Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA. El escenario político valenciano de los últimos años se encuentra decorado, cuando no saturado, por los casos de corrupción. Una agenda, la judicial, que cada vez más a menudo encadena al Gobierno valenciano. Esta misma semana han coincidido varios ejemplos de este protagonismo de los tribunales, como la fecha del juicio a Carlos Fabra, el conocimiento de una nueva investigación sobre el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, el terremoto en Les Corts por el caso Blasco y las incógnitas por resolver en la situación de otros diputados procesados que se encuentran pendientes de la apertura del juicio oral.

Sin embargo, la noticia sobre asuntos judiciales de la semana ha sido la denuncia contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por prevaricación en la contratación de dos asesores cuando era alcalde de Castellón. Por esta misma causa, también se ha denunciado a su sucesor en el cargo, Alfonso Bataller.

La entidad denunciante es la Asociación contra la Corrupción en la Comunitat Valenciana, un ente presidido por el empresario Enrique Soriano Tapia y que ha suscitado no pocas dudas en el Consell y el PPCV. El propio vicepresidente del Ejecutivo, José Císcar, cuestionaba este viernes la transparencia de la citada asociación y el 'oportunismo' de sus denuncias en medio de la cruzada contra la corrupción emprendida por el presidente Alberto Fabra.

"No creo en las casualidades", sentenció cuando los periodistas le preguntaron por las sospechas de que estas acciones provinieran del llamado "fuego amigo" (dirigentes populares en desacuerdo con la línea roja sobre corrupción trazada por el jefe del Consell).

Pero, al margen de la opacidad -al menos hasta ahora- de la Asociación contra la Corrupción, los hechos denunciados son dardos directos al corazón de los partidos. Más allá de los casos de simple 'enchufismo' existentes en las diferentes instituciones (miembros del partido que son premiados por su labor orgánica o por su relación personal con un puesto de trabajo dentro de algún ente público), esta vez la denuncia presenta a dos empleados contratados por el consistorio pero que luego realizan sus funciones en el PP local.

ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

Esta confusión entre lo público y privado es demasiado habitual no ya en la Comunitat Valenciana, sino en toda España. Las estructuras de los partidos necesitan ser alimentadas y los recursos, ahora más que nunca, son escasos, como prueban los despidos en el PPCV y PSPV. Así, aunque esta modo de funcionamiento lleva ejerciéndose desde hace años, la liberación de trabajadores para el partido mediante sueldos de entes públicos se ha convertido en un recurso fundamental para el mantenimiento de las estructuras de las formaciones.

Así, es una práctica común en los partidos disponer de trabajadores en su sede o en otros cometidos relacionados con cuestiones orgánicas que se encuentran contratados por instituciones públicas. Generalitat, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas o fundaciones... todo tipo de entes que cuentan o han contado con personas en nómina que realizan su trabajo alejados de las sedes de las que cobran. Un mal endémico, fruto de la incapacidad de los propios partidos políticos de lograr un acuerdo sobre cómo reformar o adecuar las reglas del juego de su propia financiación.

Una prueba de lo sensible del asunto ha sido la reacción de los grupos de la oposición. PSPV, Compromís y Esquerra Unida han atacado con fiereza a toda cuestión judicial que oliera a PP o Consell. Sin embargo, estas formaciones no dedicaron ni un ‘tuit' a poner el foco sobre la denuncia contra el presidente de la Generalitat en este caso.

NOSOTROS TAMBIÉN

Una situación que sorprende precisamente por la enérgica actuación que ha tenido Fabra sobre los miembros del Consell que han sido imputados, forzando su dimisión inmediata. Según su propia línea roja, si el caso avanzara y resultara imputado debería abandonar el cargo. Que la oposición no se haya hecho eco en esta ocasión evidencia que el resto de partidos no pueden señalar una práctica que saben común también entre sus filas.

Al margen de cómo concluya la denuncia interpuesta contra Fabra y Bataller, carente de fundamento y recorrido para el Consell, de ella se desprende un conflicto entre intereses públicos y privados que hasta ahora se ha considerado -por la prensa también- un ‘pecadillo' sin importancia. La cuestión es si, tal y cómo están las cosas, es el momento de abrir este melón cuando en Madrid tampoco se han tomado en serio una reforma de verdad sobre la financiación de los partidos políticos y la transparencia de la misma.

De hecho, esta es otra de las consecuencias del mal resuelto sistema, que queda en un lejano segundo plano con circunstancias como la del caso Bárcenas, un extesorero que acumulaba millones de euros en Suiza presuntamente amasados desde su cargo en el PP.