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Los distintos procesos de privatización dibujan un escenario de colaboración público-privada en la Comunitat Valenciana en la que las empresas se resisten a asumir riesgos con el beneplácito del Consell
VALENCIA. La Generalitat Valenciana está preparando, a través de la empresa pública Aerocas, el pliego para privatizar la gestión del polémico aeropuerto de Castellón. Un proceso en el que, a falta de conocere los detalles, el Consell está dispuesto a regalar el recinto a la empresa que quiera ponerlo en marcha durante 20 años sin contraprestación a cambio. Y aún más. Para convencer a los posibles candidatos está dispuesto a compensar con hasta 25 millones de euros las posibles pérdidas en las que incurra durante los 10 primeros años de concesión.
La colaboración público-privada en la Comunitat Valenciana, que ahora capitanean fundamentalmente el conseller Máximo Buch y el vicepresidente José Císcar, es una historia llena de sombras. Los procesos se iniciaron con la llegada del Partido Popular a la Generalitat con Eduardo Zaplana de presidente. La privatización de las resonancias magnéticas de la sanidad pública y la de las estaciones de la inspección técnica de vehículos (ITV) fueron polémicas en las formas y, en el fondo, siguen despertando dudas sobre su justificación económica.
Ese es el escenario en el que se mueve el actual Gobierno valenciano en los distintos procesos de externalización del sector público, que incluye la gestión privada de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y la venta de Ciudad de la Luz. Los casos son distintos pero en ambos la Generalitat va a asumir el coste de la construcción de unas infraestructuras que costaron centenares de millones de euros y que las empresas que se las queden -ya sea en explotación o en propiedad- no tendrán que pagar.
LAS RESONANCIAS, MÁS CARAS QUE SI FUERAN PÚBLICAS
El caso de las resonancias sigue estando sobre la mesa. Un informe de la Sindicatura de Comptes ha desvelado recientemente que aquel consurso que se adjudicó a Eresa -hoy Inscanner- tenía unas condiciones que lo hacían más caro para las arcas públicas que de haberlo gestionado directamente. Pero a ese alto precio se une que el Consell ha modificado algunas condiciones que obligaban a la concesionaria a realizar inversiones.
El diario El País desvelaba este lunes que la Conselleria de Sanidad eximió a la empresa de actualizar sus equipos. Una modificación del contrato de 497 millones que eliminaba riesgos económicos para la concesionaria. Una empresa que, además, siempre ha estado bajo sospecha por la vinculación de sus propietarios con Zaplana.
LAS ITV MÁS CARAS DE ESPAÑA
Otro de los concursos de privatización que se fraguó en aquella época fue el de las ITV. Envuelto también en polémica por el perfil de las empresas que se adjudicaron las estaciones, lo cierto es que las concesionarias lograron un negocio cautivo -pasar la ITV es obligatoria- con unas condiciones sobre los ingresos que iban a conseguir más que rentables.
El contrato incluía la actualización anual de las tarifas con el IPC. En plena época de bonanza económica se dispararon de tal forma los precios de pasar la inspección que ni con la congelación de las mismas durante tres años han evitado que sigan siendo las más caras de España. Además, la Generalitat creó un concepto -el control de sonido- que solo se exige en la Comunitat Valenciana, lo que genera ingresos adicionales para las concesionarias.
EL MODELO ALZIRA: CAMBIOS HASTA HACERLO RENTABLE PARA LA EMPRESAS
Los cambios en las condiciones iniciales para hacerlo rentable para las concesionarias no son una excepción. De hecho es casi la norma. El caso más llamativo fue el del Hospital de la Ribera, el primero que se construyó bajo el modelo Alzira. La Generalitat llegó a modificar hasta en dos ocasiones las condicones de ese contrato inicial firmado con Ribera Salud para pagar más por paciente atendido y para añadir población afecta a la zona de salud.
El objetivo fue evitar que la UTE que se quedó el centro perdiera dinero, algo que sucedió en los primeros años de concesión hasta que se corrigió a base de que el Consell pusiera más dinero.
El modelo Alzira, además, sigue siendo objeto de controversia. Recientemente un informe de la Comisión Nacional de la Competencia lo puso en duda por distorsionar el sector de la sanidad privada, ya que las concesionarias utilizan instalaciones sufragadas con el dinero público para ofrecer también servicios privados.
