Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• El 'problema valenciano' en medio de la contienda catalana
  
• Asante Sana!
• El silencio educativo

VALENCIA. En las últimas semanas, si por algo se ha caracterizado la agenda gubernamental de Mariano Rajoy ha sido por su radicalización. Por la adopción de iniciativas y planteamientos que alejan al PP y al Gobierno español del centro político, ubicándolo en posiciones extremistas o nítidamente reaccionarias, en las que se han puesto por delante razones ideológicas, o un determinado sistema de creencias, respecto de los criterios políticos, jurídicos e incluso sociales que deberían animar a cualquier gobierno.

El PP, que dice estar superando la crisis económica, y que incluso parece recibir algún refrendo en los sondeos en premio por esta recuperación (hasta el momento, más teórica que real), ha fijado su atención en dos cuestiones que, sin duda, pertenecen a su ADN ideológico: por un lado, una nueva ley del aborto que proviene, muy claramente, del afán por congraciarse con un sector del público católico y con la jerarquía del episcopado español.

Y, por otro lado, una serie de medidas, pronunciamientos y presiones al sistema judicial, en todo lo que tiene que ver con el terrorismo de ETA, que a menudo soslayan la razón legal y las garantías jurídicas para alcanzar determinados objetivos. Dos temas muy distintos, pero que nos muestran, desde perspectivas distintas, un resultado común: el afán del Gobierno por tomar atajos de diverso tipo para congraciarse con su electorado... a costa de llevarse por delante derechos, libertades y garantías jurídicas en absoluto menores.

SIEMPRE ETA

ETA se rindió hace ahora poco más de dos años. La principal cuestión que queda por dilucidar es cómo proceder a su disolución. En relación con ello, subyace (aunque ciertamente muy amortiguada) una disyuntiva sobre si la disolución de ETA debería producirse sin ningún tipo de intervención por parte del Estado, o si debería haber alguna clase de negociación para facilitarla, que incluso pudiera beneficiar a los actuales presos de la banda terrorista. Este último aspecto, hoy por hoy, parece muy poco probable.

Porque es una línea roja para la Asociación de Víctimas del Terrorismo y para muchos apoyos sociales y mediáticos del partido en el Gobierno. Porque todo lo que tiene que ver con el terrorismo de ETA es, por razones más que obvias, una cuestión sensible para muchos cargos y militantes del PP. Y porque puede argumentarse, con toda razón, que no es justo (aunque en determinadas circunstancias pudiera resultar conveniente) relativizar la gravedad de los delitos cometidos, y ofrecer alguna contraprestación en "premio" a la desaparición de la banda terrorista.

El problema con este asunto es que el PP español no se ha limitado a no hacer nada, es decir: a no negociar con ETA ni ofrecer beneficios penitenciarios o contraprestaciones de ninguna clase. Además de no hacer nada en ese sentido, también se está afanando, presionado por una parte de su electorado, por recortar determinados derechos a los integrantes de la banda terrorista y de su entorno social.

Y en el recorte, por exceso, el PP puede estar consiguiendo un efecto contraproducente: otorgarle a ETA y a su entorno determinadas victorias ante la opinión pública, con casos como la imposible Doctrina Parot, tumbada por el TEDH, o los procedimientos -sumamente irregulares- con los que se prohíben manifestaciones o se llevan a cabo detenciones como si fuesen actos propagandísticos (en las que se informa a la prensa de los hechos antes de que éstos se lleven a cabo, en un inopinado homenaje a Hermann Tertsch). Un proceso en el que se aprecia el escaso pudor con el que el Gobierno retuerce las leyes, si así le conviene, para perjudicar a sus enemigos.

Se trata de un modelo de justicia partisana que se extiende a la aplicación de las leyes y también a algunos de los que las aplican, como es el caso de Eloy Velasco, el juez de la Audiencia Nacional encargado de prohibir la manifestación de familiares de presos que se había convocado en Bilbao ayer sábado, inicialmente autorizada por el juez Ruz. Velasco fue durante ocho años director general de Justicia en la Generalitat Valenciana con los gobiernos de Zaplana y Camps. Una figura obviamente cercana al Partido Popular.

Es evidente que una parte del electorado del PP sigue con suma atención todos estos asuntos, y es proclive a castigar a su partido si demuestra falta de firmeza en la política antiterrorista. La cuestión es si el interés electoral, o incluso las convicciones, justifican retorcer las leyes como se están retorciendo.

Porque el resultado a medio plazo tal vez sea provocar que ETA, como el Cid Campeador, gane batallas (en la opinión pública) después de muerta: después de perder la guerra y rendirse. El Gobierno español haría bien en no dejarse llevar por tanto atajo jurídico y procesal. Aunque sólo sea porque, como la mujer del César, en la observancia de la ley, además de ser demócrata, hay que parecerlo.

