MADRID. Aunque Atresmedia ha preferido rotular en todos los programas de sus canales digitales Nitro, laSexta3 y Xplora que "El gobierno nos obliga a cerrar las emisiones el 6 de mayo", José Manuel Lara, propietario del emporio mediático, y sus directivos, saben que no es verdad y que han optado por engañar a la audiencia cargando contra el Ministerio de Industria de José Manuel Soria, ocultando que fue el Tribunal Supremo el que ordenó mediante sentencia firme y clara, el cierre de nueve canales de TDT concedidos arbitrariamente por el gobierno de Rodriguez Zapatero, culminando un absoluto desafuero realizado por su ministro de Industria, Miguel Sebastián.
A los tres canales de TDT de Atresmedia, hay que sumar dos de Mediaset -La Siete y La Nueve-; dos de Unidad Editorial -AXN y teletienda- y dos de Vocento dedicados a teletiendas. Nada se pierde y menos pierden las operadoras que han demostrado desde que están en funcionamiento su incapacidad para llenar esos canales de programación medianamente aceptable y llevar a cabo un plan de negocio que les permitiera entrar en rentabilidad.
La reacción de los dos grandes grupos afectados que conforman de facto un duopolio perfecto, gracias al anterior gobierno, es considerada por muchos observadores de un cinismo considerable, ya que todos son conscientes que en abril de 2010 el BOE publicaba la Ley General de la Comunicación Audiovisual, incorporando la transposición de la directiva europea sobre servicios de comunicación audiovisual.
El llamado "dividendo digital" establecía que a partir del 1 de enero de 2015 la reserva de las frecuencias entre 790 y 862 MHz -canales 60 a 69- para otros servicios de comunicaciones, lo que suponía trasladar buena parte de las emisiones de TDT actuales, reajustando toda la red de emisores y obligando a los usuarios a modificar nuevamente la configuración de sus antenas, abandonando el modelo de frecuencia única para todo el territorio nacional reubicando los múltiplex sobre la base de las frecuencias utilizadas en las antiguas emisiones analógicas, estableciendo como criterio de referencia el uso de la frecuencia de mayor alcance o significación en cada provincia.
El último Consejo de Ministros de la legislatura Zapatero fue el que hizo pública la hoja de ruta a seguir para poner en marcha el dividendo digital en España que permitiría liberar valiosas frecuencias del espectro radioeléctrico, ocupadas por canales de la TDT, para satisfacer la demanda creciente de los operadores de telefonía e internet y desarrollar así servicios de movilidad (internet en telefonía móvil, tablets, etc) y banda ancha. Un giro necesario pero que, una vez más, en España no se haría tomando como base las opciones más eficaces y competitivas.
Los cambios propuestos entonces en el espectro por el Ministerio de Industria obligaban a modificar la actual ubicación de canales de la TDT que, cada vez más arrinconados en la banda tradicional, debía dejar sitio a un futuro en el que se terminara con el problema de la brecha digital y que el acceso a la Sociedad de la Información de los españoles fuera posible.
Para el Ministerio de Industria de Miguel Sebastián, no tenía que haber problema alguno, ya que de lo obtenido con la subasta de frecuencias, en la que pujaron los operadores de telefonía para acceder a la banda y ocupar las mencionadas frecuencias, 800 millones de euros se destinarían a poner en marcha el dividendo digital. "800 millones -decía Industria- para subvencionar o reparar instalaciones y para construir o retocar la gigantesca red de repetidores terrestres -en esto sí, desgraciadamente, somos los primeros de Europa-, desembolso que irá a parar a la empresa privada que ostenta el monopolio de la red de televisión en España.
Otra parte de lo recaudado se destinaría para actuar en aquellos casos en los que se vayan a producir problemas, situaciones puntuales de las que hablaba Industria con apabullante ambigüedad que se contarán por miles, dada la orografía, la dispersión poblacional, la antigüedad de algunas instalaciones tradicionales o los problemas que arrastra desde su nacimiento la TDT, lo que hace vislumbrar un futuro audiovisual más que convulso.
El equipo de Sebastián se fue igual que vino, beneficiando a unos y ahondando con esmero en una herida que ellos mismos provocaron. Irresponsabilidad la del Ministerio de Industria, la SETSI o la extinta CMT, cuyos dirigentes se intercambiaron el sillón en lo que fue una gestión esperpéntica, según los observadores comunitarios.
Todos sabían lo que el otro quería, y se esmeraban en dárselo. Lo indignante es que ellos saben, casi más que nadie, que se podría haber hecho mucho mejor sin hipotecar la evolución tecnológica de España, cuyo futuro, cada vez más, depende del desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento.
La digitalización de la televisión en España nació herida de muerte y con fecha de caducidad, alejada de la vanguardia y de contribuir a mejorar la imagen de España como referente en este tipo de avances. Presumimos de ser los primeros en TDT, algo que en la vieja Europa se consideró dentro de la categoría del folklore. Y ahora vienen las consecuencias.
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