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VALENCIA. Vaya por delante que no albergo ninguna duda con respecto a la profesionalidad y entrega de las personas que han combatido el fuego desde la trinchera. De hecho, uno de estos héroes anónimos falleció en la tarde del lunes a bordo de un helicóptero mientras participaba en las tareas de extinción del incendio de Cortes de Pallás. Sin embargo, es evidente que los medios técnicos y humanos desplazados al lugar de los hechos han sido insuficientes para evitar la detrucción de 50.000 hectáreas de bosque, una superficie similar a la isla de Ibiza.

Por desgracia, la historia se repite. Hace ya casi veinte años, el presidente Joan Lerma hubo de cancelar un viaje oficial ante la dramática sucesión de incendios que prendían a diario en toda la geografía valenciana. Está visto que cambian los gobiernos, se renuevan los partidos políticos, atravesamos periodos de expansión y crisis económica, pero sin embargo, persiste la infradotación de los servicios de prevención de incendios forestales. En un contexto como el actual, marcado por la necesidad apremiante de reducir el déficit público, cabe preguntarse si la privatización de estos servicios podría producir mejoras en la calidad de los mismos sin aumentar los costes para el erario público.

La alternativa de la privatización

A este respecto conviene señalar que, en tanto que bienes de confianza o credence goods, los servicios de prevención de incendios reúnen dos características que los diferencian del resto de bienes y servicios que se intercambian en la economía. Por un lado, la empresa o unidad productiva que los suministra conoce mejor las necesidades del consumidor que el propio consumidor. Y por otro lado, el consumidor se ve obligado a confiar en el proveedor porque no puede discernir la calidad de los bienes y servicios adquiridos incluso después de haberlos consumido.

En general, es muy difícil saber si la calidad del servicio de prevención de incendios es adecuada o no, hasta que, como ha sucedido en Valencia, una catástrofe medioambiental demuestra que la dotación de medios era insuficiente. Mientras tanto, el cliente -en este caso la Administración- debe confiar en la unidad de prevención de incendios sin saber a ciencia cierta si el servicio se presta de forma eficiente o si, por el contrario, es posible reducir la dotación presupuestaria y financiar otras necesidades básicas.

Por ello, en caso de privatización del servicio, las decisiones relacionadas con su contratación recaerían crucialmente en proveedores especializados que, aprovechando las asimetrías de información existentes entre las partes, tendrían un incentivo obvio a adoptar un comportamiento oportunista consistente o bien en ofertar servicios de prevención no imprescindibles, o bien en prestar un servicio de calidad inferior al pactado en el contrato.

El ejemplo de la auditoría de cuentas

Este mismo problema surge con frecuencia en la vida cotidiana. Los servicios de reparación de automóviles, los servicios médicos y la auditoría de cuentas son solo algunos ejemplos de bienes de confianza que las empresas y familias consumimos con regularidad. En el caso concreto de la auditoría de cuentas, el cliente desconoce habitualmente en qué consiste la revisión de las cuentas anuales. De hecho, suele ser el auditor quien planifica las pruebas que es necesario realizar para evitar el error o fraude contable.

Mientras no se detecte un error en los estados financieros, la empresa no puede saber si el auditor hizo bien su trabajo o no. Es más, la empresa no puede renunciar a la auditoría de cuentas (como tampoco el Gobierno puede renunciar a proteger el territorio), ni acordar una reducción de la calidad del servicio, por lo que no tiene más remedio que confiar en la diligencia del profesional contratado para realizar el trabajo.

Lamentablemente, el resultado que sugiere la teoría (ver aquí) es que el auditor tiende a infra-auditar las cuentas anuales para extraer rentas al cliente, especialmente si la penalización esperada por la mala praxis profesional es inferior al ahorro de costes derivado de reducir deliberadamente el alcance de las pruebas. Este resultado es consustancial a la naturaleza de la auditoría de cuentas en tanto que credence good y, por tanto, robusto ante a) cambios en el nivel de competencia existente en el mercado de auditoría y b) la prohibición o no de desarrollar servicios de asesoramiento financiero a petición del cliente.

Para hacer frente a este problema, la investigación en auditoría ha propuesto distintas alternativas que tratan de mitigar el problema de información asimétrica. Algunos proponen la doble auditoría, que permitiría al cliente valorar la calidad del servicio prestado por dos auditores independientes de manera simultánea. Otros abogan por un proceso de inspección pública de la labor del auditor (como el que llevan a cabo el ICAC en España o la PCAOB en EE. UU.), cuyas conclusiones serían divulgadas públicamente con independencia de los resultados obtenidos.

Motivación social y provisión pública de los servicios de prevención de incendios

En cualquier caso, parece evidente que la privatización de los servicios de prevención de incendios, por su propia condición de credence goods, generaría más problemas que soluciones. Si bien, la provisión pública per se tampoco resuelve el problema de suboptimalidad en la prestación del servicio. De hecho, si los gestores públicos no confían en las unidades de prevención, por no poder observar el output del servicio, podrían intentar disciplinarlas reduciendo la asignación de recursos financieros y promoviendo otros servicios con un output directamente medible. De este modo, el problema de infradotación del servicio prevalecería, con las terribles consecuencias que observamos estos días.

No obstante, se podría argumentar que en un servicio como la prevención de incendios forestales, los trabajadores tienen incentivos no monetarios (respeto por el medio ambiente, conciencia de servicio público, etc.) que mitigan los problemas de azar moral vinculados a las asimetrías de información. Recientes estudios (se puede ver un resumen aquí y aquí) ponen de manifiesto que las personas con ese tipo de valores tienden a trabajar en la Administración o en entidades sin ánimo de lucro, y no tanto en el sector privado, por lo que, de nuevo, hay motivos para pensar que la desconfianza sería aún mayor con la privatización y los problemas de infradotación aumentarían.

En suma, no parece que la privatización permitiría mejorar las cosas. Por tanto, la cuestión no estriba en discutir quién debería prestar este servicio, si el sector público o el privado, sino en determinar cuántos recursos deberíamos asignar al servicio de prevención de incendios forestales en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias. Si como parece evidente, los medios actuales son insuficientes, tendremos que decidir qué programas de gasto debemos dejar de financiar a cambio para que la tragedia que hemos vivido estos días no vuelva a repetirse. Se trata en definitiva de una cuestión de elección pública que debemos resolver entre todos. Tú, ¿a qué estás dispuest@ a renunciar?
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Artículo publicado en el blog De Cigarras y Hormigas

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