El objetivo a medio y largo plazo debe ser la estabilización de la economía española, es decir, corregir los desequilibrios macroeconómicos y poner las bases para un crecimiento futuro sano y sostenido. El principal argumento o "leitmotiv" que debería guiar las reformas es que tengan capacidad para generar respuestas por parte de los ciudadanos en la dirección buscada por los responsables políticos. Las reformas deben contribuir a proporcionar incentivos que hagan más fácil su aplicación al percibirse como beneficiosas y equitativas para los destinatarios. Sin ánimo de ser exhaustiva, una lista de reformas pendientes o sólo parcialmente abordadas hasta la fecha incluiría las siguientes:

-Reforma fiscal. La elevación del tipo máximo del IRPF no fue una reforma, sino una medida de urgencia. La subida del IVA también se hizo (dentro de los márgenes) con objetivo recaudatorio. Queda pendiente una revisión en profundidad de la estructura impositiva española que, al mismo tiempo, sea percibida como "justa" por las rentas del trabajo y, en concreto, las clases medias, pues son los que sostienen la mayor parte de la carga impositiva (tanto directa como indirecta). Al mismo tiempo es necesario ampliar la base de contribuyentes, luchando contra el fraude.

-Reforma del Sistema Financiero. Es en este ámbito, vital para la recuperación económica, donde más se ha avanzado hasta la fecha, si bien persisten incertidumbres y su evolución va a depender también de cómo se vaya resolviendo el proceso de negociación con nuestros socios sobre la futura unión bancaria europea.

-Reforma del mercado de trabajo. Del mismo modo que la Reforma Hartz tuvo, en el ámbito del mercado de trabajo, cuatro etapas, es necesario completar la reforma española, en la dirección indicada por la OCDE en un informe encargado por el Ministerio de Trabajo español: aumentar el empleo indefinido, reduciendo la dualidad (entre trabajadores temporales e indefinidos), simplificar los tipos de contrato y mejorar los servicios públicos de empleo, para que los desempleados perciban que les ayuda a reciclarse y a encontrar un nuevo trabajo.

-Reforma de las pensiones. A pesar de que en 2013 se han introducido cambios importantes (el método de revalorización y el factor de sostenibilidad), no se ha producido todavía la reforma del sistema. Dicha reforma se debe abordar de forma simultánea con la fiscal, pues el elemento clave es la financiación de las pensiones. Si, dada la estructura demográfica, es necesario recurrir a los impuestos para poder sostenerlas, habrá que incluir simultáneamente incentivos fiscales a los planes de pensiones.

-Reforma de la Administración Pública. El Gobierno ha creado una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que ya ha presentado sus conclusiones y que apunta a medidas que se están poniendo en práctica. Las propuestas se refieren a varios ámbitos: la racionalización de la Administración (la eliminación de duplicidades con las Comunidades Autónomas, reducción del sector público empresarial y fundacional, así como la reforma de la Administración Local); aumento de la eficiencia (cambios en el empleo público, cambios en procedimientos para agilizar la relación con proveedores, mejoras en la gestión de recursos comunes, reforma de la Ley de Subvenciones); mejorar el servicio a los ciudadanos y a las empresas (incluyendo la administración electrónica). Una buena parte de estas medidas también se exigen desde la Unión Europea como parte de la Directiva de Servicios.

-Modernización de la función pública. Aunque podría considerarse incluida en la medida anterior, merece mención aparte, pues se relaciona no tanto con la organización sino con los recursos humanos. Es necesario combinar las garantías que proporciona la función pública con la flexibilidad necesaria para modernizar la gestión en la era de las TIC. Además, mejorar la carrera profesional, por medio de incentivos basados en resultados que contribuya a mejorar la productividad en un sector donde hay un amplio margen de mejora.

-Reestructuración del sistema español de investigación y ciencia. En gobiernos de todo signo se ha tendido a situar la política científica en emplazamientos diferentes del suyo natural, bien sea creando ministerios ad hoc o uniéndola a otros (Industria o Economía). Su lugar natural es junto a la enseñanza universitaria, pues la mayor parte de la investigación en España se sigue realizando en las universidades, al tiempo que los incentivos y los programas deben diseñarse de manera integrada. La proliferación de organismos y la fragmentación de los estudios y los centros de investigación hace difícil una adecuada evaluación de los resultados y una asignación de recursos allá donde puedan ser más eficientes.

-Reforma de la enseñanza universitaria. De nuevo en este ámbito se ha confundido ajuste con reforma. Es urgente realizar, también aquí, una serie de cambios organizativos. De ellos, uno de los más necesarios es la homologación de la duración de los grados españoles (de 4 años) a la del resto de países europeos (3 años). Unido a másteres de dos años supondría la continuidad de la tradición española de 3 años de primer ciclo y 2 de segundo. Además, facilitaría la movilidad de los estudiantes y la internacionalización de nuestros estudios. La generación de incentivos para conseguir un mapa de titulaciones más eficiente, así como un sistema de evaluación e información que proporcione transparencia, y movilidad (funcional y geográfica) en los profesores son también reformas imprescindibles.

-Mejorar el funcionamiento de servicios y mercados. La Ley de Unidad de Mercado, publicada en el BOE el pasado 9 de diciembre, pretende no sólo mejorar el funcionamiento de los mercados, sino cumplir lo previsto en la Directiva de Servicios europea. Todas estas medidas son fundamentales para mejorar la competitividad de los servicios a los consumidores y también los realizados para las empresas.

-Aumentar la competencia en las "industrias de red". Se trata de aquellas que necesitan usar una red de infraestructuras para conectar la oferta de bienes y servicios con los consumidores. Actividades como la electricidad, el gas, la información (sonido e imagen), el agua, el correo o el transporte de mercancías y pasajeros se incluirían entre este tipo de industrias, que son clave para el funcionamiento de la economía pero que, por sus características, se han situado tradicionalmente al margen de la competencia. Gracias a las mejoras tecnológicas, está siendo posible aumentar la competencia, aunque hay ámbitos que continúan siendo "monopolios naturales", donde actúa el regulador e influye sobre los precios. Ahí radica la dificultad: en hacer compatible el aumento de la competencia (allí donde sea posible) y permitir la entrada de más oferentes, con la presencia del regulador. La polémica sobre la electricidad de estos últimos días es un reflejo de esta situación de transición.

Esperemos que el ciclo político no sea un obstáculo para seguir impulsando las reformas estructurales. 2014 es un año básico para aprovechar el margen que nos ha proporcionado el Banco Central Europeo para avanzar en las reformas y conseguir un mayor clima de cooperación y confianza con nuestros socios europeos. ¡Ojalá lo consigamos!.

Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame
• whatsapp