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MADRID. España y el Reino Unido coinciden en el tiempo en la privatización de dos víctimas de la crisis bancaria. Ambos países representan dos formas de enfrentarse al caos financiero que pasará a la historia por la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008.

En España, el presidente del gobierno autonómico gallego, Nuñez Feijó, persiste en su intención de que "a Xunta intentará que teña o control de Novagalicia Banco" ante el proceso de privatización de NovaCaixaGalicia Banco y así de claro fue en el Parlamento gallego en respuesta al portavoz del BNG, Jorquera, quien había reprochado al jefe del ejecutivo que «non actúe» para evitar la venta a «prezo de saldo» de NCG Banco y el «expolio» del ahorro de los gallegos.

En ese estado de opinión discurre la supuesta recta final de la privatización de la entidad resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova que ha recibido del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) más de 3.600 millones de euros para su capitalización, lo que le ha permitido controlar más del 93% de la entidad desde septiembre de 2011.

Mientras que el nacionalismo trata desesperadamente de mantener en su ámbito de influencia la entidad financiera al precio que sea, el máximo responsable del FROB señalaba que la entrada de potenciales inversores extranjeros en Novagaliciabanco sería un "espaldarazo" al saneamiento emprendido por el sector financiero, poniendo de relieve que no consideraba intromisión alguna las posiciones de los gobiernos autonómicos sobre los proceso de privatización siempre y cuando el potencial comprador se adaptase a las normas del Banco de España sobre la "idoneidad" de estos inversores.

Dos formas contrapuestas de entender el negocio bancario, aunque el Banco de España parece tener claro que la decisión final se tomará según lo preestablecido por la norma, aunque ello no es óbice para que la Ley de Cajas y Fundaciones, actualmente en trámite parlamentario, se esté elaborando como un traje a la medida de las antiguas cajas y no como dice su prólogo como una norma que venga a "conjugar los valores clásicos de las cajas de ahorros, carácter social y arraigo territorial, con las lecciones que los históricos acontecimientos recientes han puesto de manifiesto".

Aunque la futura norma obedece a un compromiso acordado con la Comisión Europea, a este traje a la medida, algunos analistas incorporan la posible modificación que el gobierno planea introducir en la Ley para permitir que se pueda compaginar el cargo de presidente de las fundaciones bancarias con sus filiales bancarias, en el caso de las cajas que no hayan recibido ayudas públicas.

La modificación, inteligentemente pilotada por el presidente de la Caixa, Isidro Fainé, desde la presidencia de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA), permitirá al banquero catalán mantener los actuales cargos de presidente de La Caixa y de Caixabank, aunque el privilegio se ampliaría a Unicaja, IberCaja y Kutxa, lo que favorecerá una vuelta a la politización futura de las entidades.

De llevarse a cabo esta modificación, podría venirse abajo también la incompatibilidad entre los patronos de las fundaciones y el consejo de administración de los bancos, contemplada en el anteproyecto original, lo que afectaría a la independencia de las entidades.

Aunque esta modificación no afectará a las entidades que han recibido ayudas públicas como es el caso de Catalunyacaixa, Bankia y Novacaixagalicia, los analistas no descartan posibles intentos de los gobiernos autonómicos en "participar" en el futuro de estas entidades, algo que hasta el momento solo ha hecho público el presidente gallego ante la hipótesis de que lleguen a buen puerto las dos ofertas conocidas hasta ahora: la del BBVA y la de un consorcio de fondos internacionales formado por Guggenheim, JC Flowers, Anchorage, Elliot y WL Ross.

El proceso de privatización iniciado en España hace algunos meses guarda un cierto paralelismo en el tiempo con el emprendido por el gobierno británico, que acaba de ejecutar con extraordinaria rapidez una colocación acelerada entre inversores de un 6 % del capital del Lloyds, entidad rescatada con fondos públicos en 2008.

El Tesoro británico calcula ingresar cerca de 4.000 millones de euros, al aprovechar la subida de la cotización de Lloyds durante el último año, periodo en el que se ha duplicado su precio bajo la gestión de Horta-Osório, exconsejero delegado de Santander en el Reino Unido.

Con esta operación, el Tesoro espera conseguir unas plusvalías superiores a los 70 millones de euros, dado que adquirió las acciones de Lloyds en 2008 a un precio medio de 73,6 peniques por título y hoy están a 77,36 peniques.

Tras la venta, la participación del Estado británico en Lloyds quedará reducida al 32,7% y si la colocación tiene éxito, es probable que el gobierno siga reduciendo su participación en la entidad durante los próximos meses, para lo que podría acometer una oferta pública de venta.

El gobierno británico mantiene también una posición del 80% en The Royal Bank of Scotland (RBS), aunque éste tiene menos posibilidades de ser privatizado en los próximos meses.

El ministro británico de Economía, Osborne, se comprometía en declaraciones a la BBC a que el dinero obtenido con la venta sea utilizado para reducir la deuda pública: "Es otro paso para reparar los bancos, devolver el dinero al contribuyente y reducir nuestra deuda nacional". "Hace cinco años, según el titular del Economía, el anterior gobierno forzó al contribuyente a aportar una gran cantidad de dinero para rescatar los bancos. Se trató de una gran petición a la población británica".

La rápida nacionalización de los bancos británicos con problemas en 2008 es una de las claves que explican por qué la banca británica ha salido relativamente bien parada de la crisis financiera, a pesar de que Reino Unido sufrió la peor crisis bancaria de todos los socios de la UE, con la única excepción de Irlanda. Se calcula que el Tesoro ha tenido que invertir más de 155.000 millones de euros en el rescate de entidades como Northern Rock, Royal Bank of Scotland y Lloyds, estimando el Banco de Inglaterra, en su momento, unas pérdidas para el contribuyente de 31.000 millones de euros.
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Post-it. El anteproyecto de Ley de Cajas y Fundaciones contemplaba, entre otros aspectos, los siguientes puntos:

Las fundaciones bancarias que tengan una participación igual o superior al 50%, o un porcentaje de control de una entidad de crédito, tendrán la opción de acudir a la ampliación de capital de la entidad participada para no ver diluida su participación en el banco, pero no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a ese incremento.

Este aumento de las participaciones de las antiguas cajas en los bancos se podrá materializar a través de los fondos de reserva

las cajas no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma en la que operen, un límite que si rebasan, las obligará a traspasar su actividad financiera a un banco, que será participado por una fundación bancaria.