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La CECA respalda el Real Decreto de Economía, que recoge las indicaciones del MoU, y que liquidará al sector menos a Ontiyent y Pollensa, en un par de años

MADRID. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que ejerce de patronal de las cajas españolas aunque también opere en el mercado de capitales y pueda ser considerada una caja más en este sentido, ha valorado muy positivamente las últimas propuestas del Gobierno sobre cajas de ahorros y fundaciones bancarias, pese a que la citada norma supondrá hasta su propia desaparición al tener que transformase en banco como ya está haciendo, han asegurado los analistas consultados por este diario.

 La CECA dice en su nota de prensa sobre el Real Decreto del Ministerio de Economía que recoge prácticamente toda la filosofía del MoU sobre este sector, que "colaborará con el regulador en la tramitación del anteproyecto y en su implementación una vez aprobado". Esto, añaden las fuentes, viene a significar que se está haciendo el "harakiri" y que tras perder una batalla, que muchas fuentes no creen que ni siquiera que se haya dado, al final aceptan suicidarse con honor como los viejos samuráis japoneses. Y añaden la falta de sentido de mantener una patronal en un sector que dejará de existir.

UN POCO DE HISTORIA

La actual CECA, presidida por el poderoso patrón de La Caixa-Caixabank, Isidro Fainé y dirigida por José María Méndez, no tiene nada que ver con la que gestionaban su anterior presidente, Juan Ramón Quintás, y José Antonio Olabarrieta, como director general, que quiso ejercer más de patronal que de caja y enfrentarse con la Asociación Española de la Banca (AEB), patronal bancaria que preside Miguel Martín. Ni tampoco con la que presidió Manuel Pizarro o antes Braulio Medel. Está CECA nació casi con la hoja de ruta de aceptar su desaparición y el "sálvese quien pueda" escrito en el guión.

No hay más que recordar que Quintás fue despedido poco antes de su salida pactada tras un golpe de mano en el que participaron entre desde Fainé, hasta José María Castellanos, de Novagalicia, Rodrigo Rato, cuando estaba en el sector y Braulio Medel desde Unicaja, que contó con el decidido apoyo de los reguladores que entonces eran la ministra de Economía, Elena Salgado y Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España. Y que ese golpe de mano que impidió una presidencia de Amado Franco (Ibercaja) que postulaba Quintás, se daba precisamente para frenar a quienes consideraban que todavía el sector de las cajas tenía posibilidades de supervivencia, pese a que entonces no era tan de dominio público lo de los sueldos o lo de las preferentes. Casi nada, las dos bombas retardadas que terminaron sentenciando al sector, junto con la fundamental de todas, que fue la máxima presencia de políticos en sus órganos de administración.

Esa era otra organización que defendía por su cuenta al sector frente al Banco de España y al Ministerio de Economía, que pensaba que los bancos les habían copiado con eso de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) algo tan suyo y tan antiguo como la Obra Social (más de 1.500 millones anuales entre todas) o la defensa de las industrias locales, sobre todo pymes, en los distintos territorios de España.

Mucho se ha especulado desde entonces con el futuro de la CECA ¿asociación, patronal, una caja más? Desde su desaparición, al dejar de existir las cajas, hasta su integración en la poderosa patronal de banca AEB. Y podría ser cualquiera de las dos cosas, añaden las fuentes, ya que la nueva norma legal de Economía en periodo de consulta pública, apenas dejará dos entidades en toda España, Ontimyent y Pollensa, al prohibir la existencia de cajas con el negocio transferido a bancos para aquellas entidades con un volumen de activos superior a 10.000 millones, cuando sólo dos pequeñas cajas cumplen estos requisitos.

DIFÍCIL ELECCIÓN

De manera que el resto, aparte de las nacionalizadas, como son Caixabank de Fainé, Unicaja, presidida por Braulio Médel, la Kutxa por Mario Fernández, Amado Franco por Ibercaja, Mare Nostrum por Carlos Egea y Liberbank por Manuel Menéndez, deberán convertir sus entidades en bancos y sus principales ejecutivos tendrán que decidir si se mantienen al frente de las entidades que presiden o pasan a la fundación que las controla, al impedirles mantener ambos cargos el proyecto de Real Decreto.

