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VALENCIA. Acaba de iniciarse la singladura de un nuevo Consell y todo el mundo está a la expectativa de cómo se van a resolver los múltiples problemas que acechan a la sociedad valenciana. Esto va a depender, en una parte muy importante, de si el nuevo Govern va a pilotar de forma óptima esa magnífica y compleja maquinaria que es la Administración.

Además, y para más relevancia, tres de las cinco grandes líneas del Acord del Botànic giran primordialmente en torno a la gestión pública en un sentido instrumental, siendo los siguientes: Regeneración democrática y lucha contra la corrupción; Gobernar para las personas, y Financiación justa y auditoría ciudadana. Esto nos va a llevar a hablar de tres conceptos relacionados con esta gestión, la transparencia, eficiencia y el déficit.

TRANSPARENCIA. La corrupción es el cáncer de la democracia al socavar, entre otros, uno de sus principios básicos -la igualdad-, siendo favorecidas unas personas frente a otras, por cuestiones tan simples como la amistad o por cuestiones más espurias como la entrega de dádivas; a la par que ataca el principio del mérito y libre competencia pues desanima y expulsa a las personas y empresas más trabajadoras/eficientes de la sociedad/mercado frente a las corruptas.

En los países de nuestro entorno, desde hace ya muchos años, se han publicado leyes de transparencia para combatir la corrupción, en España no fue hasta 2013 cuando se aprobó la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Ley 19/2013, implementándose en nuestra Comunitat el abril pasado con la Ley 2/2015. Aunque hacía ya casi un año antes estaba en funcionamiento el servicio GVA Oberta, que aunque puede tener, a buen seguro, recorrido de mejora, principalmente en el tratamiento y consolidación de la información, nos permite observar como en este 2015 (1º semestre) en la Conselleria de Sanidad se adjudicaron algo más de 1000 contratos menores (2.755 en todo el Consell), cifra que, además, no recogerá los tramitados por la Caja Fija, por lo que el número de los contratos adjudicados a "dedo" se incrementará exponencialmente.

Para evitar estas situaciones se deben crear nuevos mecanismos o al menos perfeccionar los existentes, desde la creación y/o modificación de normas, pasando por nuevas capacidades para la Intervención General de la GVA, llegando incluso a la participación de estos controladores del gasto en la lucha contra la corrupción y la transparencia, pues son los mayores (o unos de los que más) conocedores de las patologías que pueden surgir en los procedimientos de erogación de caudales públicos, donde la contratación administrativa tiene un lugar destacado, dentro de la gestión presupuestaria.

EFICIENCIA. La Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales, con pleno sometimiento a la Ley, y realizando una asignación y ejecución equitativa de los recursos públicos en base a los criterios de eficiencia y economía. Estos conceptos, además de ser constitucionales, son una demanda de máximo nivel en nuestra sociedad, y asimismo son una exigencia si queremos que se produzca una autentica recuperación social y económica.

Al inicio del siglo pasado existían, básicamente, dos administraciones, la central y la local; la primera de ellas era dirigida fundamentalmente, en los segundos y terceros escalones, por miembros de los cuerpos funcionariales; mientras que la segunda, al ser de menor tamaño y complejidad, y no requerirlo, eran los prohombres del lugar quien lo hacían. Entonces, hace más de tres décadas, llegó el Estado Autonómico con el que aparecieron unas nuevas administraciones, las Comunidades Autónomas, que aun estando, igual de cerca al ciudadano que las locales, aunaban casi la complejidad de la administración central del Estado. Esto, unido a los problemas de gestión en la GVA en lo últimos años, nos haría concluir que los responsables políticos autonómicos deben confiar, más si cabe, en los cuerpos funcionariales para la gestión pública, pues si no seguiremos viendo a la Administración de la GVA puesta en tela de juicio, en numeroso casos judiciales, en donde, y aunque no deriven responsabilidades penales para los investigados/imputados, sí que aparecen y se ponen de manifiesto malas praxis administrativas, generándose una imagen (e innumerables titulares) negativa de nuestra Comunitat.

