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VALENCIA. Ahora que se cumple el centenario del estallido de la Primera Guerra Mundial, abunda la información sobre los inicios de la contienda. Fueron muchos los errores de todo tipo cometidos durante las primeras semanas de una guerra que todos pensaron iba a ser breve. El siglo XX había comenzado y, en realidad, existía un enorme desequilibrio entre el alcance y efectividad del armamento y la organización de los ejércitos e incluso la formación de sus altos mandos. Dichos errores generaron desconfianza y vacilaciones entre los propios aliados a ambos lados.

En concreto, hubo un momento clave, tras el repliegue francés y británico hacia París y que desembocaría en la batalla del Marne a principios de septiembre. Los británicos querían replegarse hacia el mar, mientras que los franceses sabían que el ataque alemán no se haría esperar y les pidieron cooperación para cerrar el espacio entre la quinta y sexta armada francesas.

En una muy tensa reunión en el castillo de Vaux-le Pénil, el británico French finalmente accedió a apoyar al francés Joffre con una frase que reflejaba sus propias limitaciones: "Mis hombres harán lo que sea humanamente posible". La acción conjunta frenó el avance enemigo y lo desvió de París, y aunque los británicos actuaron lentamente y eran pocos, la presencia de los dos aliados reforzó el ánimo de los franceses y preocupó a los ocupantes.

En la Unión Europea el nuevo siglo comenzó con la llegada del euro. También ésta se produjo mucho antes de que sus instituciones, las de los países miembros y sus propios gestores, estuvieran preparados para afrontar una unión monetaria dentro de una unión económica incompleta. En realidad, la única institución que tenía con un mandato claro derivado de sus Estatutos (recogiendo sus obligaciones, objetivos e instrumentos) fue el Banco Central Europeo (BCE). El resto del gobierno económico de la zona euro ha tenido que construirse, en gran parte, a medida que iban surgiendo los problemas y con el retraso derivado de que las competencias económicas las comparten instituciones europeas y países miembros.

El Tribunal Constitucional alemán hizo pública, a principios de febrero, su decisión sobre la actuación del BCE en septiembre de 2012. El alto tribunal alemán piensa que el BCE no respetó el Tratado de la Unión Europea al aprobar el programa de Transacciones Monetarias Directas (Outright Monetary Transactions, OMT). Sin embargo, ha trasladado sus dudas al Tribunal Europeo de Justicia por si hubiese otra posible interpretación a tales medidas. Aunque esta decisión ha introducido una cierta tranquilidad, las dudas no quedan despejadas, pues la última decisión la tomarán los jueces alemanes.

En realidad, la creación del programa OMT es la plasmación técnica del anuncio de Draghi en julio de 2012 "El BCE está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, eso será suficiente". El programa permite al BCE comprar, si es necesario, cantidades ilimitadas de bonos gubernamentales de los países de la zona euro que lo precisen. Sin embargo, dicho programa sólo se pondría en marcha si los países solicitan el rescate y se avienen a cumplir las reglas que les impusiera dentro del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Desde el anuncio de Draghi y la creación del OMT, la presión se ha reducido de forma sustancial para los países de la periferia europea. Además, no ha sido necesario poner en marcha el citado programa, pues su propia existencia se ha mostrado suficiente para bajar de forma drástica la prima de riesgo y, por tanto, conseguir condiciones de financiación mucho más favorables para los países altamente endeudados.

Prueba del éxito de este programa fue la primera entrada de este año en el blog de un europesimista declarado como Paul Krugman. En ella muestra, con un gráfico, que a pesar de que los países con dificultades están altamente endeudados, el coste de su financiación ha disminuido. Y lo atribuye, no a los programas de ajuste de los países, sino a los efectos del citado anuncio y al mecanismo creado por el BCE.

Lo que subyace en toda esta discusión es el papel del BCE y los márgenes que el Tratado de la Unión Europea y sus Estatutos le conceden. Existen dos posiciones muy claras al respecto. Por un lado, aquellos como Paul de Grauwe que tan pronto como en 2011 defendía ya el papel del BCE como prestamista en última instancia de la zona euro. Este papel estaría justificado porque el BCE debe garantizar el valor del euro. Para ello, se le atribuyen una serie de instrumentos convencionales (compras en el mercado abierto, gestión del coeficiente de reservas o uso de facilidades de crédito a distintos plazos), pero eso no quiere decir que no pueda utilizar otros si las condiciones lo hacen preciso. Con ello no sólo no estaría contraviniendo el Tratado, sino cumpliendo su mandato último, la estabilidad del euro.

La segunda posición es la que mantiene el Tribunal Constitucional alemán o figuras tan influyentes como Hans-Werner Sinn. Consideran que el BCE se ha excedido en las competencias que le atribuye el Tratado al crear un mecanismo que le permite imponer medidas que van más allá de la política monetaria y establecer condicionalidad (en forma de cambios de política económica y, en concreto, de política fiscal) a los países que recurrieran al OMT. Además, la compra de deuda por el BCE supondría financiación monetaria (y, por tanto, inflacionista) de los Estados, prohibido también por el Tratado. Por último, se preocupan por el reparto de los costes potenciales en caso de impago y su repercusión sobre los contribuyentes del resto de países.

Paul de Grauwe (junto con Yuemei Ji) planteó en junio pasado que no sólo el programa OMT (de aplicarse) no sería inflacionista, sino que tampoco tendría efectos negativos sobre los contribuyentes alemanes. En realidad, la UE se encuentra en una situación de "trampa de la liquidez", de manera que las bajadas de los tipos de interés (y el aumento de dinero creado por el BCE) no han tenido efectos inflacionistas. Aunque la base monetaria en la Eurozona ha aumentado, no lo ha hecho la definición de dinero de referencia para la política monetaria (la M3).

Y de Grauwe no es el único que considera innecesaria la preocupación del Tribunal Constitucional alemán a este respecto. Recientemente Manuel Conthe ha defendido también la eficacia de la medida, que piensa debe analizarse en términos más políticos que jurídicos (http://www.expansion.com/blogs/conthe/2014/02/11/teoria-de-la-disuasion-monetaria.html).

En una Eurozona incompleta desde el punto de vista de la toma de decisiones de política económica, el BCE ha sido capaz de articular un mecanismo, incompleto y temporal, pero efectivo hasta la fecha. A pesar de que el BCE tampoco está libre de error y su procedimiento de toma de decisiones no esta exento de críticas, al menos su acción ha permitido ganar tiempo mientras las instituciones europeas y los países del euro completan el diseño institucional. Es previsible que en las próximas semanas vuelva a actuar, esta vez a través de las pruebas de estrés, no meramente financieras en este caso, sino de índole macroeconómica. En la batalla por el euro, como franceses y británicos hace un siglo en el Marne, el BCE ha hecho todo lo que era institucionalmente posible (algunos piensan que demasiado) en la defensa del valor del euro. Cuando dentro de otros cien años se estudien los inicios de la unión monetaria en Europa, ¿podrán otros decir lo mismo?