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VALENCIA. Marzo de 2011. Les Corts Valencianes aprobaban con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción de EU, que se abstuvo, una reforma del Estatuto dirigida a blindar las inversiones territorializadas en la Comunitat Valenciana en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Es decir, ajustar las partidas que se destinen a la población existente en la región: simplificando, recibir algo más de un 10% de las inversiones del Estado. Una cifra muy alejada de lo que cada año el Gobierno central viene enviando a la Comunitat Valenciana.

Este miércoles, cuatro años y medio después, el Congreso de los Diputados acordó -con la cámara casi vacía en el debate- la toma en consideración de la reforma estatutaria valenciana con el respaldo de casi todos los grupos parlamentarios -UPyD votó en contra- y, de esta manera, dio luz verde a la tramitación de esta remodelación que deberá acometerse ya en la próxima legislatura. Una iniciativa que, en este tiempo, el Partido Popular se ha encargado de aplazar en varias ocasiones para evitar conflictos interautonómicos: ahora, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina y a sabiendas de la imposibilidad de que entre en el calendario parlamentario de la legislatura que se agota, ha decidido apoyar la reforma en forma de patada hacia delante.

Bien es cierto, y así lo defendió el representante 'popular' enviado por Les Corts, Jorge Bellver, y su compañero de partido, Gerardo Camps, que la reforma la impulsó a finales de 2010 el PP en la cámara valenciana por orden del entonces presidente, Francisco Camps. También lo es que quien gobernaba entonces en La Moncloa era el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La iniciativa no llegó a debatirse en la anterior legislatura y pasó la actual, ya con Mariano Rajoy presidente, pero el PP nacional no estaba interesado en abrir ese melón y por eso ha pospuesto el debate hasta entrar en la recta final de la legislatura. 

Esta reforma estatutaria, por otro lado, no será la panacea que necesita la Comunitat Valenciana. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional, y así lo reflejaron algunos de los diputados intervinientes, pese a que consideró válidas este tipo de cláusulas que también incluyeron catalanes y andaluces en sus respectivos textos estatutarios, ha dictado sentencias en las que deja al Gobierno manos libres para no verse obligado a cumplir con las exigencias que requieren las autonomías en sus particulares cartas magnas. De hecho, y tal y como afearon al PP algunos de los diputados en el debate, los 'populares' sacaron adelante este mismo miércoles los PGE para 2016 sin aceptar ninguna de las enmiendas de la oposición, lo que deja las inversiones a la Comunitat Valenciana por debajo de lo que, precisamente, refleja la reforma estatutaria.

No obstante, y pese a las dudas de la efectividad que pueda tener la iniciativa, el valor simbólico de lo acontecido este miércoles en el Congreso de los Diputados es notable. Lo recordaba el portavoz socialista, Manuel Mata, enviado desde Les Corts para defender la reforma: "La paraula es l'home (i la dona, añadió). Y la palabra dada, verbalmente, vincula a los valencianos. Los que voten hoy a favor darán su palabra". Un aviso para remarcar que ahora la reforma seguirá adelante y que, tras la votación, los parlamentarios ya han comprometido con su voto la exigencia de unas inversiones acordes a la población. En esta línea, más contundente fue el síndic de Compromís, Fran Ferri, quien evocó la riada de 1957 para afirmar: "Hasta aquí ha llegado la paciencia de los valencianos. Nos hemos cansado de callar y pagar: y no se equivoquen, cuando callan los políticos, hablan los pueblos".

EL PROBLEMA VALENCIANO QUE ACUÑÓ XIMO PUIG

De esta manera, con lo acaecido este miércoles en el Congreso, donde hubo foto de familia de toda la delegación valenciana unida, se da un paso en dirección hacia el término acuñado por el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien varios meses atrás habló de la necesidad de crear "el problema valenciano".

Una idea que tiene su esencia en la otra gran batalla que debe librarse en los próximos meses también en Madrid: la de reformar el sistema de financiación autonómico para que la Comunitat Valenciana salga a flote. Otra causa también de común acuerdo entre todos los grupos parlamentarios de Les Corts pero que en la actual legislatura el PP no se ha decidido a abordar.

Sobre este asunto, Puig ha aceptado la tesis de Compromís de acudir a los tribunales si no se abre de inmediato una vía de diálogo y, de hecho, se estudian desde la Generalitat los posibles caminos judiciales a seguir para forzar la apertura de este debate. Una medida que apunta a ponerse en práctica incluso antes de las elecciones generales del próximo mes de diciembre.

Con estas decisiones, se evidencia el deseo del jefe del Consell de que su concepto del "problema valenciano" empiece a tomarse en consideración en Madrid. Una estrategia basada en dejar de ser una autonomía cómoda y sumisa para tomar la iniciativa en los puntos clave que pueden definir el statu quo de la Comunitat Valenciana en la próxima década. 

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