TERRA MÍTICA: NI SOCIOS NI GESTORES PRIVADOS
La política de grandes eventos y de proyectos temáticos se inició con Terra Mítica. El parque de atracciones de Benidorm nació bajo el auspicio de Zaplana con la intención de que fueran empresas privadas las que lo controlasen. Sin embargo, fue la Generalitat y las cajas de ahorros locales (Bancaja y CAM) las que acabaron quedándose con la mayoría del capital, diluyéndose los socios privados iniciales (algunas constructoras e inversores locales) a medida que fueron necesarias nuevas ampliaciones de fondos para evitar su quiebra.
Por el camino tampoco se logró que un gran operador de proyectos temáticos se quedase la gestión pagando por explotar el parque. Paramount Parks llegó a poner su nombre y nombró a la directora durante un corto periodo de tiempo. Ni puso un céntimo ni aceptó ceder sus personajes.
Al final el parque se vendió a la operadora de parques acuáticos local Acualandia con fuertes pérdidas acumuladas tanto en la Generalitat como en las cajas de ahorros.
CIUDAD DE LA LUZ: SE REGALA
Los estudios de cine de Alicante, la Ciudad de la Luz, también se puso en marcha con un socio privado, Aguamarga, pero pronto desapareció de su accionariado al no aportar ni un céntimo en las ampliaciones de capital que se realizaron para mantener vivo el negocio. La sociedad apadrinada por el director de cine Luis García Berlanga, mantuvo la gestión una vez más sin pagar por ello.
Pero además, para que el negocio de esos estudios funcionase, la Generalitat tenía que subvencionar los rodajes que se realizaban allí. Al final, la Comisión Europea atendió las denuncias de otras instalaciones cinematográficas europeas por competencia desleal.
En estos momentos la Generalitat busca quién se quede gratis los estudios. Los casi 300 millones de euros que costó su construcción deberían volver a las arcas públicas en cumplimiento de la sentencia europea, pero el Consell se conformará con que un operador privado mantenga la actividad aunque no ingrese ni un céntimo por ello.
LA FÓRMULA 1: BENEFICIO PRIVADO, GASTO PÚBLICO
Posiblemente el episodio más patético de la colaboración público-privada en la Generalitat Valenciana fue el de la Fórmula 1. La negociación con Bernie Ecclestone la llevó el entonces presidente Francisco Camps, pero el acuerdo final lo firmó una empresa creada a toda prisa: Valmor Sports, participada por Bancaja, Jorge Martínez Aspar y Fernando Roig.
Esta empresa era la que tenía que asumir el coste de la celebración del Gran Premio de Europa y garantizar el discurso oficial de que la carrera de bólidos sería gratis total para la Generalitat porque era una sociedad privada la que se hacía cargo del canon y de la organización.
Al final el Consell tuvo que salir al rescate de Valmor, cuyos socios no quisieron asumir las pérdidas acumuladas, y la Generalitat se tragó la deuda comprando la empresa y, con ella, las obligaciones contraidas.
L'OCEANOGRÀFIC: UNA EXPERIENCIA 'POSITIVA'
De todos los procesos de externalización, el único que tiene cierto respaldo es el de L'Oceanogràfic. Durante 10 años el acuario de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias ha sido gestionado por la empresa privada Parques Reunidos Valencia.
Aunque la sociedad paga un canon anual a la Generalitat, lo cierto es que la Generalitat tiene que correr con importantes gastos ordinarios generados en la instalación, con lo que ha habido ejercicios en los que el neteo de ingresos y gastos procedentes de L'Oceanogràfic le han salido a pagar.
CACSA: UNA PRIVATIZACIÓN QUE NO INCLUYE EL COSTE DE LOS EDIFICIOS
El gran concurso pendiente en el proceso actual de externalización es el de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. El pliego lleva rondando la Conselleria de Turismo hace meses y no acaba de publicarse pese a los reiterados anuncios de que está a punto.
La intención de la Generalitat en este caso es sacar a concurso la gestión integral de todo el complejo, con la única excepción del Palau de les Arts. Por ello espera cobrar un canon anual de la concesionaria y no tener que pagar nada, como sí ocurre con L'Oceanogràfic.
Sin embargo, fuentes del sector especulan con que el retraso en la publicación de las bases de la privatización se debe precisamente al canon. Los interesados con los que habría contactado el Consellhabrían mostrado sus reticencias a un pago elevado.
La cuestión es que el Consell espera que no le cueste dinero la gestión diaria del complejo cultural pero asume que no podrá pagar el coste de las obras. Ni con el canon que quiere implantar lograría ingresos suficientes para pagar el coste de los edificios diseñados por Santiago Calatrava y su mantenimiento.
