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Sin elecciones a la vista, es momento de que los partidos políticos centren su esfuerzo en producir ideas. Ante la falta de financiación de nuestras empresas y el probable endurecimiento de las condiciones económicas, no sería extraño que la izquierda recuperara la vieja idea de la banca pública
VALENCIA. Conviene no engañarse. En un país sometido a un largo y doloroso proceso de desapalancamiento, con buena parte del sistema financiero intervenido, y el déficit público situado ampliamente por encima del 7%, será muy difícil que veamos a corto plazo una relajación de las condiciones de acceso al crédito de nuestras empresas. Especialmente si, como parece, el Gobierno mantiene su decisión de no solicitar el rescate a la UE, impidiendo que la prima de riesgo disminuya por debajo de los actuales 400 puntos básicos con respecto al bono alemán.
A medida que las condiciones económicas empeoren conforme a lo previsto por los organismos internacionales y asistamos a nuevos cierres de empresas con el subsiguiente incremento del desempleo, el debate sobre la financiación de nuestro tejido productivo volverá a situarse en el primer plano de la actualidad. Sin elecciones a la vista, es momento de que los partidos políticos centren su esfuerzo en producir ideas, presentándose ante la sociedad con nuevos proyectos capaces de ilusionar a su electorado. Por ello, y ante la falta de financiación de nuestras empresas, no sería extraño que la izquierda recuperara la vieja idea de la banca pública.
En contra de la banca pública
La propuesta se enfrenta a tres obstáculos fundamentales. En primer lugar, todavía queda demasiado próximo en el tiempo el drama de las cajas de ahorros, entidades bajo control político que contribuyeron decisivamente a la expansión del crédito en España antes de la crisis. Su gestión poco profesionalizada, su excesiva asunción de riesgos, y las limitaciones propias de su arquitectura institucional han impuesto un coste muy elevado a la ciudadanía en términos de recursos públicos.
Lógicamente, los escándalos de todo tipo que hemos conocido en los últimos meses, incluyendo la financiación privilegiada a proyectos ruinosos, cuando no a amiguetes y demás correligionarios políticos, no constituyen la mejor tarjeta de presentación para convencer a la sociedad acerca de la necesidad de reinstaurar la banca pública en nuestro país.
En segundo lugar, la idea de la banca pública no cuenta con gran respaldo académico. De hecho, existe un consenso bastante amplio sobre los efectos negativos de la indefinición de los derechos de propiedad de estas entidades. Puesto que no hay accionistas, el político que controla el banco tiende a gestionarlo para maximizar su propia utilidad, imponiendo costes elevados a la sociedad.
Un influyente estudio de LaPorta, López de Silanes y Shleifer, publicado en 2002 en Journal of Finance, muestra que los países con mayor presencia de banca pública tienen menor renta per capita y un menor grado de desarrollo financiero. En esta misma línea, distintos estudios basados en microdatos muestran que los bancos sujetos a control político tienden a aumentar los préstamos en años electorales; a favorecer a las empresas con mejores conexiones políticas; y a financiar una mayor proporción de proyectos de inversión no viables.
Por último, pero no por ello menos importante, el retorno de la banca pública se enfrenta a una mera cuestión de viabilidad financiera. ¿De dónde extraer los recursos necesarios para que la banca pública tenga una influencia significativa en la concesión de créditos a nuestras empresas? El Banco de Valencia, que durante muchos años contribuyó de manera decisiva a financiar empresas industriales valencianas, tenía un activo próximo a 20.000 millones de euros. ¿Cuál tendría que ser el activo de un banco público valenciano?
Y, sobre todo, ¿cómo se obtendría el dinero, con los mercados financieros internacionales todavía cerrados para la economía española? Parece obvio que los recursos procederían de los presupuestos generales del Estado, por lo que cualquier iniciativa en este sentido tendría carácter nacional y no autonómico.
A favor de la intervención pública
Sin embargo, no por subrayar los problemas y limitaciones de la banca pública debemos obviar los posibles fallos de mercado que afectan a nuestras empresas, ni soslayar los riesgos de la no intervención en una situación como la actual. El proceso de concentración bancaria derivado de la crisis está generando una rápida reducción de la red de oficinas de las entidades financieras, y un paulatino incremento de la distancia entre la empresa y los centros dónde se toman las decisiones de inversión.
Las empresas más pequeñas, que debido a la naturaleza de su propio negocio o al elevado coste de las auditorías, no pueden emitir información contable de calidad, encuentran cada día mayores dificultades para acceder al crédito. Muchas de ellas son buenas empresas con un historial crediticio impecable, pero no obtienen financiación simplemente porque, en el escenario postcrisis, con menos margen para la banca relacional, el banco encuentra dificultades crecientes a la hora de identificar y monitorizar los buenos proyectos de inversión.
A este hecho se une el problema de la financiación de actividades de contenido tecnológico en nuestro país. Es sorprendente que cuando se alude al problema de la I+D+i en España y se destaca el escaso carácter innovador de nuestras empresas, no se discuta el papel que juega el sistema bancario en la financiación de este tipo de actividades.
No contamos con agentes financieros especializados en este segmento del negocio, lo cual está condicionando el tránsito hacia un nuevo modelo productivo intensivo en tecnología. Al estar poco especializado en actividades de I+D+i, nuestro sistema bancario encuentra muy costosa la monitorización de proyectos de inversión de naturaleza tecnológica, cuyo éxito acaba dependiendo de la financiación pública vía subvenciones directas por parte de la administración.
Sin dogmatismos...
