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VALENCIA. Vivimos en España un período de cambio (ya veremos con qué grado de profundidad), motivado por la puesta en crisis de los fundamentos de nuestra sociedad desde muchos puntos de vista: el económico, sin duda, pero también el político e institucional. Las alternativas que se postulan para sustituir al actual entramado político-institucional español, que gira en torno a los dos grandes partidos, suelen utilizar a menudo la palabra "casta" para definir dicho entramado y a los que viven de él, abusando de su posición de predominio para adquirir todo tipo de prebendas y privilegios a costa de la sufrida ciudadanía.

Sin duda, se hace mucha demagogia con la palabra "casta", que casi se ha convertido en la imagen de marca de partidos como Podemos. El problema es que da la sensación de que buena parte de dicha demagogia viene luego refrendada por los hechos. Y de ahí buena parte del éxito de los movimientos políticos y sociales opuestos a ella: la "casta" les hace casi todo el trabajo. Y esta semana hemos vivido, sin duda, momentos particularmente significativos al respecto.

TARJETAS EN NEGRO PARA DIRECTIVOS DE CAJAMADRID

El más espectacular, sin duda, la auditoría interna de Bankia que desveló el sistema de tarjetas "Black" (en negro, como su propio nombre indica) para que los directivos de Cajamadrid pudieran cargar en ella todo tipo de gastos. Un sistema del que prácticamente todos los que disponían de una de estas tarjetas se beneficiaron, lo que abarca tanto a partidos políticos como a sindicatos, y a dirigentes tan significados como el propio Rodrigo Rato.

Las cantidades, globalmente, no resultan significativas, si las comparamos con la enormidad del agujero de Bankia (ese agujero que en su día, según se deslizó desde diversos foros y medios de la capital, provenía casi íntegramente de los desmanes de los valencianos de Bancaja, que la pobre gente de Cajamadrid habría tenido que asumir). Pero individualmente consideradas, son escandalosas. Porque son cantidades elevadas y, sobre todo, porque podemos constatar que la gran mayoría de los directivos de Cajamadrid (entre ellos, personas con responsabilidades directamente vinculadas con la persecución de este tipo de prácticas, como José María Buenaventura, jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda) se aprovecharon de esta posibilidad, como puede verse en este gráfico (elaborado por la cuenta de Twitter @NoteZirve a partir de datos de la auditoría de Bankia).

Este asunto constituye un nuevo ejemplo de que una parte más que representativa de nuestra clase dirigente confunde a menudo el servicio público con el servicio a uno mismo. Que está en política no para servir a los ciudadanos, sino para servirse de ellos. Tomando todos los atajos que sean precisos en pro del lucro personal. En este caso concreto, resulta demasiado fácil (¿populista?) establecer una ligazón entre los estafados por las preferentes de Cajamadrid y las tarjetas black de sus directivos para que se comprasen lo que fuera menester.

Buena parte del problema con la famosa "Casta" española deriva de la absoluta falta de control, propiciada en ocasiones, cabría añadir, por el clima de connivencia (de los medios de comunicación, los empresarios, y por supuesto la propia clase política), en que se han producido este tipo de prácticas. Podemos citar el caso Pujol, que estalla ahora, pero llevaba treinta años arrastrándose, o los papeles de Bárcenas (en los que los políticos figuraban como beneficiarios, pero esto era así gracias a las generosas "donaciones" de diversos empresarios españoles), como muestra de un sistema más que asentado de sobresueldos e ingresos ocultos, tolerado o ignorado por la mayoría hasta que determinadas circunstancias coyunturales aconsejaron, a algunos de los que conocían estas prácticas, hacerlas públicas. Porque les beneficiaba hacerlo, naturalmente. Es decir: por el bien propio, una vez más.

CAÑETE, EN DIFICULTADES

Por esa razón, sólo es sorprendente en parte que alguien como Miguel Arias Cañete, aspirante a ocupar un puesto en la Comisión Europea, esté pasando por tantas dificultades en la fiscalización de su candidatura por parte del Parlamento Europeo, como también hemos podido ver esta semana. A los europarlamentarios no les gustan los comentarios machistas de Arias Cañete, pero aún les gustan menos sus intereses económicos en algunos de los sectores que tendría que supervisar. Y, sobre todo, es poco probable que estén entusiasmados por las revelaciones de cómo la mujer de Cañete se benefició de subvenciones otorgadas por el ministerio de Agricultura durante la etapa de su marido como ministro.

Tal vez los europarlamentarios sean muy quisquillosos, pero también puede ser que el problema resida en la impunidad y descontrol con que se hacen las cosas en España, que llevan a presentar un candidato tan poco presentable como Arias Cañete, o -por poner un ejemplo hoy muy en boga- a tener a un exmilitante del PP como presidente del Tribunal Constitucional. Y un largo, larguísimo, etc.

DE CASTA LE VIENE AL CASTOR

El BOE del sábado suele ser pródigo en sorpresas y resoluciones impopulares o discutibles del Consejo de Ministros que se "cuelan" aprovechando el fin de semana. En esta ocasión, hemos visto cómo se anunciaba el pago de 1350 millones de euros a la empresa Castor en concepto de compensación por el cese de sus actividades. Una decisión en la que, hay que decirlo, buena parte de la responsabilidad no le corresponde al actual Gobierno, sino al anterior, pues fue el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero el que pactó unas condiciones tan ventajosas con el consorcio Castor (propiedad del presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez).

El almacén de gas de Castor, ubicado a 21 kilómetros de la costa de Castellón, cesó su actividad por orden del Gobierno de Mariano Rajoy, por un problemilla sin importancia: sus inyecciones de gas estaban provocando terremotos en la zona de Vinaroz. Uno se imagina a Florentino Pérez como refinado supermalvado de las películas de James Bond, provocando terremotos desde un sistema de control remoto en el palco del Real Madrid.

El toque español del asunto residiría en que Pérez, mientras provocase los terremotos, estaría departiendo agradablemente con los máximos dirigentes políticos y empresariales españoles, en la confianza de que, a fin de cuentas, ya le devolverían los ciudadanos españoles, a través de la factura del gas, el dinero que costó montar su sistema de terremotos.

#PRAYFOR... PEDRO SÁNCHEZ Y LOS FUNERALES DE ESTADO

Por si acaso la semana no hubiera dado lo bastante de sí, apareció, una vez más, Pedro Sánchez. Y apareció varias veces, además. Primero, en Twitter, donde Sánchez anunció su solemne propósito de que las víctimas de violencia de género recibieran un funeral de Estado, como las víctimas del terrorismo. Una idea que se define (se descalifica) por sí sola: como si los allegados de las víctimas fuesen a recibir algún consuelo al ver cómo su último adiós a un ser querido se convertía en un fasto protocolario. Por no hablar de las víctimas en sí, seguramente poco reconfortadas al ver cómo la gran propuesta del líder de la oposición consiste en tomar medidas... Después de su asesinato.

Una idea que, por desgracia para él, también contribuye a que nos hagamos una idea cabal de cuáles son las prioridades de Pedro Sánchez: lanzar soflamas y proclamaciones por doquier, aunque carezcan de sentido y revelen mucho sobre las carencias de Sánchez como candidato y dirigente. Porque está muy bien desarrollar una estrategia de presencia constante en los medios, también en programas como Sálvame. Pero el problema es que luego no haya nada sustantivo que decir. O, peor aún, que la cosa derive en hacer promesas que dan vergüenza ajena, como el mencionado funeral de Estado, o proclamar que ahora el PSOE debería denominarse ESOP.