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VALENCIA. Crece el nerviosismo en el seno de la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR). Varios empresarios de su consejo, incluido el actual consejero delegado, están maniobrando para minimizar el impacto de la próxima comparecencia en Les Corts del director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, para informar sobre quiénes se beneficiaron de los avales de esta sociedad.
Según reconocen fuentes cercanas a la sociedad, algunos de los miembros de la SGR, que tuvo que ser rescatada por la Generalitat para evitar la quiebra, ya han hecho llegar a Illueca la inquietud que existe sobre la información que pueda quedar al descubierto y sus posibles consecuencias.
El director de IVF acudirá próximamente en Les Corts -la fecha aún no está fijada- para responder a la petición del grupo parlamentario socialista, que recientemente solicitó su comparecencia ante la Comisión de Economía para aclarar "qué sucedió realmente" con los avales de la SGR. Para sustentar la petición, el portavoz socialista de Hacienda recordó que el riesgo vivo de la Generalitat con la sociedad avalista supera ya los 360 millones de euros.
Los socialistas reclaman que se informe a los diputados sobre quién fue la persona encargada de conceder estos créditos inviables, a quiénes, cómo y con qué garantías "puesto que son empresas que se han financiado con dinero de todos los valencianos". Una suerte de ‘lista Falciani' valenciana que ha desatado el nerviosismo entre quienes estuvieron al frente de ella en los años en los que se aprobaron las operaciones dudosas.
La SGR, lo más parecido a un banco con sede en la Comunitat que ha quedado tras la intervención de Banco de Valencia y la CAM y la integración de Bancaja en Bankia, lleva prácticamente tres años paralizada. En 2014 apenas concedió 120.000 euros en un nuevos avales, una cifra ridícula para una sociedad que tiene avales formalizados por importe superior a 430 millones de euros.
Desde que el Banco de España detectó en 2011 un déficit de capital de 60 millones de euros que le hacía entrar en causa de disolución, la Generalitat ha acudido dos veces a su rescate. La primera mediante una inyección directa de capital de 45 millones de euros y la segunda con un aval de 200 millones para reequilibrar la sociedad tras una auditoria que encargaron sus actuales responsables y que afloró más fallidos de los años en los que estuvo dirigida por Juan Manuel García Puchol y presidida por José Roca.
Aunque el consejo actual está tratando de reconducir la sociedad para que pueda volver a conceder avales a pequeñas y medianas empresas, la situación heredada continúa siendo fuente de problemas. El último ha sido la multa que el Banco de España ha impuesto a la propia SGR y a 37 de sus consejeros y exconsejeros por incumplir los requisitos mínimos de solvencia.
NO ALIMENTAR LA POLÉMICA QUE ENVUELVE A LA SGR
Por ese motivo, el argumento de los empresarios que están maniobrando para tratar de descafeinar la comparecencia parlamentaria de Illueca es la conveniencia de no alimentar el clima de sospecha que flota sobre la gestión de la SGR en las últimas décadas. A su juicio, mantener el foco de la polémica sobre la sociedad entorpece su recuperación precisamente ahora que ya está recapitalizada.
Como ya hicieron cuando negociaron con el anterior Consell la inyección de fondos, los vocales de la SGR esgrimirán el perjuicio que sufren los socios partícipes, en su mayoría pequeñas empresas, con los problemas de la sociedad. En la actualidad la SGR cuenta con más de 8.200 empresas socias, según la memoria que acompaña a sus últimas cuentas.
A los problemas económicos que arrastra se suma la indefinición sobre sus órganos de gobierno. El puesto de presidente del consejo sigue vacante tras la dimisión a principios de verano de Dolores Font Cortés. Además, la sociedad está a la espera de que la Generalitat, que tras la inyección de fondos públicos controla un 40% del capital, nombre a sus representantes en el consejo.
SOLICITARÁN A XIMO PUIG QUE INTERCEDA
Los afectados tienen previsto trasladarle su inquietud al propio president de la Generalitat, a quien se le pedirá que interceda para que el PSPV no convierta a la SGR en un arma política contra la gestión del anterior Consell, que participaba en el consejo de la SGR a través del IVF y que fue quien aprobó las operaciones de refinanciación.
Algunos de esos empresarios coincidirán hoy mismo con Ximo Puig en el almuerzo de inicio de curso que José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, organiza cada año entre empresarios, delegados territoriales de las principales entidades financieras y el jefe del Consell. También estarán presentes los consellers de Haciencia, Vicent Soler, y de Economía, Rafa Climent.
