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VALENCIA. Como concluíamos en el capitulo anterior, la fortaleza de un sistema productivo, y, por tanto, su sostenibilidad en el tiempo, depende de la intensidad con la que una mayoría de sus empresas incorporen la innovación (todo tipo de innovación, y no sólo la derivada de la I+D) en sus estrategias competitivas. La razón es que el crecimiento de productividad, y por tanto, de la renta per cápita en los territorios en los que aquellas se ubican, es más elevado que el que se deriva de otras estrategias alternativas, basadas exclusivamente en productos y servicios estandarizados, con costes y precios bajos.

Pero es que, además, estas últimas son fácilmente reproducibles en otros países competidores, cuyas ventajas de coste son más que evidentes. Por el contrario, las estrategias basadas en la I+D y la innovación, al estar fundamentadas en el conocimiento especializado, la tecnología y el capital humano, son mucho más difíciles de reproducir a voluntad en aquellos países, al menos en el corto plazo.

Pues bien, afortunadamente, comienza a existir un cierto consenso generalizado entre los estudiosos del asunto, y entre algunos dirigentes empresariales con "visión de la jugada", al respecto de que la Comunidad Valenciana, necesita no solo una mayor extensión de la cultura y las estrategias competitivas basadas en la innovación, sino también una mayor capacidad de adaptación dinámica al entorno cambiante.

Ello es consistente con el último informe de la Comisión Europea de 2014 acerca del comportamiento de la innovación regional en el seno de la UE. De acuerdo con los indicadores disponibles, entre 2004 y 2010, la Comunidad Valenciana, ha sido, junto con Murcia, la única que ha tenido crecimientos negativos en su comportamiento innovador, lo que delataría una cierta correlación positiva entre la gestación de la burbuja inmobiliaria, el gasto público orientado a grandes obras, fastos y eventos, y la caída en desgracia, por parte de nuestros dirigentes políticos, de nuestro sistema de innovación al completo.

Fuente: CE

No obstante lo cual, no debería aceptarse que la Comunidad Valenciana sea un territorio desértico en materia de innovación. Es más, si buena parte de nuestro tejido industrial ha sobrevivido, primero, a la burbuja inmobiliaria, y, luego a la gran recesión de 2008, ha sido gracias a aquélla y al estratégico papel que las aglomeraciones industriales territoriales (cluster), en alianza con sus institutos tecnológicos, han jugado a lo largo de nuestra geografía.

El problema, claro está, es que sobrevivir no es suficiente. El significativo crecimiento de algunas empresas de sectores tradicionales, aún en plena crisis, como es el caso de Inditex o Ikea, en el ámbito nacional, o de Pikolinos, Mercadona y Consum, entre otras, en el ámbito regional, pone de manifiesto que competir en un mundo global es posible, aun perteneciendo a "sectores de toda la vida", y que el fatalismo no debe de ser una opción.

Ahora, al menos, sabemos que hay que enfrentar los problemas derivados del tamaño excesivamente reducido de muchas de nuestras empresas manufactureras, principal obstáculo a las innovaciones de carácter organizativo o de mercado, pero también que se necesita intensificar el uso que éstas hacen de las TICs y logística en toda su cadena de valor; y por supuesto, que resulta imprescindible una gestión más profesionalizada, así como mejora significativa del capital humano utilizado. Y en fin, que necesitamos con urgencia de una mayor implicación de las empresas en el sistema de innovación, con el fin de optimizar los recursos disponibles.

Pero en el campo de la política industrial, no basta con tener un diagnóstico acertado, y unos objetivos bien definidos. Hay algunas condiciones que deben cumplirse para que se disponga de ciertas garantías de éxito; especialmente en situaciones excepcionales, como la que ahora atravesamos. En mi opinión, al menos, cuatro.

En primer lugar, resulta prioritario conseguir un consenso global entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, acerca de cuáles son nuestros principales problemas y cuáles los principales objetivos en el corto, medio y largo plazo. En segundo lugar, deben definirse, con carácter general, los instrumentos y programas para alcanzarlos. En tercer lugar, hay que garantizar los recursos presupuestarios suficientes (un presupuesto sin política, es tan estéril como una política sin presupuesto). Y en cuarto lugar, se debe definir el marco institucional y operativo de actuación; es decir qué institución (agencia), y cómo, ejecuta la política acordada, atendiendo a variables estrictamente profesionales, transparentes y confiables para todos los agentes económicos implicados; y, por tanto, aislándola por completo de los ciclos políticos electorales.

Pues bien, esta última condición es, con mucho, la más decisiva a la hora de alcanzar los objetivos en política industrial. El notable éxito conseguido por el Impiva, entre finales de los 80 y principios de los 90, en la modernización de nuestro tejido industrial tradicional, a través de la extensión de la cultura de la calidad y el diseño, la mejora tecnológica, el cumplimiento de normas técnicas internacionales, y el uso de la innovación como una variable estratégica competitiva, sólo puede explicarse por la confianza depositada en dicha institución por parte de las empresas, las cuales vieron en ella un aliado profesionalizado y leal, capacitado para contribuir a la mejora de su competitividad (y, por tanto, al interés general).

Cuando los ciclos políticos acabaron con aquél modelo de agencia, y emergió el oscurantismo, el amiguismo y la discrecionalidad, la confianza de los empresarios se quebró y se regresó al "curso natural de las cosas". Había objetivos, presupuesto, programas, sí, pero ya nadie se fiaba de la institución, que, de inmediato, cayó en el letargo... Y hasta aquí hemos llegado.

¿Cometeremos otra vez el mismo error?