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VALENCIA. Durante las últimas semanas se había especulado con que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 supondría una nueva vuelta de tuerca en el proceso de consolidación fiscal. Definitivamente instalada en una crisis política e institucional, España parece lejos de poder alcanzar el objetivo de déficit comprometido para 2012, por lo que el anuncio de las cuentas para el próximo ejercicio parecía una buena ocasión para recuperar la confianza de los inversores en la deuda española.

Sin embargo, los supuestos de partida utilizados por el ejecutivo para elaborar el presupuesto parecen muy alejados de la realidad. La ligera caída prevista para el PIB real (-0.5%), o la tasa esperada de desempleo, unas décimas inferior a la de este año, contrastan con las estimaciones menos halagüeñas del FMI y los principales servicios de coyuntura del país. El resultado es, de nuevo, un presupuesto poco creíble, que alimenta las dudas sobre el proceso de consolidación fiscal en España.

Con los comicios gallegos, vascos y catalanes a la vuelta de la esquina, los presupuestos para 2013 admiten obviamente una lectura en clave electoral. En un claro guiño a las bases del Partido Popular, el presupuesto de ingresos aumenta únicamente un 4%, gracias al IVA y los Impuestos Especiales, sin que apenas se anuncien medidas de calado en materia tributaria, más allá del nuevo límite de deducción por amortización en el Impuesto sobre Sociedades y el nuevo gravamen de las loterías. En cambio, y a diferencia del ejercicio anterior, el gobierno hace recaer la mayor parte del ajuste en el presupuesto de gastos, reduciendo en un 9% la consignación presupuestaria de los ministerios y congelando el sueldo de los empleados públicos.

En este sentido, sorprende que el Gobierno se haya comprometido a subir las pensiones, recurriendo de nuevo al Fondo de Garantía. En un contexto marcado por la continua caída de las rentas salariales, cabría valorar, con argumentos de eficiencia y equidad, la idoneidad de esta transferencia de recursos desde el resto de la ciudadanía hacia el colectivo de pensionistas. A este respecto, el Ejecutivo no ha querido aclarar si a final de año compensará a los pensionistas por la desviación de la inflación que, según los datos publicados ayer por el INE, alcanzaba ya el 3,5% frente al 1% previsto a principio de año.

En definitiva, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado no parece haber contribuido a disminuir la incertidumbre existente acerca de la solvencia de las cuentas públicas. Cada vez son más insistentes los rumores que apuntan a una nueva rebaja del rating de nuestro país, situado ya en el límite del bono basura. Mientras tanto, el malestar de la población crece sin cesar. El endurecimiento de las condiciones de vida es cada día más evidente y, sin embargo, los principales indicadores macroeconómicos no permiten vislumbrar el menor atisbo de recuperación.

Es llamativo el notable aumento de la factura de la deuda pública que figura en los presupñuestos. Según datos suministrados por el Gobierno, el incremento de los gastos por intereses previsto para 2013 anulará con creces el ahorro que se espera obtener imponiendo a la sociedad nuevas medidas de austeridad. Parece inevitable que España solicite a corto plazo el rescate precautorio que ofrece la Unión Europea.

Para que las medidas de ajuste presupuestario tengan el resultado que de ellas se espera, es imprescindible que mejoren las condiciones de acceso a la financiación del Reino de España. Solo de este modo se podrá acompasar satisfactoriamente la reducción del gasto público con la entrada en vigor de las esperadas políticas de oferta, rompiendo el vínculo perverso que liga a la solvencia de los bancos españoles con la solvencia del Estado.