Al margen de su argumento de no entorpecer la recuperación de la SGR, a los vocales también les preocupa que el ruido mediático alrededor de la SGR les perjudique a la hora de librarse de las multas que les ha impuesto el Banco de España. El supervisor sancionó a varios consejeros con una multa conjunta de 1,37 millones de euros por incumplir los requisitos de solvencia durante unos meses mientras esperaban la inyección de fondos de la Generalitat.
NO HABRÁ DESTAPE TOTAL
Fuentes conocedoras del proceso explican que el IVF ya ha comenzado a analizar todas las operaciones realizadas por la SGR en las últimas décadas para preparar la comparecencia de Illueca. El estudio se centra en distinguir entre los avales que habrían entrado en situación de fallidos como consecuencia de la crisis y aquellos que se habrían concedido sin una adecuada evaluación de los riesgos. Gran parte de la caída de la SGR se explica precisamente por su elevada exposición al sector inmobiliario, que disparó su morosidad tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
No obstante, es poco probable que se detalle quiénes fueron los beneficiarios de los avales por motivos de confidencialidad. De hecho, mientras se analizan las operaciones, el IVF ha solicitado un informe jurídico para determinar hasta qué punto se puede llegar en la revelación de información. La clave es compaginar el derecho a la información de los parlamentarios con el deber de secreto bancario.
"Se sabrá lo que ha pasado en la SGR, pero esto no es una persecución", aclaran fuentes de este organismo.
La propia administración autonómica también está interesada en determinar las posibles responsabilidades de los anteriores gestores de la SGR hasta llegar a la situación actual. Este mismo año, el nuevo Consell ha tenido que abonar 20 millones de euros más para cubrir pérdidas por avales fallidos de la SGR en función del contrato de reaseguramiento que se firmó en el año 2000 por el cual el IVF se comprometía a cubrir el 40% de las operaciones fallidas formalizadas desde ese ejercicio.
A 31 de diciembre de 2013, la cantidad derivada de fallidos reconocidos de los que debía hacerse cargo la administración autonómica ascendía a 32 millones de euros. Un año después, a 31 de diciembre de 2014, la cuenta había ascendido a 109,8 millones, 77 millones más "por los fallidos producidos hasta el 31 de diciembre de 2014".
¿Puede realemnte alguien "presionar" a la generalitat para que no se sepa quien o quienes se beneficiaron del quebranto del SGR? Me parece una verguenza.la reputación es importante pero, cuando son los fondos públicos quienes pagan el quebranto hay que conocer a los culpables por higienes mental y moral.- Atte Alejandro Pillado Marbella 2015
Ya está bien de falacias. ¿por qué la Generalitat sigue enterrando dinero en un proyecto sin ningún futuro? ¿para apoyar a los 8.200 socios? ¿ para apoyar a la Pyme valenciana? ¡ MENTIRA! Los 8.200 socios ha sido el arma arrojadiza utilizada reiteradamente para defender lo indefendible. Señores de la SGR: digan cuántos de estos 8.200 socios tienen operaciones vivas o Señores de la Generalitat, verifíquenlo. Con 120.00 euros en avales formalizados en un año ¿ qué apoyo supone? ¿ no lo puede asumir directamente el banco público con mejores tipos de interés y eliminando el lastre que supone la SGR para la Generalitat, para las Pymes y para todos los valencianos? Basta de falacias y mentiras.Si no pueden salir a la luz los nombres, al menos tomen medidas.
Vaya, vaya, por lo visto que los "paganos" y endeudados hasta los ojos por tres generaciones nos enteremos de quienes han sido la colla de sinvergüenzas que nos han llevado a esta situación y sus connivencias políticas es un grave problema.... ¡¡¡ para la SGR???. Pues muy al contrario: el mayor descrédito para la SGR es que pretenda seguir escondiendo la ropa sucia. Y quienes sean cómplices de ese ocultamiento compartirán su descrédito. Parece la renovación de la cúpula de la SGR no ha sido tanta.
Perdonad mi ignorancia pero, si se ha "prestado" dinero de las arcas públicas, lo suyo es que sea información pública ¿no?. Consultaremos a la Conselleria de Transparencia y al señor Alcaraz, que para eso es profesor de Derecho, aunque al señor Roca el tema no le haga mucha gracia; "jugar" con el dinero de todos debe tener alguna contraprestación, al menos mínima, pero alguna.
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