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VALENCIA. El Consell se ha marcado un plazo de "días" para solventar la situación de las cúpulas directivas de las dos autoridades portuarias de la Comunitat Valenciana, la de Valencia y la de Alicante. En ambos casos, sus presidentes están llamados a declarar como imputados por casos que se investigan en los tribunales. Rafael Aznar tiene que declarar como imputado en un juzgado por presuntas irregularidades en la gestión del Puerto de Valencia, mientras que José Joaquín Ripoll lo está por el caso Brugal.

Català ha asegurado que el Consell se ha dado "unos días" para negociar con el Ministerio de Fomento, de quien depende conjuntamente la APV, una solución. "La semana que viene la podremos dar", ha señalado la consellera, sin especificar si la respuesta a la imputación de los dos presidentes de los puertos será apartarlos o no del cargo, si bien todo apunta a que sí.

"Es una decisión de las dos administraciones, pero el Consell propondrá y será el Ministerio de Fomento el que decida", ha dicho Catalá, que en todo caso ha dejado entrever que si por el Gobierno valenciano fuera aplicaría la línea roja de Fabra que obliga a apartar de los cargos públicos a los imputados por corrupción. 

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