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VALENCIA. Hay ocasiones en las que los árboles no nos dejan ver el bosque. En la vorágine informativa diaria llegan a las redacciones noticias de alcance que obligan a los periodistas a atender a lo urgente, postergando lo importante para un momento de calma en el que poder echar un vistazo en mayor profundidad a ese flash informativo de urgencia.
Así, el 8 de mayo de 2012 cuando a media tarde la Comisión Europea hizo público su dictamen sobre la Ciudad de la Luz, declarando ilegales la inversión pública realizada por la Generalitat en los estudios de cine de Alicante por considerarla contraria a la competencia, el objetivo se centró en las consecuencias: había que devolver los 265 millones de euros que se habían gastado en levantar el complejo cinematográfico.
Pero, ¿cuáles eran las razones que llevaron a la comisaría europea de la competencia a sancionar a la Comunitat Valenciana? Aunque entonces se dieron algunas pinceladas de la base sobre la que se dictaba la resolución, lo cierto es que los tiempos de burocracia europea son los que son y hay que remitirse al Boletín Oficial del Estado del 23 de marzo de 2013 (casi un año después) para poder leer la decisión completa de Bruselas. 35 páginas en las que se desgrana todo el proceso que siguió Competencia para establecer si era o no legal que la Generalitat levantase con dinero público un complejo de rodajes en Alicante.
La lectura de ese informe es aterrador. Porque la primera conclusión que se extrae ya no es que era improcedente que un Gobierno destinase dinero a construir unos estudios de cine cuando el sector privado ya estaba prestando ese servicio por su cuenta. Lo que realmente llama la atención tras una lectura sosegada del documento es que la Ciudad de la Luz estaba condenada a la quiebra antes incluso de poner la primera piedra.
El análisis de la CE se centró en una pregunta clave: ¿Hubiera acometido una empresa privada esta inversión? Y la respuesta, en pocas palabras fue que nadie en su sano juicio (esto no lo dice, claro), habría arriesgado su dinero en un proyecto condenado al fracaso.
Bruselas no trabaja con ligereza. De hecho, para dictar su resolución tomó en consideración numerosas variables, estudios, informes e incluso análisis solicitados ex profeso a consultoras internacionales. Pero, simplificando, aplicó una fórmula demoledora, la que sirve para calcular el coste del capital necesario para levantar el complejo y lo comparó con la previsión de rentabilidad del mismo.
La aparentemente compleja fórmula que ocupa el titular de este artículo -que en definitiva tiene en cuenta el coste del dinero- arrojó que el coste del capital se situaba en el caso de Ciudad de la Luz en cerca del 15%. Sin embargo, el dato más optimista de los dos planes de negocio que aportó la empresa pública de la Generalitat apuntaban a una rentabilidad de algo más del 5%. Un dato que, encima, fue rechazado abiertamente por los técnicos europeos y por las dos consultoras externas que participaron en el proceso al considerarlo irreal, más después de las pérdidas que iba acumulando el recinto año tras año.
"Ninguna empresa privada hubiera acometido una inversión con una diferencia tan notable entre el coste del capital y la rentabilidad esperada", vino a resumir Competencia. En resumen, Solo echando un ojo a las previsiones de gasto en la infraestructura (que incluso eran menores inicialmente) con los optimistas planes de negocio realizados primero por Arthur Andersen y después de Consultia, era posible saber, aplicando una fórmula contable, que el recinto de cine de Alicante estaba condenado al fracaso.
Pero el informe, que no tiene desperdicio, también tumba las valoraciones que presentó la empresa pública valenciana sobre los terrenos que fueron expropiados y después aportados como capital. La empresa que hizo la tasación, Euroval, no quiso firmarlos, y Bruselas es muestra escandalizada de que incluso Ciudad de la Luz reconociera que ese suelo se había valorado dependiendo del dinero que tenía que aportarse al capital social en especie. Es decir: le ponían el precio que les venía bien.
No queda títere con cabeza: ni las consultoras que participaron en los planes de negocio, ni las excusas de la Generalitat sobre el valor estratégico territorial, ni las tibias declaraciones de los productores cinematográficos españoles.
Al final, lo que ya se sabe: hay que devolver los 265 millones que se invirtieron. Pero el plazo que marca la legislación europea, dos meses desde la comunicación de la sentencia, ya ha vencido. Y la Generalitat sigue sin saber qué va a hacer con una instalación condenada al cierre.
sin comentarios, ..en este país deberíamos empezar a pensar que nos ha pasado en los últimos 50 años,.. es como si alguien desde el planeta de los despropósitos terroríficos, nos hubiese enviado un alien para ganar una apuesta a sus colegas.."voy a demostraros que en España no hay límites para la torpeza, la iniquidad, la estupidez, la indignidad, la insolidaridad y la pretenciosidad, ..y además las bajezas se practican por el mero hecho de autodemostrarse de que uno es capaz de hacerlo sin que a uno lo descubran,.." sin duda, el alien ha ganado la apuesta
Sí pero... ¿alguna responsabilidad?. Uno se puede equivocar pero lo que no se puede consentir son estos informes a medida, de pura fantasía , realizados por las "consultoras" habituales, con los que al parecer siempre se apoya la Generalidad Valenciana para justificar sus excentricidades. ¿Cuantos informes como estos se habrán hecho?. ¿Y los políticos que no actuaron con la mínima diligencia exigible ? ...¿Tampoco? ¿Cualquier barrabasada realizada por un político le sale gratis? . ¿Y la valoración de los terrenos expropiados?.. sin firmar... por el valor que interesó para la aportación especie. ¿La empresa cobró unas valoraciones que no firmó? ¿la expropiación se realizó sobre valoraciones sin firmar?.... ¡y no pasa nada! ¡265 millones a la basura y no pasa nada!
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