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VALENCIA. María Emilia Adán García (Segorbe, Castellón, 1964) decana autonómica del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, que engloba a 144 registros en la Comunidad Valenciana, se pregunta cómo va a financiar su colectivo las nuevas atribuciones, en materia de Registro Civil, que el Estado les ha otorgado. Cree que la emisión de certificados de nacimiento, defunción o matrimonio seguirá siendo gratuito, pero el anteproyecto de Ley que ha pasado el primer examen del Consejo de Ministros no lo prohíbe expresamente. Vive en Gandía donde es titular del Registro de la Propiedad, aunque se escapa en cuanto puede a Segorbe para seguir descubriendo su historia y rico patrimonio.

-¿Cree que la privatización del Registro Civil supondrá el cierre de juzgados y puestos de trabajo?
-No estamos ante una privatización del Registro Civil. Hace tres años las Cortes aprobaron la ley del Registro Civil donde decía que éste se desjudicializaba. ¿Qué significa? Hace tres años se determinó que los jueces y magistrados no iban a llevar el Registro Civil. Faltaba saber a quién se iba a designar esta tarea. La Ley del Registro Civil tenía que entrar en vigor ahora. Su gestión es la que mayor número de quejas presenta ante el Defensor del Pueblo. Paralelamente se vio que los Registradores de la Propiedad habíamos gestionado con éxito 450.000 expedientes de nacionalidad atascados. Salvamos con brillantez el desafio. Fue costoso porque ni al Estado ni al ciudadano les costó un euro.

-¿De dónde salió el dinero?
-De nuestros bolsillos. Lo pagamos como una contribución, aunque cueste creerlo.

-¿Los registradores hicieron una derrama?
-Sí. Lo pagamos los colegiados. Una parte de la cuota se destinó a este esfuerzo para pagar la financiación solicitada. El Gobierno pensó que los Registradores de la Propiedad podríamos volver a hacer una labor similar con el Registro Civil. Ha sido una decisión gubernamental en la que no hemos tenido nada que ver. Para nosotros es un orgullo pensar que lo podemos hacer. No obstante es una decisión que no ha gustado a todo el colectivo.

-Ni a otros, porque CCOO ha anunciado una huelga para el 8 de octubre denunciando ante la fiscalía que el control de la vida jurídica de los españoles ha pasado a manos de una empresa privada.
-Es que no somos una empresa privada. Somos funcionarios.

-Pero ustedes no reciben un euro de los presupuestos generales del Estado y se financian exclusivamente de lo que pagan los ciudadanos que hacen uso del servicio.
-Ese es el problema y la ventaja. El Registro Civil es un registro electrónico de tal manera que facilitará el acceso informativo a los ciudadanos con menos gestiones. Asimismo hoy si no sabes dónde falleció un familiar puede resultarte muy difícil encontrar su acta de defunción. Seguirá siendo gratuito, incluso el de matrimonio. El problema es cómo se financia la puesta en marcha del Registro Civil. El Gobierno ha asegurado que no se va a amortizar ningún puesto de trabajo del Registro Civil sino que se va a reestructurar. Por tanto nadie va a ir al paro. No es una privatización, sino otro modelo de gestión. Y por supuesto garantizado con los mismos estándares de calidad y confidencialidad que siempre han tenido.

-¿Los registradores van a cobrar protagonismo en materia concursal?
-Sí, sobre todo a la hora de designar a los administradores concursales. La nueva ley concursal nos otorga funciones para nombramiento de expertos independientes, auditores y mediadores concursales. Pero no hay que olvidar que durante esta época de crisis el funcionamiento de Registro Mercantil ha sido modélico porque ha tenido que gestionar la liquidación y extinción de sociedades; y la refinanciación, fusiones y absorciones de otras...

-¿Van a tener mucho poder?
-Sí, pero solo nos aumentan las funciones. Veremos cómo se financia. 

-¿Cree que el papel de los registradores en materia de asesoramiento de una vivienda o hipoteca es desconocido?  ¿Es gratuito este asesoramiento?
-En cierto modo sí. El registrador puede asesorar gratuitamente sobre cuestiones como la transmisión de la vivienda y de su inscripción. Tanto en la compra como en la venta. Acabamos de publicar dos guías donde intentamos explicar de manera sencilla lo que son las cargas hipotecarias, gastos de reparcelación, revisamos, antes de la firma de documentos, las cláusulas que pueden ser abusivas como por ejemplo: tener que firmar un seguro de vida...

-¿Los ciudadanos consultan?
-Para las cargas sí, pero la mayoría vienen después de la firma de la hipoteca y nosotros ya no podemos hacer nada. Tienen que acabar recurriendo a un abogado.

-Aunque el sector inmobiliario sigue sin recuperarse hemos visto que una de cada cinco viviendas vendidas en 2013 fue a extranjeros.
-Principalmente ingleses y en la zona de Alicante. Aunque también se ha apreciado una demanda por parte del turismo procedente de los países nórdicos. Se acercan a nuestras costas tanto por la climatología como por la seguridad jurídica que ofrecemos.

-Hace unos años esta cuestión generaba demandas sobre todo entre los compradores británicos.
-Hubo más mito que realidad. Los que principalmente "estafaban" eran los propios extranjeros quienes compraban y revendían a sus conciudadanos viviendas sin registrarlas en el Registro de la Propiedad. No se aseguraron que lo que compraban coincidía con lo que firmaban. Al ir a declarar obras nuevas, por ejemplo, se encontraban con que habían construido en terreno protegido. El que compra debe asegurarse de lo que compra.

