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MADRID. Una semana más y el Consejo de Ministros sigue sin encontrar la forma de dar cumplimiento al auto del Tribunal Supremo (TS) según el cual deben cesar las emisiones de nueve canales de Televisión Digital Terrestre, en cumplimiento de su sentencia del 27 de noviembre de 2012.

El TS anula en este auto el punto segundo de un acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el pasado 22 de marzo 2013, por el cual disponía que los canales afectados por esa misma sentencia continuaran con sus emisiones "hasta que culmine el proceso de liberación del dividendo digital".

El espectro radioeléctrico tiene dos características principales: la primera es que es muy valioso, sobre todo en determinadas frecuencias, y la segunda, ligada de forma intrínseca a la anterior, es su limitación; no puede crecer ni expandirse. Es esta la base que está trayendo de cabeza a los responsables de marcar la política de telecomunicaciones del país, donde también hay que englobar el área audiovisual, material sensible y, a la vista de los avatares a los que estamos asistiendo un día tras otro, inflamable en las altas esferas del Gobierno Rajoy.

El dividendo digital (sí, entiéndase dividendo en su acepción vinculada al beneficio económico) es el proceso por el que el espectro radioeléctrico habrá de ceder parte del espacio que hoy destina a la televisión para dar cabida a los crecientes e imparables servicios de movilidad. Por su capacidad de penetración en los hogares y otros condicionantes técnicos, la banda de 800Mhz es la más propicia para que las operadoras de telefonía puedan implementar servicios, por ejemplo, relacionados con el 4G, y en definitiva mejorar y elevar el nivel de una serie de actividades sin las que ya no entenderíamos hábitos laborales o de la vida cotidiana.

El dividendo digital, y el consiguiente ‘traslado' antes mencionado, deberá estar en marcha al 100% el 1 de enero de 2015. Así lo marca Europa, aunque por aquí volvimos a sacar pecho hace unos años y anunciamos que lo pondríamos en marcha con un año de adelanto. No ha sido así. Y tampoco ha resultado gratis para los Movistar, Vodafone u Orange hacerse con esas frecuencias de las que aún no pueden disfrutar en plenitud, ya que pagaron muchos millones en una subasta celebrada en tiempos de Zapatero, con Sebastián al frente de la cartera de Industria y Bernardo Lorenzo a los mandos de la antigua Comisión de Mercado de Telecomunicaciones (CMT), hoy dentro de la CNMC.

El dividendo digital, además de riqueza y comodidad, también supone realizar una serie de ajustes en la gran parte de las instalaciones (las antenas) de los hogares; tanto colectivos como individuales. Esos cambios tienen un precio; factura que a priori iba a abonarse con lo recaudado en la subasta de frecuencias. Sin embargo, esos millones -muchos- se decidió que fueran destinados a paliar el déficit público. Una vuelta a la rotonda para terminar en el bolsillo del contribuyente.

Pasan las semanas y pese al auto del Tribunal Supremo declarando la ilegalidad de nueve canales que actualmente emiten a través de la TDT, tras una denuncia de la empresa Infraestructura y Gestión 2002, que entendía un reparto de frecuencias "a dedo", el esperado cierre de los canales no se ha producido.

Es evidente que el asunto se le ha atragantado al Gobierno. Nunca sale rentable provocar la ira de Vasile (Mediaset) y Lara (Atresmedia), principales beneficiados del actual estatus quo de la parrilla televisiva y con ello de los ingresos publicitarios. Alterar este duopolio televisivo con la campaña electoral a la vuelta de la esquina es, desde una óptica de cruda política, una especie de suicidio.

El daño que pudiera sufrir la imagen de Rajoy a escala informativa es, sin duda, la amenaza velada que flota en el retraso del cierre de canales que, de producirse, no será traumático. Puede que se convoque un nuevo concurso para repartir las frecuencias, pero ganarán los mismos, jugarán a caballo ganador, ¿o alguien más tiene el poder y el dinero suficientes para mantener un canal de televisión, negocio por definición deficitario?

No es, sin embargo, el único concurso que el Gobierno está obligado a convocar. El pasado verano, la Comisión Europea de Competencia declaró ilegales las ayudas públicas para acometer los planes de extensión de la TDT en zonas más allá de los compromisos de cobertura de los canales de televisión (96% para los canales privados y 98% para RTVE y demás canales públicos).

El ente europeo entendía que esas ayudas no habían sido notificadas a la Comisión y que además no cumplían con los criterios de neutralidad tecnológica imperantes en el mercado único al beneficiar únicamente a la tecnología terrestre, y dejar de lado al cable, al satélite y al ADSL, tecnologías completamente preparadas para hacer llegar la televisión a los ciudadanos.

El proceso, que también acarrea un considerable retraso, se encuentra en fase de Consulta Pública para definir el carácter y exigencias de nuevos concursos a convocar por cada Autonomía bajo la premisa de que, esta vez sí, todas las tecnologías puedan jugar sus cartas en igualdad de condiciones.