Aborto: la ley que pulveriza todos los consensos

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha solicitado que se establezca un debate en torno a la ley del aborto que permita "volver al consenso" con el que parece creer que se aprobó la primera ley de 1985. Un consenso que, para refrescarnos la memoria, consistió en que el partido de María Dolores de Cospedal, Alianza Popular, votó en contra de la Ley, la recurrió ante el Tribunal Constitucional, y cuando, tras adaptar la ley a las recomendaciones de dicho tribunal, se aprobó definitivamente en el Parlamento, AP votó nuevamente en contra.

Las palabras de Cospedal, como ocurre a menudo con los olvidos, son reveladoras: para ella, la Ley del Aborto de 1985 suscitaba un consenso social considerable. Y, en efecto, así era. Tras veinticinco años de aplicación, sus detractores eran una clara minoría. De hecho, el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó una nueva ley en 2010, considerablemente más permisiva. Algunos aspectos de esta ley fueron muy criticados por parte de los conservadores.

Y, aunque su aplicación no parece que haya generado tantos problemas, tanta alarma social, como se decía que provocaría este asunto (suele pasar con las cuestiones que tienen que ver con los valores morales: la sociedad está muy por delante de quienes pretenden que ésta se ajuste a sus criterios), indudablemente había una parte de la nueva ley que suscitaba bastante rechazo entre el electorado del PP, razón por la cual este partido se comprometió a reformarla.

Ha llegado la reforma y ha sido... una Contrarreforma en toda regla. Una ley extraordinariamente regresiva, que sitúa las cosas en un escenario muy anterior a 1985. Que aboca a muchas españolas a abortar en otros países; aunque ahora, como bien explica Enrique Gimbernat, en una situación que dista mucho de parecerse a la de los años 70, cuando abortar fuera de España era un trastorno y un sacrificio económico muy superiores. Pero que también obliga a algunas a hacerlo en España ilegalmente, poniendo en riesgo su salud, e incluso su vida.

Dada la enorme divergencia entre los planteamientos que se adivinan detrás de esta ley, y los que defiende una mayoría de españoles, parece razonable suponer que no sería esta una reforma que contribuiría a reducir el numero de abortos en España (no significativamente, en todo caso), sino una ley que pondría todo tipo de dificultades a la mujer para que pudieran abortar; que, en definitiva, les castigaría por abortar, en un sentido no sólo legal, sino también moral, pero sin evitar que se produjesen los abortos.

Nadie ha sabido explicar, exactamente, cómo es posible que una ley así haya llegado siquiera a plantearse. La desmesura absoluta de sus postulados ha provocado tensiones internas en el propio PP, pues son muchas las personas en este partido que perciben claramente el coste electoral, y el sinsentido político y social, que conlleva una ley de estas características. Muchas las que, también dentro del PP, consideran que esta ley pone sobre la mesa un debate superado hace mucho tiempo; y que legisla para preservar las convicciones de una minoría, en detrimento de los derechos de la mayoría.

Uno puede entender las razones (políticas) que se encuentran detrás de las medidas contra ETA, aunque jurídicamente sean muy discutibles. En cambio, resulta incomprensible la razón por la que Mariano Rajoy (pues él es el responsable, en última instancia, de que esta ley se presente, se apruebe y aplique) considera oportuno promulgar una reforma de la ley del aborto de estas características, abriendo debates ya superados en España y provocando problemas añadidos, e innecesarios, en torno a una cuestión ya de por sí suficientemente difícil para las directamente afectadas.

#prayfor... Pedraz y Oyarzabal en Twitter

Últimamente twitter se está convirtiendo en vía de expresión de los jueces españoles, en unos términos que a veces chirrían considerablemente, como hemos podido observar en determinados postulados del juez Elpidio Silva, cuya cuenta sirve a menudo como mecanismo de protesta y agitación políticas.

No es este el caso de otro juez, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que habitualmente se mantenía en silencio en su cuenta de Twitter. Sin embargo, Pedraz resucitó su cuenta la semana pasada para responder a las críticas del secretario general del PP vasco Iñaki Oyarzábal, que se lamentaba por la celebración de un acto de ex presos de ETA en Durango, que en su opinión debería haberse prohibido preventivamente.

Fueron tres los tuits en los que Pedraz, respondiendo directamente a Oyarzábal, explicaba sus motivos para no prohibir el acto. El mecanismo escogido fue peculiar, pero muestra el tipo de problemas que provoca someter a las instituciones judiciales a mecanismos de presión, y a requerimientos políticos, que no siempre casan bien con la observancia de un sistema jurídico garantista.