Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• El Tribunal de las Aguas se suma al 125 aniversario de Aguas de Valencia
• Grezzi quiere Metro nocturno y más bus para desterrar el coche privado del ocio
• La reparación de la climatización recupera la mayoría de cuadros del San Pío V afectados

VALENCIA. "El mejor abogado es aquel con el que está satisfecho un cliente porque se convierte en el mejor prescriptor" dice José Domingo Monforte (Valencia, 1959) y presidente de José Domingo Monforte Abogados Asociados. Un despacho en el que trabajan 25 personas, 17 de ellas letrados y socios dedicado a lo tradicional, civil y patrimonial, pero que en los últimos dos años ha tenido que atender numerosos casos derivados de la mala praxis bancaria que han arruinado a miles de personas. No han abandonado a ningún cliente por su situación de insolvencia. Ve que la ley de tasas, cuyo fin era rentabilizar la administración de justicia, no solo no ha conseguido su objetivo sino que ha encarecido la justicia. Hombre familiar y vocacional. Sus mejores horas las pasa trabajando y su cotidianidad la llena de amigos, su mujer y sus dos hijos.

-¿Cuál es el estado de la abogacía en Valencia?
-Bastante positivo. El desempeño de esta profesión implica establecer unos lazos de confianza y fidelización con el cliente. Lazos que pueden crear tanto las grandes superficies como los despachos de menores dimensiones, aunque quizá la diferencia es que nosotros podemos ser más artesanos en la creación de la relación cliente-abogado. Desde luego los despachos en Valencia ofrecen un alto nivel jurídico.

-¿Sigue funcionando la idea de que la marca es cara?
-Eso lo dicen los despachos pequeños. El equilibrio adecuado se encuentra en la satisfacción del cliente y en el beneficio que obtiene al contratar a un abogado. El precio puede parecer alto, pero no serlo al medir este equilibrio.

-A nivel mundial la revista Best Lawyers difunde un ranking anual con los mejores despachos y abogados del mundo, ¿a nivel local se podría plantear y así saber quiénes son los mejores?
-Yo creo que para cada cliente el mejor es su abogado. Aquel con el que está satisfecho. Aunque existan las marcas, también es verdad que en un tribunal cuando un letrado se pone la toga no lleva la marca delante. Lo único con lo que cuenta es con su sabiduría, inteligencia, habilidad, agudeza de réplica, sus planteamientos, etc.

-Otra apreciación es que a veces los abogados ya no se dedican solo a su ejercicio, sino que se les ve realizando gestiones comerciales, ¿esto es lo próximo en la profesión?
-No creo. Se da más en grandes despachos. La mejor gestión que puede hacer un abogado es la de su tiempo. Y no hay mejor prescripción que la de un cliente satisfecho. Por más marketing y acciones comerciales que se hagan, si falla la calidad jurídica están perdidos.

-¿Se pierden muchos clientes cuando se pierden los casos?
-El fracaso siempre se lleva mal. En mi caso intento mantener una máxima que traslado al despacho: "perder con la máxima dignidad y procurar ganar con humildad". Es una regla que no falla. El cliente valora la transparencia, participar de su defensa, construir la estrategia y la cultura que se le aporta cuando se ve inmerso en un litigio. La abogacía ahí está cambiando. Quien no se dé cuenta pierde el barco. El abogado tiene que convivir con el cliente, el problema y el asunto. No se puede realizar una buena defensa de espaldas al cliente.

-La subida de tasas judiciales ha disminuido la litigiosidad en toda España, ¿cree que es un palo para el ejercicio de su profesión?
-Una conquista de la democracia que era la supresión de las tasas, lamentablemente nos hemos vuelto a encontrar con ellas perjudicando a la gente humilde económicamente que no puede litigar. El incremento de tasas favorece más a las entidades financieras y compañías de seguros.

-¿Por qué?
-El ciudadano carece de recursos y se lo piensa dos veces antes de interponer una demanda a una gran compañía. Y por otro lado el desgaste emocional, además de económico, que conllevan estos casos. Todo esto inclina la balanza hacia la pasividad.

