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VALENCIA. Esta semana, el Consell ha anunciado una serie de recortes con vistas a ahorrar unos 1.000 millones de €, que contribuyan a aliviar la durísima situación económica de la Generalitat, cada vez más necesitada de la intervención directa del Estado central para lograr saldar sus deudas a tiempo (como puede verse, la Generalitat se afana más en pagar a los mercados que a los proveedores).

En el paquete de recortes, llamaba poderosamente la atención una clamorosa ausencia: la de RTVV, una de las empresas públicas en las que más (y peor) ha abusado del gasto el Gobierno autonómico, con una deuda estimada superior a los 1.200 millones de €.

¿Qué hacer con RTVV? La situación económica, como venimos diciendo desde hace tiempo, es insostenible: no es sólo la deuda, sino los enormes retrasos en el pago a las productoras y a los proveedores. RTVV no paga a las distribuidoras, ni tampoco la parte que le corresponde pagar en el consorcio de la Forta para adquirir contenidos audiovisuales. Por ese motivo, no pueden estrenar desde hace meses ni series, ni películas, mínimamente actuales. La programación de Canal 9 a finales de 2011 a veces recordaba mucho a la programación de Canal 9... en 1989. Al menos, en los contenidos de ficción.

Igualmente, tampoco es posible pagar a las productoras valencianas por los programas de ficción y de entretenimiento, una parte de la programación particularmente importante para RTVV, no sólo por la audiencia que le reportan, sino por su valor como servicio público. La mayor parte de estas producciones han quedado paralizadas y no se han renovado. En algunos casos han sido canceladas por la propia RTVV. Pero en otros, que comienzan a ser mayoría, no se han renovado ante la negativa de las productoras (que acumulan retrasos en los pagos superiores a los dos años) a seguir trabajando "a cuenta", en la esperanza de que, algún día, RTVV les pague.

Es lo que ha ocurrido, por ahora, con la serie L'Alqueria Blanca y el programa de divulgación Trau la Llengua, ambos señas de identidad de la cadena. En estos momentos, la productora de Trau la Llengua, Vértice 360º, se niega a renovar (a pesar del interés de RTVV) si no cobra antes los atrasos. Lo mismo ocurre con L'Alqueria Blanca, a la que se le adeudan más de dos años de pagos. En un principio parecía que la situación con L'Alqueria Blanca tenía visos de solucionarse, pero finalmente no ha sido así. En estos momentos, están pendientes de grabación ocho episodios de los que ya hay guiones (cuya grabación se paró hace unos meses, precisamente, por la falta de pago por parte de RTVV). No se espera continuar después, con lo que RTVV se quedaría sin contenidos de ficción exclusivos.

Externalización de contenidos

Hace algunas semanas, la entonces portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ya anunció un cambio del modelo de gestión de la televisión pública, basado (aunque no se indicó con claridad) en la externalización de la producción de todos aquellos contenidos que no se encuadrasen claramente dentro del servicio público.

La externalización consiste en adjudicar contratos, por años y por horas de emisión, a distintas productoras, que previamente habrán presentado un plan de contenidos y un coste económico estimado en un concurso público. Una vez adjudicados los contratos, son las productoras, y no la televisión pública, las que se encargan, en la práctica, de "rellenar" distintas franjas de programación. Un modelo aplicado, hasta la fecha con bastante éxito, en términos económicos y de audiencia, en otras televisiones autonómicas, como Aragón TV.

La cuestión, por tanto, es doble. En primer lugar, ¿qué contenidos se van a externalizar y cuáles seguirán realizándose desde RTVV? Inicialmente, la apuesta es mantener los contenidos informativos, incluyendo retransmisiones deportivas y de interés cultural (como las Fallas), y externalizar todo lo demás (es decir, los programas de entretenimiento; los contenidos de ficción, a causa de su elevado coste, probablemente desaparezcan). Lo cual implica un ERE de dimensiones considerables, en los términos que han venido debatiéndose desde hace más de un año.

Una dificultad para ejecutar dicho ERE es la ausencia de liquidez en RTVV para afrontar los despidos (parte del presupuesto asignado a RTVV está reservado precisamente para esa tesitura). Otra dificultad, evidentemente, es su elevado coste social (los despidos pueden afectar a más de 1.000 personas). Sobre todo, si tenemos en cuenta que en el origen de la mayoría de los problemas de RTVV encontramos decisiones políticas adoptadas por el mismo partido político que ahora quiere aplicar un ERE leonino.

