Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• El 'problema valenciano' en medio de la contienda catalana
  
• Asante Sana!
• El silencio educativo

VALENCIA. Hacía tiempo que no oíamos hablar de las agencias de calificación, excepto para constatar ciertas mejoras. Tras la convocatoria de la "consulta", Fitch (la única agencia europea) ha dicho que la deuda catalana, que se encuentra sólo un nivel por encima del bono basura, sería degradado a esa condición de seguir adelante el proceso separatista.

Cabe, en este momento, preguntarse por la situación del endeudamiento de las Comunidades Autónomas (CCAA en adelante) en España y situarlas en el contexto que es relevante para nosotros, el europeo. Precisamente hace unas semanas el Deutsche Bank publicó un monográfico con un análisis comparativo de la deuda regional y local en los países de la Unión Europea. En él muestran que la deuda de las autoridades regionales y locales alemanas es la mayor de la UE, llegando casi a los 800.000 millones de euros, unas tres veces el tamaño de su equivalente en España, que alcanza los 230.000 millones y ocupa el segundo lugar. Respecto a su composición, el 47% de la deuda alemana regional la forman emisiones de bonos, frente a un 24% en España o, por ejemplo, un 6% en Francia y un 20% en Italia. El resto lo forman créditos concedidos por los bancos.

Ahora que se quiere abrir el debate para perfeccionar el esquema federal (¿confederal?) de nuestro país, uno de los hechos más destacables que resultan de la comparación anterior es que las Comunidades Autónomas españolas son el nivel de gobierno regional europeo, junto con los Länder alemanes, a los que se atribuye un mayor porcentaje de los impuestos recaudados. En concreto, un 66% en España frente al 49% de los "Länder".

En el Reino Unido esta cifra es de tan sólo un 5%. Respecto al gasto, vuelven a ser España y Alemania los países en cabeza, con un 54% y un 60%, respectivamente. En cambio, en Gran Bretaña, Gales o Escocia, por ejemplo, tienen tan sólo capacidad de decisión sobre un 23% del gasto. Al margen de los ingresos por impuestos, algunas regiones europeas tienen capacidad de endeudamiento acudiendo a los mercados.

Existe, no obstante, una tendencia a crear (por ejemplo en Francia y Gran Bretaña) organismos para que las regiones o los gobiernos locales emitan deuda conjuntamente. Fue Suecia, en 1986, el primero en crear una agencia de financiación municipal para captar fondos y reducir el coste de financiación. En Alemania no se usa esta fórmula y, cuando existe emisión conjunta, la garantía es proporcional para cada Länder.

Centrándonos en el caso español, la deuda autonómica supone alrededor de un 25% de la deuda total del Reino de España. En la Tabla 1 puede apreciarse el volumen de deuda en euros y en porcentaje del PIB de la región. El gráfico 1 complementa la tabla de forma muy visual y muestra las enormes cifras de las que estamos hablando.

Marcadas en rojo, la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha superaban en 2013 el 30% de su PIB regional, mientras que Cataluña con el 29.9% se acerca a ese límite. Por volumen absoluto, es Cataluña la más endeudada, con unos 60.000 millones de deuda, seguida por Valencia con 31.000 y Andalucía con 24.000. En el otro extremo se encuentran Madrid (12% de su PIB), País Vasco (13%) y Asturias (14%).

Es notable que las CCAA menos endeudadas son muy diferentes entre sí: por tamaño, por densidad de población y por régimen de financiación. Tienen bajo endeudamiento comunidades con diferentes sistemas de financiación (el cupo en el País Vasco y el sistema general en Madrid y Asturias), con diferentes estructuras productivas (más industriales unas y de servicios la otra) y con 6.5 millones de habitantes en Madrid, 2 millones de vascos y 1 millón de asturianos. Por tanto, no parece que el régimen de financiación sea el único factor que explica la diversidad de situaciones encontradas. Aunque no es éste el tema de este artículo.

Cuando las emisiones de deuda están garantizadas por el nivel superior de gobierno de forma explícita, ambas emisiones, las de los subniveles de gobierno y las del gobierno central tendrían el mismo riesgo y también la misma calificación crediticia (ese es el caso del ICO en España). Sin embargo, la mayoría de las veces dicha garantía es sólo implícita y ello explica que no todas las regiones tengan el mismo "rating" que el país del cual forman parte.