-Y desde la perspectiva de los despachos ¿qué sugieren a sus clientes?
-Nosotros mantenemos la corresponsabilidad de siempre. Seguir defendiendo a nuestros clientes aun no estando asegurado el pago. Muchas veces por años de fidelización y de trabajo. No hemos abandonado a ningún cliente por su situación de insolvencia, ni de crisis. Y sinceramente creo que han hecho todo el esfuerzo para pagarnos hasta donde han podido.

-¿Qué futuro le espera a la ley de tasas y su aplicación?
-Creo que se atenuará el coste. Habrá ajustes, pero desgraciadamente vamos a tener ley de tasas para rato.

-Siendo una decisión política cualquier cambio en el gobierno podría revocarla...
-Sin duda. Es una decisión que como otras está sometida a determinismo político. En el caso de la ley de tasas el trasfondo es una cuestión de recaudación y de rentabilizar la administración de justicia. Lo grave es que hoy por hoy seguimos igual, pero con una justicia más cara. Además con un problema añadido y es que al implantar la ley de tasas ha habido un giro radical hacia procedimientos penales.

-¿Qué quiere decir?
-Hay casos que claramente se deben dirimir por la vía civil y acaban en la vía penal porque resulta menos gravoso ya que es una vía exenta de tasas. Al proceso penal se acude por desgracia con excesivo abuso. Hay muchas cuestiones mercantiles que se están criminalizando porque la vía penal es menos costosas, más coactiva y más rápida. Recurrir a la vía penal supone sacar adelante un proceso más rápidamente y además no te puedes equivocar porque el impulso lo da el juez. A la larga no es bueno. La vía penal debe ser la solución subsidiaria y última, no la primera. Se está usando como una posición estratégica, pero no debe convertirse en táctica. Los ciudadanos tienen que sentir que la justicia es segura.

-Ante tanta nueva normativa ¿está preparada la Administración de Justicia para asumirlos?
-Hasta hace poco el último invento que había entrado en la Administración de Justicia era la máquina de escribir. Ojalá tuviera los medios que tiene el Ministerio de Hacienda, sería más eficaz. La dilación procesal es un castigo para los ciudadanos. No se puede asumir que un recurso al Tribunal Supremo suponga tener que esperar 4 años para obtener un veredicto, o que un proceso pueda estar un año en tramitación.

-¿Se puede cambiar?
-No es imposible. Pero la abogacía tiene que poner de su parte. Tiene que ser más reivindicativa en el día a día. Los abogados tienen que tener más seguridad en sí mismos, estar más protegidos, tener más independencia a la hora de pedir porque están pidiendo por alguien. Y los jueces tienen que asumir que no son inmunes.

-Casos como el de Garzón, el juez Elpidio José Silva, la sustitución de los jueces del Registro Civil por registradores de la propiedad... ¿pueden inducir a pensar que la independencia judicial está en jaque?
-En estos casos y en concreto en el del juez Elpidio da la sensación de que el hombre lo está pasando mal y no debería. Hay que respetar la independencia judicial y la vida personal. No puede haber tanta filtración y menos sobre cuestiones personales que desfiguran la imagen de un juez. Me parece muy injusto.

-En España da la sensación que en algunos casos se acaba acusando al que toma las medidas y no al que presuntamente ha cometido el error, ¿qué piensa usted?
-Desde luego habría que conocer cada caso. Pero en términos generales el tipo de justicia mediática de llamar a alguien y mandarlo a prisión sin que haya elementos que permitan sospechar de una fuga creo que es un atraso. Es más bien propio de un sistema inquisitivo. Todos los ciudadanos tienen derecho a defenderse y mantener la presunción de inocencia. La prisión debe ser excepcional. A la vez hay que pensar que la delincuencia económica no puede quedar impune. No obstante conseguir ese equilibrio va a ser difícil, por lo que me temo que vamos a asistir a un continuo espectáculo de temas judiciales. Al final el ciudadano se queda con que vive en un país donde el escándalo, la corrupción y la sensación de inmunidad campan a sus anchas.

