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VALENCIA. El 'overbooking' judicial era previsible. Durante los últimos meses, las investigaciones sobre corrupción y el creciente número de imputaciones han sobrevolado la agenda política valenciana. Los cinco casos 'estrella' son bien conocidos: Gürtel, Nóos, Emarsa, Brugal y Cooperación, todos con su idiosincrasia y sus exaltos cargos del PP o del Consell imputados o procesados.

Pese a la relevancia de estos procesos, el Gobierno valenciano capitaneado por Alberto Fabra ha tratado de sobrellevar este lastre imponiendo su doctrina de tolerancia cero contra la corrupción. No obstante, en las últimas semanas, la potencia de fuego informativa de las cuestiones judiciales y sus protagonistas se ha llevado por delante la agenda del Consell y la propia acción de gobierno.

Toda la atención mediática, incluso un alto porcentaje de las preguntas que se realizan los viernes al portavoz del Consell, José Císcar, se ha dirigido hacia los casos de corrupción, con Rafael Blasco, procesado por el caso de Cooperación, como figura destacada.

La Formación Profesional Dual, el acuerdo con los rectores sobre las titulaciones universitarias o el nuevo plan de residuos han sido acuerdos importantes del Consell en las últimas semanas que han quedado oscurecidos por casos como el de Blasco. Este mismo jueves, la sesión de control parlamentaria estuvo marcada precisamente por el debate en torno al exconseller y el resto de imputados del PP en Les Corts.

'REPINTAR' LA LÍNEA ROJA 

Desde el Palau de la Generalitat están decididos a terminar con esta situación. Por el momento, Fabra ha 'repintado' su línea roja anticorrupción para evitar nuevos conflictos que mermen o menoscaben su acción de gobierno. Así pues, la próxima decisión judicial que se avecina, la posible apertura de juicio oral por el caso Fitur (rama de Gürtel) a las diputados Vicente Rambla, Milagrosa Martínez y Angelica Such no implicará ningún cambio. Estos parlamentarios no serán expulsados del grupo popular como sí ha ocurrido con Blasco.

De esta manera, la línea roja será la imputación en cuanto a cargos que dependen del presidente, de confianza, ya sean en el Consell, PP o en puestos de dirección del grupo parlamentario. En cuanto a actas personales, como los diputados, se esperará a que exista una condena.

En este sentido, fuentes de Presidencia subrayan que el caso de Cooperación ha sido una excepción en tanto que la Abogacía de la Generalitat, personada en el caso a instancia de Fabra, ha solicitado 11 años de prisión para el exconseller Blasco. Ahora bien, pese a esta situación, la justificación para sacar al diputado del grupo se basó en sus declaraciones televisivas consideradas como un ataque al PP.

En este punto. cabe recordar que el Consell desoyó a la Abogacía de la Generalitat cuando le recomendó personarse por la vía penal al caso Nóos, prefiriendo el Ejecutivo limitarse al apartado civil del mismo. Una opción que se ha interpretado con la intención de evitar en un momento determinado tener que solicitar penas para exaltos cargos del Gobierno implicados o, incluso en el futuro, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps que podrían ser imputados próximamente.

LA ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN: UN ACTOR INESPERADO

Si la agenda del Consell ya había quedado casi enterrada estos días por las citadas cuestiones judiciales, un actor inesperado ha irrumpido para echar más leña al fuego a la actualidad política valenciana.

La Asociación contra la Corrupción, presidida por Enrique Soriano Tapia, presentó este jueves una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Alberto Fabra por presunta prevaricación en la contratación de dos asesores en su etapa de alcalde de Castellón. En esta misma causa, la citada asociación denuncia al actual responsable municipal, también del PP, Alfonso Bataller.

En una rueda de prensa celebrada en Madrid junto a Manos Limpias, con la que ha firmado un convenio de colaboración, la Asociación contra la Corrupción anunció además una segunda denuncia -ya presentó una la semana pasada- contra Serafín Castellano, secretario general del PPCV y conseller de Gobernación y Justicia, también relacionada con la contratación de personal.

El orígen de esta asociación, más allá de definirse como "un grupo de personas de Valencia, Barcelona, Madrid y Sevilla" con voluntad de "contribuir a la renovación que necesita la clase política española", es una incógnita, ya que al margen de su presidente todavía no se ha dado a conocer ningún miembro más de la cúpula de la misma y el historial de Enrique Soriano solo apunta a empresas con aparente escasa actividad.

