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VALENCIA. "Carlos Fabra es un ciudadano y un político ejemplar para el PP y también para los ciudadanos de Castellón". La frase la pronunció Mariano Rajoy el 10 de julio de 2008. En aquella fecha el aún presidente de la Diputación de Castellón ya estaba bajo sospecha. De hecho, prácticamente nunca ha dejado de estarlo. Su forma de hacer política le granjeó una merecida fama de cacique, de don al que se podía recurrir para adelantar unos puestos en una lista de espera o, y ahí llegó su perdición, unos permisos fitosanitarios. Poder absoluto. 

Sin embargo durante más de 15 años Carlos Fabra campó a sus anchas. Capaz de generar un ambiente asfixiante, nadie quiso ver lo que a todas luces era un problema. Ni en su partido ni en la propia sociedad castellonense, incapaz de zafarse de su alargada sombra.

Su salida de la política activa llegó por iniciativa propia, primero al decidir no presentarse de nuevo en la lista para el Ayuntamiento de Castellón, donde siempre ocupó un intencionado segundo puesto, en las elecciones municipales en 2011, y después a la presidencia del PP provincial. Y eso fue ya el año pasado.

Pero el cacique no quiso perder todo el poder y se atrincheró en la presidencia de una empresa pública que se resistía a abandonar pese a su responsabilidad evidente en esa verguenza que es el Aeropuerto de Castellón, su legado para la posteridad.

Más allá de los motivos políticos y judiciales que han propiciado su dimisión, lo que cabe preguntatrse es en qué momento los ciudadanos de Castellón prefirieron la seguridad que les ofrecía Fabra a la verdad. De igual modo, convendría saber por qué el PP prefirió victorias electorales a apartar de los cargos oficiales a un político sospechoso de corrupción. En resumen, por qué todos decidieron ponerse una venda y dejarle reinar. 

Ese 'político ejemplar' acosado por la justicia e intérprete peculiar de las normas democráticas cayó finalmente este viernes. Pero no han sido ni los ciudadanos ni el PP los que han forzado su marcha. Ha sido un juez, ese colectivo al que Fabra menosprecia, quién ha puesto fin a su carrera política. Pese a su resistencia numantina durante más de diez años a ser juzgado -resulta insultante que aún se despachase con esa frase tan mentirosa que todos los acusado sueltan cuando no tienen escapatoria: "Por fin podré explicarme ante la justicia", más cuando ha torpedeado la instrucción por tierra mar y aire- se tendrá que sentar en el banquillo en breve.

Que no haya sido hasta este momento, cuando la situación ha sido insostenible, cuando Alberto Fabra ha conseguido arrancarle su dimisión por la fuerza, da una idea de hasta qué punto nadie ha sido capaz de enfrentarse a él. Pero que nadie se equivoque. La dimisión de Carlos Fabra llega tarde y mal. Tarde porque hace años que debío ser apartado de la política. Y mal porque el Consell, que presume de tolerancia cero con la corrupción, no se ha atrevido a hacer lo que tenía que haber hecho hace tiempo: destituirle. 

Quizá lo único bueno que se puede extraer de esta historia lamentable es que Castellón se quite la venda y continúe con la recuperación de una normalidad democrática ya iniciada, pase página de la oscura etapa de Carlos Fabra y deje de ser el país de los ciegos para retomar las riendas de la gestión de la cosa pública sin la omnipresencia de un político que había convertido todo un territorio en un coto privado. Un zombie menos.