-¿La burbuja actuó como imán de tropelías?
-Más bien diría que disminuyó la calidad de la edificación y por el contrario aumentó el precio de venta desorbitadamente. Rebajó enormemente los estándares de construcción. El rebrote de los compradores extranjeros surge precisamente al pincharse la burbuja. Los precios actuales son muy competitivos. La estabilidad económica que empieza a atravesar el país atrae a muchos inversores, entre ellos bastantes rusos. Pero veremos qué pasa con estos compradores sobre todo en Alicante donde es la segunda nacionalidad que más invierte.

-¿Con tantos inversores extranjeros los promotores valencianos lo siguen teniendo crudo?
-En cierto modo sí. Los inversores compran todo lo que los bancos ponen en el mercado y los promotores tienen serias dificultades para que sus compradores, por ejemplo, obtengan financiación bancaria. Sufren una competencia desigual con los bancos, quienes están reventando las ventas. Esto, está ocasionando paralelamente un aumento de venta de viviendas usadas por los particulares que necesitan vender.

-¿Es cierto que la promesa de obtener permiso de residencia al comprar un inmueble de más de 500.000 euros influye en la decisión de compra por parte de inversores?
-En este sentido destacaría dos cosas. Por un lado la mayoría de los países europeos también lo practica como medida para atraer inversores. No nos podemos quedar atrás. Evita una medida engorrosa, como es que los extranjeros extracomunitarios (rusos) tengan que pedir visado cada vez que vienen a España. Finalmente que no se trata de un inmueble de más 500.000 euros, sino que la total inversión suponga esa cifra, ej: dos pisos.

-Respecto al leve incremento del precio de la vivienda, ¿podemos hablar de recuperación?
-En la Comunidad Valenciana no hay todavía repunte de precios, si acaso en alguna zona de Alicante, principalmente en la costa. Pero sí creo que hemos tocado fondo y no viviremos descensos significativos.

-La OCDE recomienda eliminar la deducción por compra de la vivienda e incrementar el IBI y el IVA ¿cree que este tipo de medidas estimularán la economía y generarán más empleo?
-La vivienda ya tiene una fiscalidad excesiva. Se paga la vivienda en el impuesto sobre la renta, el impuesto de patrimonio en el IRPF tras la venta, el IBI, el impuesto de transmisiones al comprarla, pagas cuando te mueres. Gravar más desanimará tanto la construcción como la venta. Supondría matar la capacidad productiva. No podemos pasar de un modelo de estructura económica basado en la vivienda a dejar desarbolada cualquier actividad económica centrada en la construcción. La vivienda está hiper gravada. Nos suben el IBI y nos quedamos blancos. Impediría además el acceso a los jóvenes a su primera vivienda.

-¿Cree que se han hecho suficientes esfuerzos para evitar el drama de los desahucios?
-Se han dado pasos para intentar equilibrar la vida económica con la personal y disminuir el dolor que supone el desahucio en personas que no estaban especulando, sino simplemente ejerciendo su derecho a la vivienda. Lo que no está tan claro es si han sido suficientes.

-¿En qué situación estamos ahora?
-El problema ya no es ni la cantidad, ni el precio de la vivienda, porque la podemos encontrar a cualquier precio, sino el paro. Mucha gente no puede invertir en comprarse un coche, un aparato de aire acondicionado o rehabilitar su casa. Sin estabilidad laboral ni perspectivas, la compra venta de viviendas por parte de los españoles seguirá disminuyendo.

-¿Por qué la respuesta de los bancos en materia de desahucios con la dación en pago ha requerido tanta violencia y dramas personales para aplicarse? Tengo entendido que es una figura que existe desde 1946 en la Ley Hipotecaria.
-Sí, es una vieja fórmula que permite saldar la deuda con la entrega al banco de la vivienda, el problema reside cuando el valor de la vivienda no cubre la deuda. Todo depende de lo que se deba. No es lo mismo una hipoteca de la que solo se ha pagado una cuota, que aquella que lleva varios años pagándose. Ha habido casos en los que la persona no pagó ni una cuota. Ante lo que cabría preguntarse ¿por qué el banco concedió ese crédito? También se han dado muchos préstamos por encima del valor de tasación por lo que ahora el valor de la hipoteca no cubre la deuda. El problema de la dación en pago es ese. Si no coincide la hipoteca con el valor de vivienda, queda una deuda pendiente. Si la dación en pago no cancela la deuda, no sirve. Hay muchas actuaciones por parte de los bancos que no se entienden. ¿Por qué a las grandes empresas les renegocian la deuda, e incluso les aprueban quitas y a mí como ciudadano no? Ahora, es difícil ver cómo se puede articular un sistema que garantice al ciudadano responsable tener su vivienda aunque no tenga unos ingresos elevados.

-El PP ha presentado una enmienda para facilitar el acceso a las exenciones de IRPF y las plusvalías municipales a los ciudadanos afectados por la dación en pago, ¿llega con un poco de retraso esta medida?
-Pero llega y con carácter retroactivo desde 2010. El problema hasta ahora cuando perdías tu piso, por dación en pago o ejecución hipotecaria, era que al año siguiente en el IRPF el Estado te cobraba el incremento patrimonial que se suponía esa venta te había generado. Además te cobraban el impuesto de plusvalía. Me consta que muchos ayuntamientos en esos casos no lo cobran.