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VALENCIA. La 'línea roja' creada por Alberto Fabra se prepara para una nueva prueba de fuego. Este viernes, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Baleares volvió a imputar al vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia y presidente del patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCV), Alfonso Grau, por los contratos suscritos con el Instituto Nóos -dirigido por Iñaki Urdangarín- para los Valencia Summit.
En el auto hecho público ayer, la Audiencia estima los recursos interpuestos por Manos Limpias así como por el grupo municipal del PSPV de Valencia contra la decisión del juzgado de Palma de sobreseer la causa respecto a Alfonso Grau, a quien sitúan en el nuevo escrito como "impulsor de la concertación" con Nóos. De esta forma, con esta resolución, todo apunta a que el número dos de Rita Barberá terminará por sentarse en el banquillo de los acusados.
Ahora, el siguiente paso a llevar a cabo será, en un plazo de diez días hábiles, la presentación del escrito de acusación y de defensa por las correspondientes partes y, a continuación, el auto de apertura de juicio oral que fijaría la fecha del mismo.
La noticia cogía por sorpresa al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia y, como ella misma declaró, a la propia alcaldesa, Rita Barberá. "La verdad es que no lo esperaba y lo siento profundamente", aseguró la máxima responsable municipal, quien no quiso aventurar ninguna próxima actuación. Lo cierto es que el contenido del auto fue, como admitía un concejal del consistorio a este diario, "totalmente inesperado".
Otro dato que lo corrobora es que recientemente, el PP venía realizando una encuesta telefónica de cara a las elecciones locales y una de las preguntas que se formulaba a los entrevistados tenía que ver con el grado de conocimiento de Grau y su valoración. Un ejemplo de que el número dos de Rita Barberá estaba en el círculo de confianza de la lideresa e incluso con opciones para tomar la vara de mando si fuera necesario.
'LA LÍNEA ROJA' ENTRA EN JUEGO DE NUEVO
Ahora, con el 'reimputación' de Grau y la correspondiente fecha de una apertura de juicio oral flotando en el ambiente, este asunto pasa a convertirse en un nuevo caso para la llamada 'línea roja' de Fabra contra los casos de corrupción. Esta doctrina, una de los caballos de batalla del jefe del Consell a lo largo de la legislatura, fija la imposibilidad de presentarse en una candidatura del PPCV si el dirigente se encuentra imputado (o, evidentemente, procesado) por una causa de corrupción.
Además, en los casos en los que el puesto depende directamente del presidente se procede a la destitución del dirigente implicado. Una medida drástica con la que Fabra ha tenido problemas en el seno del partido tanto con miembros del PPCV como con la dirección nacional, cuya posición ha sido mucho más laxa. Ahora bien, como ya informó este diario, los problemas que atraviesan los 'populares' por su tratamiento de estos casos -la reciente Operación Púnica-, la caída en los sondeos y el segundo puesto que ocupa la corrupción en la lista de preocupaciones de los españoles según el CIS, han hecho que desde Génova empiecen a mirar con otros ojos la iniciativa que Fabra ha llevado adelante en los últimos años.
Por otro lado, la 'línea roja' también ha tenido sus sombras. Las actas personales (diputados, alcaldes y concejales) han sido una fuente de problemas para Fabra. No obstante, en esta recta final de la legislatura el presidente ha ido logrando buena parte de sus objetivos en esta cruzada: los parlamentarios imputados han abandonado el escaño por goteo (solo quedan Ricardo Costa y Yolanda García por Gürtel y Felipe del Baño por un posible delito de prevaricación administrativa) y uno de los casos más difíciles, el de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, parecía atajado tras asumir la dirigente municipal que no podría repetir como candidata en su actual situación (doblemente imputada).
En esta línea, la propia portavoz del Consell, María José Catalá, anunció este viernes que el Gobierno valenciano y el ministerio estaban dialogando para tomar una decisión respecto a los presidentes -ambos imputados en distintos casos- de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, y su homólogo de Alicante, José Joaquín Ripoll. Precisamente éste último ha sido uno de los casos que más se le ha afeado a Fabra internamente, puesto que lo situó y mantuvo en el puesto toda la legislatura a pesar de encontrarse imputado.
LA POSICIÓN DE RITA BARBERÁ EN ESTA CRISIS SERÁ CLAVE
No obstante, y justo cuando el presidente empezaba a ver una pequeña luz al final del túnel en este penoso trayecto, ha encontrado en el camino un nuevo obstáculo con el que deberá lidiar. Fuentes del consistorio preguntadas este viernes por la 'reimputación' de Grau manifestaban desconocer la decisión del vicealcalde que, a buen seguro, se producirá en estrecho diálogo con Rita Barberá.
En general, los miembros del equipo consultados por este diario apuntaban a que habría que "esperar a los siguientes pasos judiciales" y también había quien se aferraba a la doctrina Botín como una posibilidad de salvar el 'matchball' para Grau, dado que solo han permanecido los socialistas valencianos y Manos Limpias como acusación popular en el proceso. Una posibilidad que, a priori, no sería descartable para algunos expertos.
De todos es conocido que Barberá y Fabra no mantienen la mejor sintonía casi desde que el jefe del Consell accedió al poder. Todavía con ciertas dudas en el ambiente sobre si el actual presidente será el candidato a la Generalitat dentro de seis meses, la situación del vicealcalde Alfonso Grau puede conviertirse en una piedra en el zapato para Fabra si los trámites judiciales prosiguen su curso con el número dos de Barberá en su puesto.
En este sentido, fuentes 'populares' admiten que de producirse este hecho menoscabaría la autoridad de Fabra, dado que pondría de manifiesto que no puede ejercer ningún tipo de presión a la alcaldesa de Valencia. Por otro lado, la propia Barberá también deberá decidir si se sube al tren de la 'línea roja' del presidente o prefiere que su número dos se enroque en el cargo aunque ello suponga un desgaste difícil de cuantificar. Con este escenario, fuentes 'populares' del consistorio consultadas por este diario estiman que si Grau se ve abocado definitivamente al banquillo tal y como apunta la situación actual, la decisión de abandonar el cargo sería la más probable.
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