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MADRID. La dimisión del eurodiputado de IU Willy Meyer por participar en un fondo de pensiones del Parlamento Europeo -suscrito hace años- gestionado por una Sicav luxemburguesa, ha supuesto uno de los episodios políticos más chuscos protagonizados en los últimos años en España y es el resultado de una continuada campaña ideológica de los partidos de izquierda tendente a demonizar todo aquello que esté relacionado con el capital y con una forma de entender la economía, en donde el ahorro y el beneficio juegan un papel transcendente.

Desde hace años y en un contexto hostil hacia las rentas del capital, fundamentado, sin duda, por la existencia de malas prácticas, las sicav son, según definición de un tertuliano de campanillas y autor de varios libros y artículos, "unas empresas utilizadas por los grandes capitales de este país y que tributan tan solo el 1% de sus beneficios a Hacienda". Con definiciones tan poco precisas, es fácil entender el clima social generado sobre las malditas sicavs.

Con esta base, mantenida a lo largo de los años como gota malaya por políticos de izquierdas y sustentada por ignorantes con predicamento como el autor de la definición anterior, no es de extrañar que se produzcan este tipo de situaciones y que algún diario de campanillas, enardecido por la decisión del eurodiputado comunista, publicara en primera plana los nombres de todos los políticos españoles que gozaban de tan ventajosa situación, como si con ello, se quisiera apuntar con el dedo a todos aquellos réprobos que se habían atrevido a bordear la ilegalidad con un producto financiero dudoso, en lugar de hacer examen de conciencia y utilizar esos fondos en otros menesteres menos pecaminosos.

La falta de formación financiera de la inmensa mayoría de los españoles alcanza cotas más que reseñables y ello hace posible que se aplaudan decisiones tan tardías como la de Meyer o se ignoren debilidades tan enquistadas como el que la economía española sigue registrando una necesidad de financiación elevada, tanto desde el punto de vista histórico como desde una perspectiva internacional, y que la apelación al ahorro externo para financiar la inversión nacional ha sido una constante de la economía española en las últimas décadas.

Hoy, las sicav, como tantos otros productos financieros, resultan imprescindibles para fomentar el ahorro interno en un país con un nivel de endeudamiento exterior que tiene límites y en un momento, además, en que en el horizonte se adivinan peligros serios para la financiación pública de las pensiones. Así las cosas, la representación de Meyer y el poco fino papel jugado por la izquierda en esta materia, confundiendo a la ciudadanía, olvidando que una sicav tiene el mismo tratamiento fiscal que un fondo de inversión e identificando sicav con evasión fiscal, comporta un grado de demagogia que entra en el mundo de lo cansino.

El debate sobre la necesidad de hacer ciertos ajustes en la estructura de las sicav en España, cuyos beneficios -no los que obtienen quienes invierten en ella- tributan al 1%, mientras que en una empresa normal lo hacen al 30%, es algo abierto.

Es, si acaso, el único elemento de "perversión" de una sicav si es que ello puede calificarse de perversión, ya que la sociedad de inversión de capital variable, como la totalidad de fondos o planes existentes en el mercado, invierte el patrimonio de sus socios en busca de la mejor rentabilidad posible, tributando al 1% en el Impuesto sobre Sociedades, mientras que cuando un inversor retira su dinero tiene que declarar las plusvalías generadas: entre el 19% y el 23% del beneficio obtenido.

Es, exactamente, la misma tributación que soportan los fondos de inversión, productos de ahorro que cuentan con cerca de seis millones de partícipes.