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VALENCIA. En lo que llevamos de 2015 la mayor parte de los datos macroeconómicos son positivos. Sin embargo, la inestabilidad continúa llegando desde el Mediterráneo. Superada la fecha límite del 11 de mayo, continúa abierta la negociación con Grecia y el plazo se ha vuelto a extender otras dos semanas para intentar convencer a las autoridades griegas de que cumplan las condiciones. Sólo en ese caso se librará un nuevo tramo del segundo rescate de Grecia, unos 7.200 millones de euros, necesarios para que dicho país pueda hacer frente a sus obligaciones más perentorias.

En 2010 se aprobó el primer Programa de Asistencia Financiera (lo que generalmente conocemos como rescate) a Grecia, que duró desde mayo de dicho año hasta junio de 2013. En ese caso se concedieron 110.000 millones de euros, de los cuales 30.000 los aportó el Fondo Monetario Internacional (FMI en adelante) y el resto los países de la zona euro. El segundo rescate se acordó en 2011, antes de que acabara el primero, comenzando en marzo de 2012 y finalizando en 2014. Los cambios políticos y los incumplimientos han retrasado el final del rescate. En este caso la cuantía ascendió a 164.500 millones de euros, 19.800 aportados por el FMI y los restantes 144.700 por los países de la eurozona, a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.

Los rescates (no sólo los de Grecia, sino también los de Irlanda, Portugal y Chipre, así como el rescate bancario de España) se han caracterizado por la condicionalidad, recogida en los memorandos de entendimiento que firma el país rescatado con la Troika financiera (ahora denominada "instituciones", a petición griega), formada por el FMI, la Comisión Europea y el BCE. Las condiciones se refieren, normalmente, a reformas y medidas de ajuste económico centradas en la contención del gasto y la austeridad.

En el primer rescate a Grecia las medidas más destacadas fueron la reducción de los salarios de los funcionarios públicos en un 10%, así como de la extra de Navidad en un 30%, aumentándose la edad de jubilación desde los 61 a los 63 años. Las condiciones del segundo rescate se centraron en medidas de este mismo tipo, incluyendo la reducción del salario mínimo y el despido de funcionarios. El requisito es que dichos cambios se introduzcan en la legislación griega antes de librar los 7.200 millones. Es precisamente la no aceptación de las medidas pactadas lo que ha bloqueado esta última suma.

A Grecia se le está acabando el tiempo: aunque el pasado día 12 de mayo satisfizo el pago de 750 millones de euros al FMI, para ello tuvo que recurrir a un fondo de reserva del Banco de Grecia, que ha acabado aportando más de 600 millones. Además, internamente la situación tampoco es fácil: el gobernador del banco central griego ha sido crítico con la situación actual de la economía griega y ha dado a conocer que ya son 30.000 millones de euros los que han abandonado el país desde la llegada de Syriza al poder.

Con dicho fondo Grecia ha hecho frente también a la mitad de los sueldos de los funcionarios. Sin embargo, las dificultades de liquidez no van a hacer sino empeorar en los próximos meses. En concreto, de aquí a finales de agosto Grecia debe abonar unos 21.600 millones de euros, principalmente al FMI y al BCE, pero también debe atender a vencimientos de deuda a corto plazo. El Financial Times ha publicado un gráfico interactivo donde puede consultarse toda esta información.

Resulta muy difícil hacer predicciones sobre lo que puede pasar en las próximas semanas. Las opciones son limitadas: la primera de ellas es que se logre un acuerdo que salve la cara de las dos partes, instituciones y Grecia, permitiendo terminar el segundo rescate. Pero, teniendo en cuenta las obligaciones pendientes, lo que realmente está en juego es un tercer rescate, necesario para que Grecia pueda seguir haciendo frente a sus obligaciones y, probablemente, una segunda reestructuración de la deuda griega, situada en un 185% de su PIB.

La segunda opción es que Grecia abandone la zona euro, lo que se ha denominado el "Grexit". En este caso, el país heleno volvería a emitir su moneda, la dracma, que devaluaría respecto al tipo de cambio elegido en el momento de incorporación al euro (el uno de enero de 2001) en un porcentaje significativo. Asimismo, dado que la mayor parte de la deuda griega se ha emitido según la legislación nacional, dicha deuda también se transformaría a dracmas y, en el mejor de los casos, ello supondría una reestructuración y pérdidas para los acreedores (mayoritariamente instituciones como el FMI o el BCE y los países de la eurozona), aunque lo más probable es que afrontara una parte de sus obligaciones.

No es fácil que la antigua Troika ceda ante Grecia, puesto que la pérdida de credibilidad que acarrearía debilitaría a la zona euro en su conjunto. Sin embargo, es necesario, en cualquier caso, hablar de la reestructuración de la deuda griega. Porque ellos no son los únicos abrumados por el peso de la deuda soberana: por un lado, los países pequeños periféricos están abrumados por un 130% en Portugal o un 109% en Irlanda, mientras que en las cuatro grandes economías la deuda se sitúa entre el 136% de Italia y el 74% de Alemania, pasando por el 95% de Francia y el 98% de España. Existen ya diversas propuestas sobre cómo reconducir la deuda en la eurozona, algunas de ellas procedentes de la propia Alemania (se puede ver un resumen aquí). Si, a pesar de toda la inestabilidad que Grecia ha introducido, acabásemos realizando una conferencia de la eurozona sobre la reestructuración de la deuda, quizá habrá valido la pena.