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MADRID. La salida de CaixaBank de su consejero delegado, Juan María Nin, por supuestas desavenencias o discrepancias con su presidente, Isidre Fainé, es el último capítulo de una larga serie de relaciones tormentosas que suelen producirse entre dos mandamases de las compañías cotizadas y cuyo último capítulo no se escribirá nunca ya que esa confrontación seguirá existiendo en tanto en cuanto el reparto de poderes dentro de una empresa no parece compatible con la convivencia armónica de dos individuos. En el caso de la Caixa, el divorcio se producía pese a que en el origen de la relación pareciera que ambos protagonistas se habían jurado amor eterno.

El asunto, lejos de ser novedoso, se repite con cierta frecuencia y como referencias más notables en el sector financiero ahí están los casos del que fuera consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, o el de Ángel Corcóstegui, consejero delegado del Banco Santander Central Hispano.

En el primero de ellos, el presidente de la entidad, Francisco González, a decir de los expertos, reflejaba el mundo al revés porque conociendo a los dos personajes, se percibía que el llamado 'Goiri' había demostrado tener la cabeza y la capacidad de análisis para haber sido el número uno, mientras que el número 1, podría haber sido un buen número 2, haciendo lo que hace, bajando a la minucia y ocupando el terreno más propio de los puestos intermedios de la entidad.

El caso Corcóstegui es más complejo en la medida en que hay que enmárcalo en uno de los más profundos procesos de concentración bancaria de la historia de España en donde se dieron cita algunos de los grandes apellidos financieros del franquismo y de conspicuos personajes que suelen rodear este tipo de historias. Pero el final vino dado por el enfrentamiento y la ruptura de relaciones profesionales.

Pese a que existe la teoría, ampliamente extendida e impulsada en su momento por la cultura sajona, según la cual, resulta del todo punto imprescindible, en nombre del buen gobierno, que los puestos de consejero delegado y de presidente no deben recaer en la misma persona por cuanto concentrar demasiado poder en manos de un solo ejecutivo, solo puede provocar su atrincheramiento en el cargo y resultados poco satisfactorios y edificantes.

Para la Unión Europea y la OCDE, esta teoría es la apropiada y en ese sentido han ido sus recomendaciones al apuntar que en el ejercicio práctico del gobierno y la gestión de las sociedades, nadie debe tener poderes de decisión ilimitados y que los cargos de presidente y consejero delegado o primer ejecutivo, deben ser ocupados por personas distintas, debiendo existir una separación clara, explícita, escrita y aprobada de las funciones, tareas y responsabilidades del presidente no ejecutivo del Consejo, con las del consejero delegado o primer ejecutivo.

Esta fórmula, que algunas entidades como Banco Santander han incorporado a sus estatutos, tiene su réplica, según la cual no existen pruebas que demuestren que, como norma general, con la separación de las dos funciones, mejoren los resultados de las empresas. Como prueba, simplemente recordar que tanto en WorldCom como en Enron, los puestos estaban separados cuando las malas prácticas hundieron a ambas compañías.

Sea como fuere, la realidad es que la colisión en las alturas tiende a producirse y en ese choque influyen desde los celos hasta el solapamiento de funciones, cuando no el síndrome del sucesor que tiene prisa por mover la silla al de arriba o la obsesión del número 1 que siente una supuesta continuada y creciente pérdida de poder. En definitiva, el problema reside en tratar de compaginar dos tipos de liderazgo, el basado en la auctoritas y el sustentado en la potestas.

Muchas de las grandes empresas españolas se debaten en ese proceso, ya que la fórmula del presidencialismo es fuertemente cuestionada por muchos inversores internacionales, acostumbrados a diferenciar las competencias del presidente y las del consejero delegado y a ver virtudes en esa separación de poderes.

Ello, en ocasiones, hace que se cree una ficción sin fundamento en la práctica ejecutiva de las compañías y a esa tentación han sucumbido en algún momento empresas de la categoría y el fuste de Iberdrola o Repsol.

En el primero de los casos, la ficción se consuma nombrando a un número 2 con la denominación de consejero-director general o consejero de categoría especial, aunque el presidente Sánchez Galán mantenga intactas todas sus facultades ejecutivas como máximo responsable de la empresa como presidente y consejero delegado.

En el caso de la petrolera, su presidente Brufau nombraba en 2012 a un número 2, en la persona de quien fuera secretario de Estado de Energía con Aznar, Nemesio Fernández Cuesta, a quien cedía cuotas de poder de la compañía petrolífera. El experimento no parece que funcionara ya que, dos años después, decidía nombrar consejero delegado de Repsol al que fuera presidente del PNV, Josu Jon Imaz.

El IBEX 35 está lleno de casos en donde las recomendaciones de buen gobierno son interpretadas de forma aleatoria por sus líderes y hasta que no se demuestre lo contrario, hace falta ser muy inteligente para aprender a compartir ese liderazgo y marcar el calendario de cesión del poder.