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El Código de Buen Gobierno será de uso obligatorio en los Consejos de Administración de entidades financieras y grandes empresas a partir del próximo año. La Administración confía tanto en la medida, que ya piensa en adaptarla e imponerla a empresas no cotizadas y familiares. ¿Estarán las pymes dispuestas? 

VALENCIA. ¿Recuerdan cuando nos poníamos al volante y no era obligatorio el cinturón de seguridad? ¿Y cuando nos obligaron a usarlo bajo pena de multa? Ocurrió en 1992 y aquello nos pareció un abuso, un atentado a la libertad individual, incluso una intromisión gubernativa con afán recaudatorio. Sin embargo, de entonces a ahora, la curva de muertos en carretera dejó de subir, incluso bajó en los últimos años, y nadie sensato piensa lo que pensábamos antes.

Aquella experiencia se repite ahora en el ámbito de la "conducción empresarial". Nadie lo discute: el balance de "muertos" y "heridos" de esta crisis es lo que ha llevado al Gobierno a imponer una especie de cinturón de seguridad en el ámbito de la gestión financiera y corporativa. Lo que hasta ahora eran simples recomendaciones recogidas en el denominado Código de Buen Gobierno Corporativo, pasarán a ser obligaciones en 2015. Se quiere así acelerar la salida de la crisis imponiendo mejoras en la estructura y funcionamiento de los consejos de administración de las entidades financieras y las grandes empresas, las llamadas cotizadas.

Recientemente asistí al II Foro Anual del Consejero, organizado por el IESE y KPMG. Allí se habló de la labor significativa de los Consejos de Administración, se comentó y se reflexionó que, de haber existido un Código de Buen Gobierno empresarial bien aplicado, en muchas ocasiones nos hubiéramos evitado buena parte de la crisis. Sin duda ahora, el paso de la voluntariedad a la obligatoriedad de este código nos ayudará a remontar la crisis, inyectando dosis de credibilidad, fortaleza estratégica, honestidad y profesionalidad en la producción de bienes, servicios y empleo.

Las conclusiones del grupo de trabajo creado para el desarrollo de esta nueva ley son tan prometedoras que el Gobierno ya se plantea adaptar y ampliar su obligatoriedad a la pequeña y mediana empresa, que, como se sabe, suele ser de ámbito familiar.

Esta ampliación a las pymes tendría especial trascendencia en la Comunidad Valenciana, donde el 85% de nuestro tejido productivo lo sustentan empresas familiares. De entrada, una medida así vendría a apuntalar lo que el propio Instituto de Empresa Familiar define desde hace años como sus grandes retos estratégicos: la profesionalización de la gestión directiva, la internacionalización, la innovación, el crecimiento y la continuidad generacional.

Viendo que el Ejecutivo ya maneja borradores para implantar la regulación del Buen Gobierno también en este ámbito y nivel, cabe preguntarse si nuestras empresas familiares están preparadas o, al menos, tienen una voluntad clara de asumir en positivo este uso obligatorio del "cinturón de seguridad".

Modificaciones en el ámbito del deber de diligencia en la actuación, dedicación adecuada en el control y direccion de las empresas, exigir la información necesaria en tiempo y forma para cumplir con los objetivos, deber de lealtad¡, conflicto de interés, extensión subjetiva del marco de responsabilidades y una larga lista de facultades indelegables de la función del Consejo de Administración, son un pequeño resumen de los cambios que se llevaran cabo y que afectaran a los órganos de dirección de todas las sociedades

Es aquí donde entra en juego la gran pregunta. Tras veinte años fomentando la voluntariedad de las normas de Buen Gobierno en la empresa familiar, ¿funciona como deberían sus Consejos de Administración? ¿Qué papel juega en estas sociedades familiares la figura del consejero externo? Hay honrosas excepciones, pero en muchas ocasiones ni siquiera se celebran las preceptivas reuniones periódicas y el asesor/abogado externo se limita a cumplimentar las correspondientes actas de reunión como un trámite burocrático más, como algo ajeno a las buenas prácticas de una gestión empresarial asistida, profesionalizada, compartida y con futuro.

El día a día de un gran número de estas empresas suele recaer sobre el fundador en solitario o, como mucho, acompañado por la segunda generación familiar. Numerosos estudios demuestran que el factor de éxito individual en los inicios de muchas empresas sólo encuentra su continuidad en la adaptación a una realidad cambiante, lo que conlleva la creación de una estructura multidisciplinar de gestión asistida, de un espacio de información de calidad y de reflexión contrastada antes de proceder a la toma de las nuevas decisiones.

Haber alcanzado el éxito en la producción de un determinado bien o servicio, de una actividad empresarial en definitiva, no convierte a nadie en especialista en gestión económica y financiera, en leyes, en tecnología, en internacionalización, en procesos de gestión del cambio o en relevos generacionales. Tampoco favorece la salvaguarda de intereses de colectivos, independientes de la propiedad empresarial, la de sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores, sus fuentes crediticias... La no asunción de este principio y de estas obligaciones, suele ser el detonante del fatídico proceso de muerte súbita de muchas empresas, incapaces de afrontar su futuro.

Si nadie discute que un buen Consejo de Administración es fundamental para conseguir los retos de un proyecto empresarial, creo que es una buena noticia saber que el Gobierno estudie la ampliación de este principio a nuestras pymes, aunque sea mediante la fórmula de la obligatoriedad. Es cuestión de convertir la necesidad en virtud, aunque esta necesidad nos llegue por imperativo legal. Las ventajas de usar el cinturón también aquí son incuestionables.
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El blog de Juan Latorre