En Alemania, a pesar de que su deuda soberana cuenta con la triple A (AAA), sólo los Länder considerados más solventes tienen la misma calificación (gráfico 2). A veces puede ocurrir también lo contrario: que algunas regiones tengan mejor calificación que su país de origen. Por tomar un ejemplo, Fitch califica la deuda española como BBB+ en la actualidad, mientras que el país Vasco tiene un escalón más (A-). Cataluña se encuentra en BBB- (dos escalones menos que el conjunto de España), lo mismo que la Comunidad Valenciana. Algo semejante ocurre en Italia con Trento (A-) o con Bolzano(A-), que superan la calificación de su país (BBB+).

Pero lo relevante es qué repercusiones han tenido estas diferencias de valoración sobre el acceso de las CCAA a la financiación en los mercados. En 2014 (entre enero y abril) sólo algunas CCAA han emitido deuda: Aragón, País Vasco, Castilla-León, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra. El volumen ha sido algo más de 6.000 millones de euros y el coste ha oscilado entre el 2% y el 5%, dependiendo del emisor y del plazo de vencimiento. Pero hay una serie de regiones (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia) que no tienen acceso al mercado. Son las regiones del FLA.

Lo mismo que en el caso de la Administración Central, las CCAA se vieron prácticamente excluidas del mercado del crédito cuando en 2011 la prima de riesgo comenzó a crecer. Sólo algunas continuaron realizando emisiones, aunque sólo a corto plazo (3 años o menos). La falta de liquidez llegó a resultar tan angustiosa que hubo que diseñar un primer mecanismo a través del ICO: el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP), por un total de 35.000 millones de euros y consistente en préstamos a 10 años para pagos de facturas a proveedores emitidas con anterioridad al 1 de enero de 2012. Sin embargo, esto no fue suficiente y en julio de ese mismo año se crea el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que proporcionaba mejores condiciones de financiación pero a cambio de condicionalidad.

Entre 2012 y 2013 se ha inyectado a 9 de las 17 CCAA un total de 39.100 millones de euros, habiendo comprometido otros 23.000 millones en 2014. De los 12.000 concedidos durante la primera mitad de este año, el 80% lo han recibido Andalucía, Cataluña y Valencia. ¿Qué implica la participación en el FLA? En general, ello permite a las CCAA acceder a financiación a largo plazo (10 años más 2 de carencia) prácticamente al mismo precio que el gobierno central (sólo 10 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro a 10 años). Ello ha supuesto un ahorro (en los peores momentos) de hasta 100 puntos básicos.

¿Cómo funciona el FLA? Antes del 30 de septiembre de cada año las regiones deben hacer saber sus necesidades de financiación para el año siguiente. El gobierno lo incorpora a su propio programa de emisiones y les cede a las CCAA los fondos requeridos mediante un préstamo (garantizado por la recaudación impositiva atribuida a las regiones). Las CCAA están sujetas a condicionalidad, muy semejante al mecanismo que funciona en la eurozona para los países intervenidos.

Ello implica que cualquier operación de endeudamiento debe ser aprobada por el Tesoro, incluso créditos a corto plazo. Ante desviaciones del plan de ajuste presupuestario pactado se puede llegar a producir una intervención directa sobre las cuentas de la región. Finalmente, si se suman todos los fondos aportados hasta el primer trimestre de 2014, el FLA ha supuesto una inyección total de casi 75.000 millones de euros.

La gran pregunta que cabe hacerse es cuándo las CCAA dejarán de depender del FLA. A la espera de conocer las peticiones que se realicen para 2015, la variable determinante es la recaudación impositiva. Hasta que las arcas públicas de las CCAA no vuelvan a sus niveles "normales" de ingresos la situación continuará siendo la misma: la mayor parte de la población española (por encima de un 60%) se encuentra en regiones FLA.

Recordemos que un escalón por debajo de BBB- están los bonos basura. Pero la calificación de España está sólo dos tendencias por encima de la de la deuda catalana. De nada servirá el esfuerzo realizado buscando reequilibrar la economía si la inestabilidad política rebaja la calificación no sólo de la deuda catalana, sino de la española. Y en ese caso ¿quién rescatará al FLA?