En este sentido, las acciones emprendidas hasta ahora solo afectan a cargos del PP. De hecho, para diversas fuentes populares, "chirría" que la denuncia sobre el presidente de la Generalitat se haya presentado a la Fiscalía Anticorrupción y esté dirigida a una cuestión tan interna de funcionamiento como dos puestos de auxiliares del Ayuntamiento de Castellón que, en lugar de estar trabajando en el consistorio, lo estarían haciendo para el PP local.

"De ser así, aunque incorrecta, es una práctica bastante común en los partidos políticos que no tiene nada que ver con la corrupción", comentó a este diario un dirigente del PPCV, que mencionó el caso del cargo socialista Miguel Soler, quien ha sido noticia por cobrar de Les Corts pero desempeñar su trabajo en el PSPV.

Curiosamente, según apuntó un cargo del PP a este diario, ninguna de las formaciones con representación en Les Corts se hizo eco en las redes sociales de la denuncia contra el presidente de la Generalitat por este asunto, lo que a su juicio evidencia que es una práctica extendida a todos los partidos.

Así, las diferentes opiniones de dirigentes populares apuntan a que esta denuncia "viene de dentro", al referirse a una cuestión de funcionamiento interno que pocas personas ajenas a la política conocen. Por otro lado, la denuncia contra Fabra causó sorpresa y estupor en Presidencia de la Generalitat, desde donde consideran que es "la consecuencia de la política de tolerancia cero que lidera Alberto Fabra".

A todo ello hay que sumar el problema derivado del caso Bárcenas, para el que se decretó prisión este mismo jueves. La rama principal del caso Gürtel está generando graves problemas al PP nacional, una situación que erosiona la marca y que puede afectar considerablemente a las estructuras regionales. El propio PSOE sufrió un proceso similar con la crisis económica durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que arrastró a las federaciones regionales a una fuerte pérdida de votos en las pasadas elecciones autonómicas. 

Estos son algunos ejemplos de las cuestiones que ocupan el día a día en el Gobierno valenciano. Un escenario sin duda complicado para un ejecutivo que debe sacar de la crisis a la Comunitat y resolver el problema de los impagos o de los más de 700.000 parados según la Encuesta de Población Activa (EPA) en la autonomía. 

GUÍA RÁPIDA DE LOS CINCO CASOS 'ESTRELLA' QUE ACOSAN AL PPCV

-Gürtel. El caso por antonomasia. El que inició el calvario del PP en España con importantes vinculaciones en Valencia, propiciando la dimisión de Francisco Camps por la causa de los trajes, de la que fue finalmente absuelto. Así, ramas como la de Fitur o la presunta financiación irregular del PPCV han salpicado a decenas de excargos de partido y Consell. Todo ello unido al imputado ‘estrella' en Madrid, el extesorero del PP Luis Bárcenas.

-Nóos. Nacido en Baleares, pero con fuertes lazos en Valencia. Aunque económicamente no es de gran profundidad, la implicación de Iñaki Urdangarin y la posible imputación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y del expresidente Francisco Camps, han otorgado al caso un rango político más que notable en la Comunitat.

-Cooperación. El asunto socialmente más delicado, debido al presunto desvío de fondos destinados a ayudas al tercer mundo hacia intereses inmobiliarios. El procesado más relevante es el exconseller y diputado Rafael Blasco, para el que la propia Abogacía de la Generalitat ha solicitado 11 años de prisión. El parlamentario defiende su inocencia.

-Emarsa. Aunque con menos nombre que otros, el presunto saqueo en la empresa de aguas residuales que gestionaba la depuradora de Pinedo es uno de los que más dinero ha movido. Se intuye una fuga de unos 25 millones de euros, aunque la instrucción todavía no se ha cerrado todavía. Además, esta trama se ha regado con presuntos regalos y dadivas a cargos del PP o hechos tan chocantes como el de las supuestas traductoras rumanas -que ofrecían otro tipo de servicios- a cuenta del ente público.

-Brugal. Un caso de presunta corrupción más clásico. La investigación se centra en presuntos delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos para la gestión de residuos. La pieza separada del PGOU alicantino tiene como imputada más relevante a la diputada y actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.