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VALENCIA (10/05/2015). La Comisión Europea ha puesto la guinda al despropósito de las facturas en el cajón de la Generalitat valenciana con una propuesta de multa al Reino de España que deja en entredicho el trabajo de Eurostat, la oficina estadística de la CE, que no se entera o no ha querido enterarse de que los gobiernos español y valenciano le han vuelto a tomar el pelo.

En realidad, de este engaño que viene de finales del siglo pasado no ha querido enterarse nadie y a todos ha convenido echar la culpa a Salvador Hernándiz, que la tiene, pero no en solitario. Este cabeza de turco era el interventor general que a finales de 2011 fue ascendido por Alberto Fabra a secretario autonómico, por los servicios prestados desde 1997, y que fue destituido un año después, pero no porque las facturas en el cajón se hubiesen convertido en un escándalo nacional y europeo, sino por otro escándalo local, la filtración a Rafael Blasco del informe que Hernándiz debía enviar a la juez del caso Cooperación. El conseller Vela cayó con él.

Dice la Comisión Europea, porque así se lo hicieron creer De Guindos y Moragues, que Hernándiz "actuó por su cuenta" al ocultar durante años cientos de miles de facturas de Sanidad que la Generalitat no podía pagar. Y añade que la acción de la Generalitat no fue deliberada, sino una "grave negligencia". Vamos, que los interesados en tapar déficit no eran Zaplana y Camps, sino un mandado que nadie conocía y que nada ganaba con ello. ¿Se puede ser más cándido?

Ocurre que la ocultación de facturas en el cajón era tan pública y notoria, que toda la cadena de mando desde Hernándiz hasta los responsables de Eurostat de aquella época, pasando por Madrid, deberían repartirse el pago de la multa de 19 millones de euros. Porque mientras Hernándiz ocultaba facturas a la Intervención General del Estado, la Sindicatura de Comptes cifraba cada año el dinero no contabilizado, al céntimo, y la Conselleria de Sanidad sí informaba al Ministerio de cuál era el gasto real, no el simulado.

Es decir, que los consellers de Hacienda conocían y consentían el fraude, si es que no ordenaban. En Madrid, los ministros de entonces podrán decir que no se leían los informes de la Sindicatura porque pensaban que no era su obligación, que para eso está el Tribunal de Cuentas -que tampoco lo hacía-, pero no podrán decir que no leían los periódicos económicos de tirada nacional, que durante años publicaron que la Generalitat guardaba "facturas en el cajón" para "ocultar déficit". Literal. A la CE, que tiene oficina en España, tampoco le pareció que lo publicado le incumbiera.

Como el policía corrupto de Casablanca -"¡qué escándalo, he descubierto que aquí dentro se juega!"-, los políticos se echaron las manos a la cabeza cuando el conseller Vela, con la naturalidad propia de quien no descubre nada nuevo, dio una rueda de prensa para anunciar que aprovechaba el Plan de Pago a Proveedores para dar de alta los cientos de miles de facturas no contabilizadas que todos conocíamos, que sumaban 1.800 millones de euros. El ministro Montoro, que ya estuvo en la inopia cuando fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004, acusó a Zapatero, cómo no, y hasta se puso la medalla por haber comunicado a Bruselas la trampa.

Y qué decir de Gerardo Camps, el Ausente, quien firmó con el BBVA la financiación de parte de estas facturas ocultas y llegó a rebatir en público, que no desmentir, la cifra que daba la Sindicatura. Para Eurostat, este conseller tampoco sabía que Hernándiz hacía trampas "por su cuenta". Debe de ser por eso que la única llamada que se le conoce a Gerardo sobre el asunto no fue a Hernándiz, sino a la Sindicatura de Comptes para exigir a gritos que borrasen del informe anual ese capítulo incómodo.