por CiU entre 2001 y 2008. Otros asuntos como el Pretoria o Pallerols, han quedado a medio esclarecer.

No es fácil demostrar casos de corrupción y mucho menos conseguir pruebas que puedan ser admitidas a trámite por un juez y posiblemente ahí residan las razones básicas que hacen imposible decisiones judiciales que permitan castigar a los corruptos, entendiendo como corruptos tanto a las administraciones públicas como a las empresas que participan en el cambalache, aunque la prensa y la Agencia Tributaria se centren especialmente en las corporaciones públicas y no tanto en los corruptores.

Así ha sido hasta ahora, porque el último capítulo de este serial iniciado en 1984 con Banca Catalana lo están escribiendo organizaciones emergentes como Guanyem Barcelona y Podemos que, con el apoyo de otros grupos como ICV, Partido X y movimientos como el Observatorio Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) o la Federació d'Associacions de Veïnes de Barcelona, han presentado recientemente una querella en donde se nombra a Jordi Pujol, esposa e hijos, a Jordi Puig, hermano de Felip Puig, actual conseller d'Empresa i Ocupació y al cofundador de CDC, Sumarroca e hijos. Entre los delitos de los que se les acusa se encuentran tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, soborno, malversación de fondos públicos y delitos contra la hacienda pública. La expectación sobre el futuro de esta querella, es grande.

La eficacia y la credibilidad de la Justicia, la Policía, el Gobierno y la Prensa, está en entredicho en España en la medida en que los casos de corrupción afloran de forma cotidiana sin que ello vaya acompañado de actuaciones del correspondiente ámbito judicial o policial.

La última acusación directa con nombres y apellidos la publicó El Mundo la pasada semana, según la cual "el Gobierno de Aragón que presidía el socialista Marcelino Iglesias dio instrucciones para amañar el concurso de las obras de urbanización de la plataforma logística Plaza a favor de Necso Entrecanales, la constructora de Acciona, según correos electrónicos que la Udef ha entregado al juez de Zaragoza que investiga el caso. Ese trabajo tuvo un sobrecoste de 158 millones, 94 de ellos sin justificar, pero que aquel Ejecutivo aceptó". ¿Pasará algo?