-Con la proliferación de casos judiciales ¿se ha notado un incremento de la cultura jurídica en la ciudadanía?
-En este país están pasando muchas cosas. Hemos pasado de no tener cultura financiera a tener un exceso de la misma. Lo mismo cabe decir respecto al sector inmobiliario y pasará con cuestiones judiciales. Hay tantos temas de los que todo el mundo opina... El problema es que a veces se construyen verdades mediáticas que no tienen nada que ver con la verdad formal, ni material. La gente juzga sin suficiente información. Cuando uno lo sufre injustamente el daño es tan grande que no se resarce con una sentencia absolutoria. El castigo social es un peaje duro de pasar.

-¿Quizá los ciudadanos están cansados de tantos casos de corrupción?
-Sin duda. Y es cierto que el ciudadano tiene la sensación de que la política ha perdido su virtud y por consiguiente circula una pérdida de confianza en quien debería ser ejemplo de actuación. El problema de esta situación es el coste y sobre esfuerzo que deben realizar los políticos para superar el deterioro de su imagen. A lo que se añade que cada día se agrava más este deterioro. No lo ha hecho bien ningún partido. Y ahora el último juego es judicializar la vida política cuando todos tienen algo que callar.

-¿No es mucha carga para la justicia tener que saber que hasta que no resuelvan casos aquí no dimite nadie?
-La justicia no puede ser protagonista de la vida política.

-Pero lo es.
-Ni los jueces tienen que recordar cuáles son los valores que deben presidir el buen gobierno y la buena acción política. Es un tema muy grave. Hemos sufrido la crisis de confianza con las entidades de crédito porque se han aprovechado de las personas colocándoles todo tipo de productos perjudiciales para sus ahorros. Hay muchas personas atrapadas en ese fraude. Han utilizado todo tipo de planteamientos engañosos que han convertido a los bancos en casinos. Va a costar mucho recuperar la confianza en las entidades financieras. Ahora se une la pérdida de confianza en los políticos. El binomio produce un tremendo espanto. No hay que olvidar que la responsabilidad no es patrimonio de los jueces, la tenemos todos.

-En un despacho de abogados cualquier candidato debe pasar numerosos test y pruebas de aptitud bastante duras, ¿cree que este tipo de filtros deberían incorporarse al ejercicio de la política?
-Sobre todo uno, que sepan inglés. Conocer la materia que se va a trabajar, tener experiencia, un nivel muy alto de formación y aptitudes personales acreditadas son algunas de las condiciones indispensables para entrar en cualquier empresa. No podemos esperar menos de quienes tienen que decidir qué leyes y por dónde van a ir las directrices de un país.

-¿La crisis también se ha notado en su sector?
-La crisis se ha llevado por delante a los mediocres. La mediocridad se acaba con la exigencia. Hace unos años prevalecía la imagen, pero es un concepto de recorrido corto porque en el desarrollo del día a día es difícil engañar durante mucho tiempo.

-¿Qué asuntos son los más demandados últimamente por los clientes?
-Los derivados de la mala praxis bancaria que está generando mucha letigiosidad. En algunos casos solo puedes acabar consolando a la gente, porque el derrumbamiento económico ha sido enorme. Hay quien ha perdido todos sus ahorros e inversiones en valores inmobiliarios que no solo se han depreciado sino que les ha dejado unas deudas más superiores al valor de los activos.

-¿Qué temas de actualidad sigue con atención?
-Me preocupa mucho saber cómo se resolverá la implicación de Rita Barberá y Francisco Camps en el caso Nóos. Al frente de esta decisión está el magistrado Antonio Ferrer cuya independencia la tiene por bandera y es una persona de enorme rigor jurídico. Es una garantía que sea este magistrado el que tiene que resolver esta cuestión.

-¿Y qué le parece el asunto de las presuntas 13 propiedades fantasma de la infanta Cristina?
-Lamentaría que fuera una estrategia de defensa y se aprovechara el error para poner en duda cualquier nuevo dato que salga a la luz. Lo que está claro es que este "error de la agencia Tributaria" ha ocurrido al pedirse datos para saber si se tenía que imputar a la infanta por la comisión de un delito fiscal. Hacienda debe explicarse mejor. No puede decir fue un error. Las declaraciones de Montoro no convencieron, ni generaron confianza en el ciudadano. Nadie se ha creído que fuera un error. Y si fue así, ¿cómo se introdujeron tantos errores en el sistema?