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VALENCIA. Oculto tras el maremoto constitucional, una de las noticias más desapercibidas del verano ha sido la modificación de criterios para recibir la Renta Mínima de Inserción (RMI), que ha efectuado el Govern catalán. Cada autonomía puede mejorar (o empeorar),  la “Renta Activa de Inserción” estatal, bien ampliando los supuestos para recibir la RMI o aumentando la cuantía económica a percibir.

Cataluña ha optado por endurecer con “agostidad” y alevosía las condiciones para percibir la renta y endurecer el pago, mediante cheque nominativo, con el objetivo de reducir el gasto en RMI a la mitad. Los perceptores han de demostrar que se encuentran al borde de la pobreza: sin posesiones, sin trabajo, sin haberse despedido o víctima de un ERE y acreditar la residencia en Cataluña durante al menos dos años. Son esfuerzos que cargan a la Administración con un coste extra de inspección y que si bien no criminalizan la pobreza, nos hacen suponer que los perceptores de estas ayudas actúan  aprovechándose del sistema y no por necesidad.

En el BIEN, Basic Income Herat Network, proponen una alternativa: un salario básico universal, bajo una especia de “economía de la liberación”. Fundamentada ética y económicamente,  proponen unificar todas las presentaciones que recibimos en medidas contra la pobreza, fomento de empleo, subsidio de paro, pensiones, sanidad y asignar una cantidad única mensual a cada ciudadano, al estilo de la antigua Roma.

Ético porque ataca y elimina la pobreza haciendo que cada uno sea responsable de sus propias finanzas. Económico, porque elimina costes de control y financiación,  unifica criterios en materia de subvenciones, se reduciría el fraude y la economía sumergida (sin tener que decir adiós al dinero). Al tener acotado el gasto, el déficit se volvería previsible e independiente del ciclo económico.
 
Con la renta básica universal se liberalizaría por completo el mercado de trabajo. Al descontar la asignación personal, disminuirían  los salarios, haciendo las empresas más competitivas y flexibles de cara al exterior. Aumentaría también el poder de negociación individual del trabajador, relegando el papel mediador de los sindicatos. Contribuiría a aumentar la satisfacción y seguridad en el trabajo y la voluntad de los empresarios por proporcionarla a sus trabajadores.
 
Ahora que se anuncia (o se desea) crear un millón de empresarios, el BIEN incentivaría la aparición de empresas por una doble vía. Reduciría por una parte el riesgo y el miedo al fracaso. Pero también liberalizaría servicios hasta ahora acotados en la función pública, como son las pensiones y la sanidad. Con la renta vital básica, cada ciudadano recibe una asignación del Gobierno y nada más. Tanto el Estado como ciudadanos recuperarían eficacia, ya que se centrarían en lo que mejor saben hacer. El Estado, en los bienes comunes e indivisibles y los ciudadanos en las decisiones individuales, como la planificación financiera personal, formación, cobertura por desempleo o sanidad.

La renta vital básica tiene todo lo que un economista débil pudiera desear: es imaginativa, justa y eficiente. Tan sólo falta que sea además viable. Puede además que sin llegar a su implantación total sirva como inspiración de medidas que conjuguen la equidad con la solvencia. 
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Jordi Paniagua es ingeniero de telecomunicaciones y economista, profesor de la UCV.