En este momento es más necesaria que nunca esta participación, pues con el cambio de Consell y los modificaciones tan profundas en su orgánica, con intercambios de competencias entre diferentes áreas administrativas, nos llevaría, en puridad administrativa (al no existir en los Decretos de creación normas transitorias al respecto), a la casi paralización de la gestión, por diferentes cuestiones que resumiremos en dos:

Primero la estructura presupuestaria orgánica (con sus servicios y secciones presupuestarias) en los presupuestos de este año 2015 no corresponde (con escasos matices) a la nueva estructura orgánica, por lo que correspondería realizar las oportunas modificaciones presupuestarias (Transferencias) conforme lo dispuesto a la sección 2ª del capítulo IV del título II de la Ley de Hacienda Pública de la GVA ley 1/2015 (ver posible solución en el artículo 44.4 de la misma).

Segundo al quedar derogadas tácitamente las delegaciones de competencias en materias del gasto público realizadas por los Conselleres en escalones inferiores, por lo que sólo éstos podrían gestionarlos según el artículo 59. Competencias en materia de gestión de gastos de la ley de Hacienda Pública de la GVA ley 1/2015.

Estas disfunciones (a la par de otras posibles) no ocurrirían si existiera una Oficina Presupuestaria en Presidencia como la que se creó en la Moncloa (invento del PP mantenido por el PSOE, en la actualidad Oficina Económica), siendo su primer Director el Interventor y profesor Barea. Un claro ejemplo de la necesidad de contar con este apoyo funcionarial es el Decreto 10/2015, de 6 de julio, del President de la Generalitat, por el que se rectifica, una semana después, las competencias de dos Consellerías (recogidas en el Decreto 7/2015, de 29 de junio) dándoselas a Presidencia. O incluso otro ejemplo, en este caso fatal si no prosperan los recursos, es la multa de la UE a España de 18,93 millones de € por la alterar las estadísticas sobre el déficit de nuestra Comunidad. Esta oficina en Presidencia tendría unas labores de coordinación e información de la gestión para el President, siempre necesarias y más todavía para casos de gobiernos en coalición, hecho potenciado al existir diferentes sensibilidades políticas entrelazadas (el llamado mestizaje) en los cargos de una misma Consellería.

DÉFICIT. La correcta financiación de la GVA es una tarea pendiente en el sostenimiento y viabilidad económica del autogobierno de los valencianos, siendo un imperativo constitucional recogido en el artículo 156 CE cuando se afirma en su apartado 1º que, las Comunidades Autónomas gozaran de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. En esta cuestión todas las instituciones están de acuerdo (aunque a veces parece que Montoro juegue en otra liga), como pudo verse en los discursos de toma de posesión del nuevo Delegado del Gobierno, pues así lo manifestaron, tanto éste, como el President del Consell y el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, llegando a afirmar éste último que el Gobierno de España tiene ya un nuevo modelo redactado "justo" y "equitativo", pero que no daba tiempo a aplicarse en esta legislatura. Esta afirmación (con lo que conlleva), así como las posibles soluciones transitorias al modelo de financiación, tendrá un importante momentos de debate en la tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, desactivando o impulsando la controversia financiera autonómica de cara a las elecciones generales.

Por otra parte y a la espera de soluciones provisionales, que permitan a la GVA llegar a fin de año, existe siempre camino por recorrer a la hora de reducir gastos, y no en sentido de ajustes y recortes, sino en un sentido de racionalizar el uso de los recursos propios de la administración, pues el hecho de externalizar servicios de los cuales que dispone la propia administración, no encaja muy bien con el espíritu y los principios de la normativa contractual, y en la Consellería de Sanidad (perdón por la insistencia, pero es la Consellería con más gastos con diferencia de todas) existen numerosos casos donde mejorar (diferentes supuestos de concesiones), por lo que se podrían realizar las oportunas Auditorias, de regularidad, operativas, incluso de costes, para minimizar el impacto de posibles sobrecostes de los servicios.

En definitiva, un transcendental desafío de gestión pública que tiene el Consell de Ximo Puig y en el que los valencianos nos jugamos demasiado.

 * Jesús de Salvador es director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de la UCV