Por todo ello, y como sucede en todas las discusiones relevantes en economía, en este caso también necesitamos tomar en consideración las dos caras de la moneda. Ni podemos volver a cometer los errores del pasado, delegando la gestión del crédito en instituciones financieras ingobernables, ajenas a toda lógica empresarial, ni podemos negar la existencia de fallos de mercado que requieren una intervención pública en un momento crítico de nuestra historia.
Con los tipos de interés más elevados de Europa, nuestras pymes encuentran grandes dificultades para competir en los mercados internacionales, lo cual afecta negativamente a las exportaciones y retrasa la recuperación de nuestra economía. Es hora de abordar este problema desde el pragmatismo, rehuyendo las posiciones más dogmáticas. Hora de identificar qué parte del sobrecoste es debido a fallos del mercado que es preciso erradicar.
Al margen de situaciones en las cuales el juez pudiera requerir una auditoría obligatoria, la sociedad y/o sus accionistas deberían poder decidir si quieren someter las cuentas a auditoría o no, en función de la utilidad de las mismas para el cumplimiento de los objetivos sociales. Puesto que hoy en día, la contabilidad es obligatoria para todos, el hecho de que las cuentas estén auditadas no aporta ninguna señal al mercado acerca de la calidad de la información contable incluida en las mismas, impidiendo que se reduzca la prima de riesgo de nuestras empresas. En este artículo explicamos que la calidad de la información contable no afecta al coste financiero de nuestras Pymes. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2210411 Lamentablemente, para señalizar una mayor calidad de los datos, las empresas han de contratar a grandes firmas de auditoría asumiendo un sobrecoste que carece de todo sentido. Es fundamental abaratar el coste de la señalización permitiendo a las empresas que decidan si quieren auditorías o no. Si no las necesitan, porque acceden sin más problemas a la financiación, no tienen por qué pagar por ello. Si las necesitan, ellas serán las primeras en demandarlas. Sólo de este modo, la auditoría alcanzará el valor estratégico que tiene en otros contextos.
Manuel, tu comentario me tiene intrigado. ¿Cómo se puede proponer eliminar el requerimiento de auditoria de cuentas de una PYME y, a la vez, someterla a cualquier tipo de análisis tipo "rating"? ¿Bajo qué premisas una empresa de rating emitiría una opinión sobre la calidad de los estados financieros de esa PYME si no existe una opinión cualificada de un tercero sobre la consistencia de dicha información financiera? ¿Esto facilitaría la emisión de deuda de esta PYME en un potencial mercado de deuda para PYMES? Mi comentario de ayer sobre la figura de las SGR iba en ese sentido porque, descartada la política fiscal (vía deducciones en el IS), qué le queda a una PYME para financiarse si no cuenta con banca pública o financiación cuasi-pública (avalada o con creditos de ICO? Francamente no veo la cuadratura del círculo.
Gracias por vuestros comentarios. Más que una empresa pública como tal, que no tiene sentido dada la escasez actual de recursos, habría que plantearse la necesidad y oportunidad de desarrollar medidas específicas de política económica para empresas concretas. Sin ánimo de ser exhaustivo: reducir los costes de información (eliminando la obligación de auditoría obligatoria), favorecer calificaciones crediticias para PYMES emitidas por agencias independientes, fomentar el crédito comercial entre empresas que se ha demostrado como un mecanismo fundamental de financiación de PYMES en la crisis, etc.. Trataré de desarrollar estas cuestiones en un artículo posterior. Muchas gracias de nuevo.
Y la SGR de la Comunidad Valenciana qué? Solo estuvo para mantener funcionarios, asimilados y para que cuatro amiguetes viviesen como el tato? Seguro que si se liquida lo pasaremos más divertido todavía
Buen analisis de Illueca. Tuve la oportunidad de trabajar en el Banco de Credito Industrial, desde 1975 (tras el caso Matesa) hasta 1991 en que fue absorbido por el Banco Exterior.formando parte juntoa al Banco Hipotecario, Banco de Credito Agricola, Banco de Credito Local, Caja Postal d la denominada Banca Publica. El modelo es irrepetible en las actuales circunstancias.de globalizacion de los mercados y exigencias de la UE. La creacion del BCI deta de 1920, con capital enteramente español, y muy privilegiada, destinada a facilitar el crédito a medio y largo plazo que precisaba la industria, pero muy mediatizada por lo publico y fuerte presencia en las tomas de decisiones. La mejor banca pública significa intervención del Estado subsidiaria para desarrollar líneas de crédito que, por diversas razones, el mercado no atiende. intentando canalizar recursos hacia las pymes que éstas no obtienen del sistema financiero privado. A pesar de algunas inconsistencias, el protagonismo de todas estas instituciones en las políticas industriales activas fue tal que, a finales del decenio de 1960, proporcionaban tanto crédito como la banca privada. Pero en la etapa democrática, conservadores y socialistas estuvieron de acuerdo en su privatización, al entender que el sistema financiero privado era capaz de atender toda la demanda de crédito de la sociedad española. Yo me preguntaria ¿y cuando ahora se habla de Banca Publica, de que sectores se habla, Industrla, agricola, Local, o de que? ¿Como se financiarian las condiciones privilegiadas? ¿quien dirigiria la concesion de prestamos? ¿estariamos en otra debacle futura como las de las Cajas de Ahorro? Sr. Illueca. Seguiremos el debate.
I no seria més senzill que la Generalitat via Impiva/IVF o l'organisme que siga faça una mena de conveni amb entitats financeres privades per ajudar-los amb la monitorització de projectes viables i a la vegada ajude a PYMEs a "vendre's" als banquers?
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