RTVV: SOLO SE EXTERNALIZA PROGRAMACIÓN PAGADA
El proceso más reciente (y rápido) de externalización de un servicio es el de RTVV. Aunque la nueva ley de la televisión pública valenciana permite la externalización de toda la parrilla con la excepción de los servicios informativos, lo cierto es que el ente que preside Rosa Vidal ha optado solo por sacar al mercado contenidos que están amparados por el contrato programa.
Esto significa que RTVV ha decidido ofrecer al mercado su parrilla pero pagando por ella. La nueva televisión valenciana podría vender franjas horarias para que las productoras pudieran comprarlas y tratar de rentabilizarlas por su cuenta. Esta opción ni se ha barajado entre otras cosas porque el sector audivisual dificilmente optaría a ellas en estos momentos.
AEROPUERTO DE CASTELLÓN: GRATIS MÁS 25 MILLONES
Tal y como publicó ValenciaPlaza.com el pasado sábado, el Consell está dispuesto a regalar el aeropuerto de Castellón a quien lo ponga en marcha. La imagen recurrente del aeródromo sin aviones más famoso dle mundo es demasiado insoportable para el Gobierno valenciano.
Tras el fiasco del primer concesionario, que renunció a explotar el recinto por falta de expectativas de rentabilidad, el Consell está dispuesto a financiar al nuevo gestor con hasta 25 millones durante los 10 primeros años. Y si algún día la empresa que se lo queda tiene beneficios no tendrá que pagar nada por el uso de unas instalaciones en las que se han invertido más de 120 millones de euros y que tendrá que pagar la Generalitat.
Lo de las tarifas de la itv es de traca, de las más caras de toda España. Se pueden ver todas las tarifas del estado en http://itvcitaprevia.es . Por ejemplo, una diferencia abismal compararlas con Navarra
En el caso del Oceanografico, que podria ser el unico realmente rentable por razones obvias.... pues resulta que todos los animales(el contenido) lo paga o son de propiedad de la Genalitat.Si un pez vivo se come a otro lo repone el contribullente .
¿Y a esto no se le ha llamado siempre "regalar a los amigos"?.
A todos nos gustaría que el sector público empresarial funcionara bien de forma eficaz y rentable, pero en España esto es casi una Utopía. No todo el sector público empresarial es igual, ni su mantenimiento a cargo de los presupuestos del Estado se puede justificar de la misma manera. Existe una parte que atiende servicios sociales y otra que simplemente se crea para reactivar diversos sectores como el turismo, con la peculiaridad de que estas empresas en el caso de los Centros Temáticos están sometidas a una fuerte competitividad del mercado, lo que las hace que deban funcionar con unos parámetros de organización y eficacia que en el sector público, con los defectos que conlleva y que todo el mundo conoce, es casi imposible de conseguir. Por otra parte no parece razonable que la Administración Pública se dedique a gestionar un parque temático ni a organizar carreras de coches, sencillamente porque no es esta, ni de lejos su función. Si lo es, sin embargo promover o facilitar estas inversiones, como se hace en todo el mundo, cuyos BENEFICIOS nadie discute(al menos fuera de la Comunidad Valenciana) y que no están tanto en la gestión directa sino en la repercusión indirecta(aumento turismo en las zonas, ect..) que generan tales actividades. Yo creo que no vendría mal un cambio de mentalidad y métodos para afrontar las reformas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que necesita REINVENTARSE URGENTEMENTE y cuyo problema principal, ahora mismo no es la selección de un operador, y concretar canon y mantenimientos, sino la definición de la oferta de ocio con nuevos CONTENIDOS del complejo para afrontar los próximos años, y una vez aclarados estos, probablemente vengan de la mano de quienes deban gestionarlos (Como es el caso del Oceanográfico). Porque claro no es lo mismo que venga una empresa y reinvierta un montón de dinero, porque apuesta por el crecimiento del complejo y no pague canon ni mantenimientos, a que venga otra pague tres canon y asuma los mantenimientos y no reinvierta ni un euro en nuevos contenidos porque su negocio es aprovechar la inercia actual de negocio reduciendo al máximo los gastos………que es lo que suele pasar. La rentabilidad para Valencia, está en conseguir que el operador AUMENTE SIGNIFICATIVAMENTE el número de visitantes que generen gasto en la Comunidad y esto solo se consigue con más inversión……….que en definitiva es lo que NECESITA el complejo y las arcas públicas no pueden afrontar. Lo que sin duda y sin ánimo de molestar a nadie, está fuera de lugar, es que se va a tardar ¡ casi 3 años¡ en terminar las reformas de un Centro Temático, algo inaudito en este sector y que hace comprender mejor porque es imposible que el sector público empresarial sometido a la competencia en sus mercados, funcione adecuadamente.
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