Posibles adjudicatarias de los contratos

En segundo lugar: ¿cuáles serían las empresas que podrían hacerse con estos contratos? Aunque no se ha definido el concurso público, ya aparecen tres grupos bien posicionados: el grupo Vocento; la productora Vértice 360º, ya mencionada; y el grupo Secuoya, que recientemente incorporó a su Consejo de Administración a Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz del Gobierno del PP en la primera legislatura de Aznar . En los tres casos, se trata de grupos potentes, de ámbito nacional, que ya cuentan con concesiones en otras televisiones autonómicas (Vocento, de hecho, cuenta con una licencia autonómica en la Comunidad Valenciana, actualmente desactivada), y cuyo proceso de toma de decisiones radica en Madrid.

A ellas podrían unirse otra adjudicataria: los estudios de televisión Galaxia, propiedad de Luis Ángel Raga Raga, que cuentan con un plató propio. Además, su hijo, Ángel Raga Payá, se encuentra actualmente al frente de la televisión local Televalencia 8. La presencia de este último adjudicatario podría mitigar las previsibles críticas que recibiría el Consell si dejase totalmente fuera de estos contratos al sector del audiovisual valenciano (cuya viabilidad, como es evidente, depende poderosamente de RTVV). Téngase en cuenta que el grupo Vocento, a pesar de su vinculación con la Comunidad Valenciana a través de Las Provincias, previsiblemente producirá sus contenidos de forma centralizada, es decir, desde Madrid.

Este cambio de modelo, que inicialmente estaba previsto aplicar en marzo, ha tropezado ya con una primera dificultad. La misma dificultad de siempre: las productoras implicadas no están seguras de aceptar estos contratos, porque no se fían de que RTVV les pague. Y si ya es difícil asumir el coste de producir un programa concreto (una serie, un concurso, etc.) a la espera de que alguna vez RTVV pague, puede imaginarse lo que implica adelantar el coste de 1.000 horas de programación, o más. Porque es poco probable que las productoras acepten estos contratos si lo único que ofrece el Consell, a cambio de hacerse cargo de la mayor parte de los contenidos, son los ingresos derivados de la publicidad (que en 2010 ascendieron, globalmente, a 21 millones de €).

Así que nos encontramos en ciernes de un concurso público en términos muy diferentes a lo que es habitual: en lugar de contar con varias ofertas para escoger las más convenientes para RTVV, quizás sea la propia Generalitat la que persiga a los candidatos para que se presenten y asuman las adjudicaciones, ante su renuencia a hacerse cargo de una serie de programas que no está claro cuándo podrán cobrar.

#prayfor... la falsa cuenta del TSJ en Twitter

La semana pasada apareció una cuenta de Twitter, @TSJ_CV, muy similar a la cuenta oficial en Twitter del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (@TSJCV [http://twitter.com/#!/TSJCV]). La cuenta se dedicaba a publicar pretendidas conversaciones del juez encargado del "caso Camps", Juan Climent, con la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, con el obvio objetivo de ridiculizarles y de denunciar su supuesta parcialidad contra el expresident Camps.

En sus mensajes, la falsa cuenta del TSJ se prodigaba en insultos y menciones de mal gusto (algunas, verdaderamente deleznables) referidas al juez, el jurado, las fiscales del caso e incluso el agente encargado de la vigilancia de la sala. Asimismo, también encontraban tiempo para insultar a dirigentes políticos como Mireia Mollà, de Compromís.

Unos días después, el pasado jueves 5 de enero, el diario 20 Minutos publicaba una noticia en la que informaba de que la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, había interpuesto una denuncia ante la Policía denunciando estos hechos. Poco después, el perfil de Twitter en cuestión ha sido borrado. Aunque no se sabe quién o quiénes pueden estar detrás de dicho perfil, parece claro que se averiguará en breve: no parece buena idea comprobar cuán amplios pueden ser los límites de la libertad de expresión por la vía de insultar a aquellos que se encargan de interpretarlos.
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Guillermo López es profesor titular de Periodismo en la Universitat de València