Además, según el citado texto legal, todos estas cajas con fundaciones que controlen más del 50% del banco al que dieron origen deberán presentar al Banco de España un plan financiero en el que especifiquen las necesidades de capital en que puedan incurrir, y crear un fondo de reserva con el que hacer frente a necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada. Y el artículo 48 de la nueva norma dice textualmente que "contendrá un calendario de dotaciones mínimas al fondo de reserva hasta alcanzar el volumen objetivo que determine el Banco de España, calculado en función del valor de los activos ponderados por riesgo de la entidad participada y el volumen de la participación de la fundación bancaria en la entidad", lo que a juicio de los expertos consultados mantiene el espíritu de discrecionalidad de todo el texto con los reguladores y obligara a las entidades a buscar capital cuanto antes, para lo que previsiblemente tengan que encontrar nuevos socios si quieren cumplir los requisitos que les demande el Banco de España. Y en eso están todas ahora.

La CECA entra en este punto claramente, y en su nota reconoce que el modelo diseñado por el Gobierno, además de convertirlas en bancos, las obligará a fuertes desinversiones y a buscar socios para hacer frente a los requerimientos de capital que hará el regulador a las fundaciones que controlen bancos, como explicó este diario. Así, asegura "CECA considera positivo que el anteproyecto de ley evite un modelo de venta forzosa, con plazos prefijados, que, en las condiciones actuales, abocaría a pérdidas de valor. El sistema propuesto, a través de obligaciones de exigencia creciente conforme aumenta la participación, permite una desinversión gradual y prudente". Es decir, que les da un poco más de tiempo. Más claro, el agua.

EN El PUNTO DE MIRA DE LOS GRANDES BANCOS

La apetencia de los grandes bancos españoles por hacerse con lo que queda del sector de cajas, tanto con las que se subastarán, como con todas las posibles cuotas de mercado de las que intentarán seguir con las fundaciones, no deja de crecer, añaden las fuentes. Al igual que la presión que estas entidades, Santander, BBVA, Popular, Bankinter y Sabadell, siguen ejerciendo sobre los reguladores como el ministerio de Economía y el Banco de España, para cumplir sus objetivos. Y ahora tienen argumentos poderosos, como el del dinero que están costando las nacionalizaciones.

CECA dice en su nota que comparte el objetivo fijado por el MoU, que ahora se concreta en el anteproyecto de ley, de profundizar en la mejora del gobierno corporativo de los grupos de cajas de ahorros y añade que se trata de "actualizar el modelo de gobernanza instaurado en la LORCA y continuar la línea de reforma iniciada por el propio sector en el marco de las recomendaciones de los organismos internacionales". Y ofrece toda su colaboración a las autoridades para el perfeccionamiento del texto que ya ha comenzado su tramitación.

De manera que está bastante seguro que la CECA o Cecabank como se llamará en el futuro la empresa será una entidad bancaria centrada en la actividad mayorista estructurada en la custodia y liquidación de valores, depositaria de fondos, y con actividades de tesorería y medios de pago, consultoría y servicios tecnológicos de apoyo.

Lo que no está tan claro es si los órganos de gobierno de esa Cecabank del futuro seguirán tomando las decisiones de índole asociativa en defensa de los intereses del sector, que tradicionalmente han prestado a sus asociados. Y bien visto, tiene su lógica, sobre todo si ya no tienen asociados o todos los que tenían, hasta ellos mismos, se han convertido en bancos. Para eso se basta y se sobra la AEB.

Las cajas no han sido capaces de sobrevivir al Estado de las Autonomías, que las consagró como agencias financieras de las comunidades autónomas, al servicio directo del poder político. Y al final, han sido los políticos los que han certificado su defunción. Precisamente ellos, que fueron los primeros que las asaltaron, que luego las mancillaron, después las vilipendiaron y ahora las dan sepultura. Pero no en un entierro con pompas y grandes carruajes o salvas artilleras, para nada, en un entierro de tapadillo, de apenas cubrir el expediente. Descansen en paz.