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VALENCIA. En la estrategia para la obtención de los mayores beneficios empresariales, la entronización de algunos conceptos ha sido muy valiosa para crear un determinado sentido común que la facilitara. Conceptos que, cuando son invocados, sirven sin discusión para imponer un determinado criterio que les sea favorable. En esa construcción de la realidad, se asume como incontestable que vivimos en un mundo dominado por la competencia, por lo que ser competitivo (ser "mejor" que el otro) es una exigencia para el éxito y, no serlo, sinónimo de fracaso. Todos contra todos.

La amenaza de pérdida de competitividad ha servido como argumento para llevar a cabo prácticas laborales precarizadoras, así como para poner en marcha las conocidas como "reformas estructurales", eufemismo de recortes en los derechos laborales y sociales adquiridos. La competitividad en nuestro país consiste, por resumir, en "trabajar más y ganar menos", como nos recordó el ex dirigente de la patronal, ahora en prisión, Díaz Ferrán. La exigencia se hace a los trabajadores, no a las grandes empresas.

Hace unas semanas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acreditó la existencia de pactos entre las empresas que se disputan y gestionan los principales contratos de servicios municipales (recogida de basuras, limpieza viaria, etcétera), para repartirse licitaciones públicas, unificando posturas en los concursos públicos según los intereses de 39 grandes empresas, entre ellas ACS, FCC y Sacyr, cuando supuestamente su finalidad es aprovechar la competencia para ahorrar dinero a la ciudadanía.

También la CNMC verificó que nueve empresas lácteas (Danone, Nestlé España, Puleva...) habían concertado el reparto del mercado de aprovisionamiento de leche cruda mediante prácticas anticompetitivas para repartirse el mercado y fijar condiciones comerciales comunes que imponer a los ganaderos, que solo tenían la alternativa de venderles su leche al precio concertado previamente entre ellas. Son solo algunos ejemplos, pero la sensación es que, cada inspección que se realiza, conducta anticompetitiva que se encuentra. Las multas son tan exiguas, y los beneficios de este comportamiento tan abultados, que el incentivo a estas prácticas es enorme.

Algunas de estas grandes empresas que piden a sus trabajadores aumentar la competitividad reduciendo sus salarios, incrementando su carga de trabajo y proponiendo importantes despidos colectivos, acaban acordando entre ellas repartirse el mercado para incrementar sus beneficios mediante prácticas anticompetitivas. Es el caso de las empresas de la limpieza de Madrid que pactaron el reparto de la concesión y a la vez proponían el despido de más de 1.100 trabajadores para ganar competitividad. Algo que, solo después de una importante victoria sindical, pudo evitarse.

El pasado mes de junio, el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, afirmó que las reformas estructurales acometidas por el ejecutivo de Rajoy han consistido en "quitar chollos". Concretamente, mencionó la reforma laboral, la fiscal, la financiera y la energética. Nada sobre los verdaderos chollos de este país, el comportamiento de grandes empresas que se reparten el mercado de forma fraudulenta.

*David Llácer es economista del Gabinete Técnico de CCOO PV