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VALENCIA. Desde un primer momento, Mariano Rajoy presentó a los componentes del Ejecutivo que encabeza como el gobierno de los "técnicos", de "abogados del Estado", paradigma del rigor y la eficacia. Tal vez, sólo tal vez, el devenir posterior de su gestión haya difuminado esa imagen tan positiva ante la ciudadanía, con minucias como la gestión de la crisis del Ébola, o el caso Bárcenas, o la aparente impotencia con la que hemos asistido a tres años de durísima crisis económica, o la inacción del Gobierno respecto de la crisis catalana... Pero hay algo en lo que sí que hay que reconocerle al gobierno de Rajoy un sustrato inequívocamente jurídico, y es su gusto por recurrir a la legislación para acomodar la realidad a su criterio.

Es esta una práctica muy habitual en España (y no sólo en España): delinear una "España oficial", apoyada en las instituciones y en la legislación, generalmente afín a los poderes públicos y privados, mientras se da la espalda a la ciudadanía. Si la realidad no me gusta, cambio la ley, anuncio el cambio en el BOE, y ya tenemos una nueva realidad.

Esta semana hemos podido verlo en torno a una serie de asuntos. El más importante, la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, o "ley mordaza", pensada para reprimir el derecho de manifestación y protesta frente a los poderes públicos. Una ley manifiestamente inconstitucional en algunos aspectos (ya se sabe que la defensa de la Constitución puede hacerse, en ocasiones, desde posicionamientos inconstitucionales, si ello conviene al poder ejecutivo), pensada para desactivar las movilizaciones sociales y, muy particularmente, los escraches y protestas frente a los desahucios de viviendas.

Como tantas leyes desmesuradas que se hacen en España, está por ver si esta se aplica, y en qué medida. En primer lugar, por las mencionadas dudas respecto de su constitucionalidad. En segundo lugar, por la interpretación exacta que de sus apartados más impresentables haga el poder judicial (otros, en cambio, están pensados para que el poder judicial no interfiera, y así multar a placer a todo aquel que no proteste "dentro de un orden"). Y, sobre todo, porque parece evidente que esta ley no resistirá el paso del tiempo, y será derogada por cualquier gobierno que sustituya al actual del PP, incluyendo un hipotético gobierno de Gran Coalición PP-PSOE.

Sin embargo, mientras tanto Rajoy puede aplicar su criterio favorito a la realidad: adaptarla a sus necesidades. Si hay molestas protestas que afirman que España no va tan bien como a juicio del Gobierno hay que pensar que va, lo más sencillo es desactivar dichas protestas por decreto. Es más o menos la misma lógica que se ha aplicado en la activación del portal de la Transparencia (nunca un portal de la Transparencia fue tan poco transparente), o en el anuncio continuado de medidas contra la corrupción. Y, por supuesto, en las sucesivas proclamaciones de que la crisis terminaría pronto, estaría a punto de acabar o, como esta semana nos ha anunciado Rajoy, ya es historia. De, hecho, para celebrar que la crisis es historia, el Gobierno ha cogido otros 8000 millones de € de la hucha de las pensiones para pagar la extra de Navidad a los pensionistas, dado que, al parecer, las frías cuentas no se conmueven ante las flamantes declaraciones del presidente del Gobierno.

Los hechos derivan de las solemnes declaraciones del Gobierno. Y si con ello no basta, aplicamos el BOE. También es la lógica subyacente al conflicto que el Gobierno tiene abierto en Cataluña: frente a la insatisfacción de una parte considerable de los ciudadanos catalanes no llega desde el gobierno ni una propuesta, ni una alternativa, ni siquiera un mínimo de empatía: sólo llega el silencio, ocasionalmente roto por este o aquel decreto en el que se anuncia que todo sigue igual. Mientras tanto el independentismo, ajeno a toda regulación del BOE, continúa consolidando su hegemonía social.

El Gobierno, en resumen, no propone, sino que dispone. Dispone de una mayoría absoluta, un rodillo parlamentario que emplea, cada vez con más asiduidad conforme nos acercamos al final de la legislatura, para intentar que la situación social, económica y política no se le vaya de las manos. Con legislación represiva, a veces aplicada y a veces sólo anunciada como globo sonda, con amagos tan significativos como la abortada reforma de la Ley Electoral para los municipios (un intento de oficializar un pucherazo electoral abandonado sólo porque las cuentas, sencillamente, no le salen al PP).

#prayfor... ¡Google, no te vayas!

Sin embargo, en pocos asuntos el Gobierno ha logrado ejemplificar con más tino este criterio de acomodar la realidad al BOE como con la aprobación del "canon AEDE", según el cual los agregadores de noticias en Internet deberían pagar una compensación a los medios de comunicación españoles... por enlazar las noticias que los medios de comunicación españoles ofrecen en abierto en Internet. De hecho, en algunos casos, como el de Google News, son los propios medios los que solicitan ser incluidos en el agregador.

Resulta difícil entender en virtud de qué motivo, exactamente, habría que pagar a los medios por enlazar unos contenidos que dichos medios han puesto a disposición del público en abierto. Cuando, además, son los medios los primeros interesados en que sus contenidos se difundan lo máximo posible, y tanto es así que se preocupan por estar incluidos en los agregadores de noticias (Google News, en particular).

Pese a lo cual, y dado que la realidad "real" nunca fue un impedimento para el BOE y para los "emprendedores del BOE", el gobierno español y los editores españoles congregados en AEDE decidieron que los agregadores de noticias deberían pagar a los editores por un servicio que es beneficioso para los editores. Como respuesta, Google ha anunciado el cierre de Google News en España. Así que ahora los editores... ¡han exigido al Gobierno que adopte medidas para impedir que Google News cierre!

El ridículo es clamoroso. Y obsérvese cómo, una vez más, la solución ante cualquier problema es siempre el BOE. Ante la crisis de los editores de prensa por las dificultades para rentabilizar sus contenidos en Internet, BOE. Ante la amenaza de cierre de Google News, con la consiguiente pérdida de visitas para los editores, más BOE.

En el camino, como bien explica Eugenio Viñas en este magnífico artículo sobre el particular, el Gobierno y los editores han logrado, además, que Google aparezca a ojos de todo el mundo como "los buenos de la película". Lo cual tiene mucho mérito, si tenemos en cuenta que Google es una empresa global que se las ha apañado para no pagar impuestos en España (y en muchos otros países), ante la pasividad/impotencia de las autoridades españolas, por lo visto incapaces de emplear el BOE para que las multinacionales se sometan, aunque sea mínimamente, a la fiscalidad de los países en los que operan.