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En países como Noruega, con más tradición democrática y mayores dotaciones de capital social, las entidades financieras públicas pueden permanecer al margen de la influencia política. En lo referente a nuestro país, conviene ser realista

VALENCIA. El pasado 27 de Febrero, el Fondo para la Restructuración Ordenada Bancaria dio el pistoletazo de salida para la privatización de Bankia, al colocar en el mercado una participación equivalente al 7,5% del capital de la entidad. El precio de colocación (1,52€) incorpora un pequeño descuento con respecto a la cotización del día anterior que, sin embargo, no ha impedido al Estado obtener plusvalías próximas a 135 milllones de euros.

Como es bien sabido, la entrada del FROB en el capital del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, no pretendía constituir un banco público con margen de maniobra para influir en la actividad económica, sino que tenía por objeto restaurar el equilibrio patrimonial de la entidad para evitar un agravamiento de la crisis bancaria en nuestro país. Por ello, era previsible que el gobierno procediera a privatizar la entidad nacionalizada en cuanto las condiciones de mercado lo permitieran. De hecho, en las semanas precedentes a la venta del 7,5% de las acciones de Bankia, el director general del FROB, Antonio Carrascosa, había anunciado que el proceso privatizador era inminente y que la intención del gobierno es completarlo en un plazo no superior a dos años.

No a la banca pública

Sin embargo, dado el alcance de la crisis en España, distintas opciones políticas habían reclamado al gobierno que articulara en torno a Bankia un proyecto de banca pública, con la intención de a) asegurar el acceso de empresas y familias a la financiación en un contexto de restricción del crédito, y b) evitar que la entidad -un actor principal de la escena bancaria española- fuera objeto de adquisición por parte de algún grupo extranjero.

A este respecto, los partidarios de la banca pública suelen invocar el ejemplo de la crisis bancaria en los países nórdicos a finales de los años 80. Al recapitalizar con fondos públicos los bancos insolventes, los gobiernos de Noruega y Suecia se alzaron con participaciones de control en distintas entidades financieras, que han mantenido en su activo durante un dilatado periodo de tiempo.

De hecho, no antes del pasado mes de septiembre, el gobierno sueco vendió sus últimas acciones en Nordea, veinte años después de que el país superara la crisis. Y el gobierno noruego todavía conserva una minoría de bloqueo en el banco rescatado Den Norske Bank (DNB), que utiliza como escudo protector ante la entrada de capital extranjero.

El gobierno español ha dejado meridianamente clara su postura al anunciar la venta de las acciones de Bankia en un plazo no superior a 24 meses, aunque escalonando la oferta de venta de acciones para evitar que colapse su cotización bursátil. Se impone por tanto la visión de que los poderes públicos deben sentar las bases del marco de regulación y supervisión propio de la actividad bancaria, pero en ningún caso convertirse en juez y parte, suministrando servicios bancarios a la sociedad y, al mismo tiempo, disciplinando a las entidades financieras de capital privado con las cuales compiten en el mercado.

En Noruega, por ejemplo, se ha intentado mitigar el problema otorgando la propiedad de DNB al Ministerio de Industria, y no al Ministerio de Finanzas, que se encarga de la regulación bancaria. Pero incluso segregando en dos ministerios las funciones mencionadas, siempre existe el riesgo de politizar la gestión de las entidades financieras públicas, priorizando objetivos sociales alejados de la maximización del valor para el accionista.

En España conocemos bien las consecuencias últimas que sobrevinieron al mezclar intereses públicos y privados en la gestión de las cajas de ahorros. Es posible que en países como Noruega, con más tradición democrática y mayores dotaciones de capital social, las entidades financieras públicas puedan permanecer al margen de la influencia política. En lo referente a nuestro país, conviene ser realista.

¿Sí a la banca extranjera?

Antes que el modelo noruego o sueco, la privatización de Bankia parece inspirada por el modelo seguido en la venta del banco público británico Lloyds Bank. Al igual que Bankia, Lloyds ha vuelto a obtener beneficios en 2013, y el valor de cotización de las acciones ha aumentado notablemente en el último ejercicio. El Tesoro británico ha aprovechado recientemente la oportunidad para colocar en el mercado un 6% de su participación en el banco, que queda reducida a un 32% del capital de la entidad. Aunque oficialmente el gobierno no se ha pronunciado al respecto, se da por hecho que la operación habrá concluido antes de las elecciones previstas para Mayo de 2015.

Por el tamaño de ambas entidades, un aspecto crítico del proceso es la identidad del grupo que finalmente acceda al control de las entidades nacionalizadas. El gobierno británico ha dado muestras en el pasado acerca de su neutralidad en las operaciones corporativas transnacionales que afectan a su sector bancario. Del mismo modo que hace diez años el Banco de Santander se hizo con el control de Abbey National, no es descartable ahora que alguna entidad financiera extranjera adquiera finalmente las acciones de LLoyds Bank.

¿Adoptará el gobierno español la misma postura en este caso? El antecedente de NovaCaixaGalicia, adquirida por el banco venezolano Banesco, parece indicar que sí. No obstante, debido a la importancia relativa de Bankia en el mercado español, con una penetración significativa en todas las regiones españolas, la operación podría plantear más dudas.

Mucho se ha escrito sobre la implosión de la banca regional y sus consecuencias para la financiación de la pequeña y mediana empresa española. Por mucho que nos duela, aquella banca relacional, con oficinas en cada rincón de España, ya no volverá. Conviene valorar el futuro desde una nueva perspectiva, que tenga en cuenta la transformación necesaria de nuestro tejido productivo hacia un modelo de empresas más grandes con presencia internacional. En este sentido, contar en España con un banco de tamaño significativo, bajo control de una entidad financiera extranjera, sería la inevitable consecuencia de la evolución de la economía real.

En el nuevo modelo de gestión al cual nos dirigimos, la banca extranjera podría aumentar la competencia en el sector bancario español, cada día más concentrado en torno a unas pocas entidades financieras, introduciendo nuevas técnicas de gestión que propiciaran una reducción de los costes de explotación. Los detractores de la banca extranjera argumentan que en las crisis, los bancos extranjeros tienen menos reticencias a la hora de reducir el crédito a empresas y familias, contribuyendo a acentuar las oscilaciones del ciclo económico. Otros argumentan que la banca extranjera es el principal factor de contagio financiero entre países.

La evidencia empírica, sin embargo, no avala este tipo de planteamientos. Ni el comportamiento de los bancos extranjeros difiere del observado en los bancos nacionales durante los periodos de crisis, ni las turbulencias financieras en los mercados de origen parecen influir en el comportamiento de los bancos en los mercados de expansión. En general, los bancos aprovechan su presencia en otros mercados para mitigar las crisis en sus mercados domésticos.

A modo de ejemplo, la expansión internacional de los dos grandes bancos españoles les ha permitido superar la crisis con mayor comodidad, asignando más recursos a los países que registran un mayor crecimiento económico. De hecho, los países en los cuales operan estas entidades no parecen haber sufrido una reducción del crédito asociada a la crisis bancaria española.

De entrada, los resultados de la primera fase del proceso de privatización indican que el 99,5% de las acciones de Bankia ha sido adquirido por inversores extranjeros, en su gran mayoría fondos de inversión con domicilio social en el Reino Unido o los Estados Unidos. Se trata de una venta muy dispersa que no permite identificar a un potencial comprador extranjero. Pero el interés internacional que ha despertado la privatización de Bankia no permite descartar esta posibilidad. Vender Bankia a un banco extranjero sería una prueba de madurez y modernidad.